Perú: crisis, dictadura y despertar constituyente
Raíces de la “República colonial”
Por Lucía Alvites
Miles de peruanos y peruanas del sur arriban desde hace meses a Lima para hacer oír su voz, para sentenciar que existen, para que el país que dice que es suyo les vea, a pesar de la continuidad ininterrumpida de los asesinatos extrajudiciales, las detenciones ilegales, las torturas y otras múltiples violaciones a sus derechos humanos. ¿Pero por qué estos miles y miles dejan atrás sus tierras, sus hogares, sus familias, tratados como criminales por una policía que intenta evitar a toda costa que lleguen a la ciudad
capital, a esa ciudad en donde se emplaza el Estado y toda su institucionalidad, allí “donde ocurren las cosas”, a donde se toman las decisiones de las que sistemáticamente resultan excluidos?
Quizás sea este largo peregrinar el que mejor exprese las profundas raíces históricas de la peor
crisis que haya atravesado el Perú contemporáneo. Porque primero que nada debemos entender por qué es necesario llegar a Lima para ser escuchado, por qué es que en Lima puedes dejar de ser “nadie”, por qué la vida vale tanto más en la ciudad capital que en el resto de los territorios del Perú. Y es que la herencia del Virreinato y la Colonia es mucho más que un mal recuerdo
o una rémora ancestral, dado que sus modalidades de opresión –el sistema de castas y la noción de raza que le hace de hilo conductor– aún definen en buena medida quién es quién en el Perú. El racismo explica aún hoy la desigual distribución de recursos y oportunidades, así como
la asignación de los espacios de poder en donde se toman las grandes decisiones nacionales.
La fórmula dominante del Estadonación, concebida en Europa y cimentada allí con los recursos despojados de las colonias –incluidos nuestros territorios– no implicó en el Perú procesos de democratización y universalización de derechos; no constituyó pisos mínimos de
ciudadanía e igualdad –siquiera formal– a quienes nacimos en este país. Con breves pero destacables excepciones, el poder económico y político fue ejercido, a lo largo de estos 200 años de vida colonial-republicana, por una élite blanca y urbana que construyó un Estado a
imagen y semejanza de sí misma y de sus propios intereses, excluyendo y negando a las amplias mayorías indígenas y campesinas.
En la carrera febril por construir un Estado sin nación, una patria sin gente, el Estado peruano estimuló y legalizó relaciones laborales pre-capitalistas en las zonas rurales hasta la segunda mitad del siglo XX, con mayorías indígenas carentes de todo derecho, cuyas vidas y destinos
pertenecían a la clase propietaria, dueña de las haciendas. Estas relaciones laborales hegemónicas en el campo fueron quebradas con la reforma agraria de finales de la dećada del campesino robusto y luego por la decisión política del gobierno del General Juan Velasco Alvarado, que redistribuyó la tierra, tirando abajo el latifundio.
Sin embargo, el trato clasista y racista hacia las poblaciones excluidas persistió en el Perú oficial. Sobrevivió en los trabajos “asignados” a la población migrante que llegaba de la Sierra a las ciudades, como sucedió con las trabajadoras domésticas “cama adentro”, menores de edad, que laboraban todos y cada uno de los días de la semana por un salario insuficiente
y precario. Sobrevivió en el trato hacia la economía popular, que surgió de un masivo autoempleo de la población migrante que buscaba mayores oportunidades para ellos y las siguientes generaciones, pero que para el Perú oficial sería solamente una “economía informal” que disciplinar. Sobrevivió en la exclusión permanente de las mayorías indígenas de los espacios estatales de toma de decisión.
Recordemos, por ejemplo, que el Perú tuvo que esperar hasta entrado el siglo XXI para que una mujer quechua se juramentara, en su lengua, como congresista de la República en el año 2011. Y que debió hacerlo bajo el hostigamiento retrógrado de una élite blanca que intentó impedirlo a toda costa, a la vista de todo el país.
Aunque el Perú se transformó profundamente bajo los efectos de la reforma agraria y las olas migratorias de la región andina hacia las ciudades –ocupando la población indígena numerosos espacios y configurando lo que hoy es una Lima provinciana y emergente–,
el Estado siguió dando la espalda e invisibilizando a sus ciudadanos, mientras que el racismo siendo el eje ordenador de una desigual distribución de los recursos y
el poder.
Este trasfondo quedó en evidencia cuando Pedro Castillo, un profesor rural, parte de las Rondas Campesinas y dirigente sindical, ganó de manera sorpresiva las elecciones presidenciales del año 2021.
Algunas frases, tomadas al azar de entre aquellas que inundaban por entonces las redes sociales –en particular Twitter, la preferida de los usuarios limeños– resultan bastante significativas: “Hay que meter a un campo de concentración a toda la sierra”; “hay que matar a todos los que votaron por el burro”; “los serranos no deberían votar”. Así era recibido un representante del otro Perú a las puertas de la presidencia.
Estos mensajes de odio e incitación al genocidio, dejaban ya en claro que la élite peruana no toleraría el gobierno de Castillo ni el de sus simpatizantes y representados. Menos aún al ganar éste con un programa de hondas transformaciones, que enarbolaba como una de sus primeras y principales propuestas el cambio de la Constitución elaborada por la dictadura de Alberto Fujimori.
