Por Serafín Mondragón Juárez.
Carlos Espá, fue empleado de la embajada de Estados Unidos por más de 15 años, hoy es el ministro de Relaciones Exteriores del Perú.
La abstención del Perú en la Asamblea General de la ONU del pasado 28 de octubre de 2026 —respecto a la resolución que exige poner fin al embargo de Estados Unidos a Cuba— ha generado un amplio rechazo nacional. Este viraje diplomático rompe con una postura tradicional de más de tres décadas en la que el país solía votar a favor del levantamiento de las sanciones.
Perú cambió su posición en la Asamblea General de la ONU y se abstuvo de respaldar la resolución que exige poner fin al embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba. La decisión marca un giro respecto a 2024 y 2025, y a una posición tradicional, cuando el país votó a favor de levantar las sanciones. La resolución que rechaza el embargo fue finalmente aprobada con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones. Para el analista Julio Schiappa, permitir el bloqueo es agudizar el hambre y la miseria del pueblo cubano.
El representante peruano ante la ONU, Carlos Pareja, justificó la abstención por la preocupación del Gobierno frente a la situación de los derechos humanos y las libertades individuales en Cuba. Sin embargo, sostuvo que esas vulneraciones no justifican el bloqueo unilateral estadounidense. Farid Kahhat, internacionalista consultado por La República, consideró que el cambio refleja un acercamiento de la política exterior peruana a los intereses de Washington. Sectores políticos, gremiales y de la academia han interpretado este cambio dentro de un sometimiento total a los intereses geopolíticos con la administración de Estados Unidos.
La votación también mostró un reacomodo regional: Colombia, Argentina, Ecuador, Paraguay y Costa Rica votaron en contra de la resolución, mientras Chile, Honduras y Perú se abstuvieron. Así, no solo el cambio de postura de Lima abre interrogantes sobre el nefasto rumbo de la Cancillería, sino también el alineamiento de gobiernos de ultraderecha de Latinoamérica con la derrotada administración de Donald Trump.