Pedro Castillo venía a representar aquel Perú serrano y rebelde, rasgos que potenciaron el desprecio de una élite blanca y urbana que finalmente logró torpedear la voluntad, consumar un golpe de Estado, deponer al presidente legítimamente electo y poner un gobierno dictatorial en alianza con las Fuerzas Armadas y lo más retardatario de la clase política, expresado
en el Congreso de la República. Por supuesto que no contaban con que esto alzaría a todo el sur del país, que vio conculcado sus derechos electorales.
La “democracia” fujimorista
Paradójicamente, quienes el 6 de junio de 2021 perdieron las elecciones ante Pedro Castillo (coaligados en la segunda vuelta tras la candidatura de Keiko Fujimori, hija del ex dictador), volvieron al Palacio de gobierno el día 7 de diciembre de 2022, apenas siete meses después.
Ese día, sectores de ultraderecha y el autodenominado “centro político”, consustanciado con los primeros en sus tentativas golpistas, votaron en el Parlamento la vacancia –es decir
la destitución– de Pedro Castillo, quien con su errático intento de disolver el impopular Congreso terminó de convencer a un sector de cierta izquierda “democrática” que, profundamente desorientada, se terminó plegando al golpe parlamentario.
Todo sucedió en menos de dos horas. Castillo anunciando el cierre del Congreso; el ex presidente siendo apresado por la policía que coordinaba su propia escolta; el Congreso
consumando el tan anhelado golpe y recibiendo a los altos mandos de las Fuerzas Armadas en los balcones del hemiciclo; y Dina Boluarte, la vicepresidenta que poco tiempo antes había asegurado que ella también se iría si vacaban al presidente, sonriendo y anunciando su permanencia hasta el 2026, ahora a la cabeza del ejecutivo. Aquel torbellino de sucesos inauguraría un nuevo capítulo de la crisis política que desalojó en cinco años a cinco
presidentes, siendo sólo dos de ellos elegidos por voto popular.
Esta crisis, que ha llevado a que las instituciones fundamentales de la democracia como el Parlamento lleguen al mínimo histórico de un 6 por ciento de aprobación –según una
encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) de marzo de 2023– emerge de las entrañas del modelo económico neoliberal y su sistema político. La implantación de este modelo en el Perú, protagonizada por Fujimori en la década del noventa, significó la aplicación local de los
puntos fundamentales del archiconocido «Consenso de Washington», como la privatización de empresas públicas estratégicas de la economía nacional, el aumento de los costes de la vida y la mercantilización de la salud y la educación, entre otros. A esto se suma la entrega de los recursos naturales –como los minerales–, la construcción de un Estado subsidiario del mercado y la total ausencia de derechos laborales.
Toda esta pesada arquitectura fue sintetizada en la Constitución de 1993, firmada de puño y letra por el mismísimo dictador.
Pero la implementación del modelo neoliberal significó también la producción de un sistema político moldeado para representar los intereses del poder económico, y de una argolla, instalada en el Estado, que funcionaba con una puerta giratoria interminable en la que algunas
personas turnaban sus periodos laborales entre los espacios de decisión en ministerios y las direcciones de las grandes corporaciones. Para esto fue preciso que la ley electoral y el sistema de partidos se cerraran cada vez más. Esto garantizó que quienes ejercían el poder político lo
siguieran haciendo, para facilitar los intereses de los que acumulaban la riqueza en el país.
Este modelo que Fujimori cimentó sobrevivió a su propia derrota. Si bien el Perú vivió una transición post-dictadura a inicios del siglo XXI, liderada por sectores ilustrados del centro y la centroizquierda –que prometían entonces limpiar las instituciones y fundar una democracia
real– el copamiento del Estado era ya tan profundo que lograba domesticar cualquier iniciativa que se desplazara del marco neoliberal, lo que terminó de volverlo obsoleto para la onsideración de las grandes mayorías. Resulta revelador que esta transición, que nunca incluyó ni se propuso incorporar a los sectores indígenas como sujetos protagonistas, se haya visto truncada. Sin
duda, este proceso de descomposición política se profundizó al llegar Castillo a la presidencia, dado que las élites neoliberales ya no tenían línea directa con el presidente y sus ministros para sancionar leyes o conseguir favores que siguieran patrimonializando al Estado.
El laberinto de esta crisis sin fin lleva el sello del fujimorismo, no sólo por la continuidad de los
aspectos políticos y económicos, ni tan siquiera por la permanencia del apellido Fujimori en el centro de la escena política, sino también por la persistencia del relato maestro que el fujimorismo capilarizó en la sociedad peruana: nos referimos al «terruqueo», categoría específica y absolutamente peruana –pilar de las estrategias dominantes– que
precisa ser explicada.
“Yo terruqueo, tú terruqueas, él terruquea…”
El Perú vivió una historia de terror que atravesó las últimas dos décadas del siglo XX, con el conflicto armado interno iniciado en 1980, cuando el autodenominado Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL) comenzó la lucha armada. Vale decir que este recorte temporal corresponde al realizado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR)
durante su vigencia entre el año 2001 y 2003. Pero tanto en este ámbito como fuera de él, numerosos académicos y políticos reconocen una violencia política pre-existente que se expresaba desde años atrás en la represión y violación de los derechos humanos de la población
peruana. No podemos olvidar que el gobierno militar de Francisco Morales Bermúdez (1975-1980) fue parte de las operaciones del Plan Cóndor en la región, y que resultó condenado por sus nexos con este plan sistemático y regional de exterminio desplegado en América
Latina, cuyos resultados inmediatos fueron innumerables crímenes de lesa humanidad.