El lote 192 ubicado en la selva norte (Andoas), antes se denominaba 1-AB desde los años setenta del siglo pasado y fue operado por la transnacional gringa Occidental Petroleum (OXY) hasta el año 2000 y fue transferido al consorcio Pluspetrol Norte como negocio privado, el mismo que operó dicho lote hasta agosto del 2015, fecha del vencimiento de su contrato; y por ley aprobada por el Congreso de la República fue transferido a la petrolera estatal PetroPerú, con la condición que tenga como socio mayoritario a una empresa privada con capacidad de hacer fuertes inversiones.

Se trata, sin lugar a dudas, del lote más importante del país, por tener más de 125 millones de barriles como reservas probadas, fuera de las reservas probables, posibles y los recursos por descubrir.

Lamentablemente desde el 2015 el lote denominado ahora 192 bajo la responsabilidad de PerúPetro fue operado por empresas de “medio pelo”, con la complacencia de la gerencia general y su directorio de este organismo estatal responsable de promover las inversiones en hidrocarburos y de supervisar los contratos, donde destacaba Daniel Hokama (hijo) retrasando en lo posible la transferencia contractual a favor de PetroPerú, como lo estipulaba la ley.

Tan es así que desde agosto del 2015 hasta el 2021, que mediante un curioso contrato de servicio temporal dicho lote fue operado por la canadiense Pacific Stratus Energy que luego adoptó el nombre de Frontera Energy, con resultados mediocres y con caída en libre en la producción de crudo.

El impacto ambiental

Por la falta de supervisión de PerúPetro dicho lote fue canibalizado por pobladores que desde tiempo atrás hacían demandas por la evidente contaminación ambiental de los ríos y cochas, pues recién en el 2010 por las protestas sociales la empresa argentina Pluspetrol Norte activó la reinyección de las aguas tóxicas en los pozos abandonados.

Hasta antes para obtener 4 barriles de crudo pesado de 18º grados de API —indicador que mide la gravedad del petróleo— se vertían 96 barriles de aguas tóxicas. Si la producción superaba los 15 mil barriles diarios se puede tener una idea de la magnitud de la contaminación ambiental que ninguna de las empresas privadas se considera responsable.

La transferencia a PetroPerú

En verdad, PerúPetro retrasó en lo posible la entrega del lote 192 a favor de PetroPerú a tal punto que recién en febrero del 2023 se concreta y se transfiere el contrato de licencia por 30 años a favor de PetroPerú con la obligación de buscar un socio privado que se haga responsable de las operaciones, realice las inversiones necesarias para volver operativo dicho lote.

En esa coyuntura, se debe tener presente la crítica situación económica financiera de PetroPerú por el endeudamiento externo asumido por la Modernización de la Refinería de Talara, y las consecuencias económicas del indebido cierre de la vieja refinería de Talara desde el 2020 hasta setiembre del 2023, donde la petrolera estatal tenía que importar combustibles a precios elevados producto de la guerra Rusia/Ucrania, y abastecer el mercado interno incluso asumiendo pérdidas.

El episodio Altamesa Energy

Por ello, llamó poderosamente la atención que en PetroPerú hacia junio del 2021 el directorio presidido por Eduardo Guevara Dodds durante el período abril del 2020 hasta el 15 de setiembre del 2021 mostrara interés en firmar un contrato con una empresa canadiense Altamesa Energy Perú, una empresa sin antecedentes reales de producción en el sector petrolero, conformado por ex funcionarios de la empresa Schlumberger y asesorados por el estudio jurídico García Sayán.

Los “ayayeros espadachines a sueldo” del sector escribían sobre las supuestas ventajas del contrato firmado entre PetroPerú y Altamesa Energy las mismas que fueron observadas en la “Junta de Accionistas” de la petrolera estatal en el 2021 con el nuevo gobierno del profesor Pedro Castillo; y se demandaba una opinión técnica y legal independiente sobre la conveniencia de un contrato que se consideraba lesivo a los intereses del país, a pesar que lo promovía la gerencia legal de PetroPerú y el beneplácito de PerúPetro.

En verdad, en los negocios internacionales no todo es color de rosa, pues fue el propio Bank de América Merrill Lynch con plata de PetroPerú, el que seleccionó a la canadiense Altamesa Energy, con una propuesta de inversión de US$ 250 millones para perforar en dos años 25 pozos de desarrollo por lo menos.

En realidad, esta empresa no tenía capacidad financiera y ni las inversiones para poner en funcionamiento el lote 192 que superaban las estimaciones preliminares.

Si bien en febrero del 2024 se aprobó el ingreso de la canadiense Altamesa Energy con una participación del 60 % y PetroPerú corría como socio minoritario, fue toda una sorpresa el abandono que hizo esta empresa de las operaciones del lote 192 en febrero del 2025 cargándole a PetroPerú sus obligaciones de más de US$ 60 millones de dólares, deudas con proveedores y trabajadores que fueron abandonados en plena selva.

Sin embargo, la historia negra de dicho lote prosigue con nuevos actores en un evidente conflicto de intereses que involucra a PerúPetro, PetroPerú y Proinversión con una designación a dedo cuando lo recomendable hubiese sido la convocatoria a una licitación internacional.

A dedo con Cheiron

Si bien PerúPetro está facultado para negociar directamente y otorgar un lote a un interesado, el criterio de competencia debía prevalecer si había más de una empresa interesada en participar y operar el lote 192 (Upland que fue descalificada interesadamente fuera de la argentina Pluspetrol, Cheiron, New Stratus entre otras) por ello en la opinión pública se generan suspicacias con la entrega del más importante lote del país a una empresa de capitales egipcios denominada Cheiron Petroleum Corporation, antes denominada PICO Cheiron Group, cuyos intereses en América Latina se concentran en México, donde desde el 2017 opera asociada a la petrolera estatal mexicana Pemex en los campos maduros de Cárdenas/Mora y Altamira.

En este juego de intereses existiría un lobby impulsado por uno de los recientemente nombrados consejeros presidenciales de la señora K, se supone que Jaime Yoshiyama ex ministro fujimorista factótum de la privatización fragmentada de PetroPerú en julio 1992, en coordinación con sus “amigotes” del Estudio Grau donde destaca Eduardo Guevara Dobbs ex presidente del directorio de PetroPerú, y por otro lado el Ing. Carlos Bianchi, expresidente de PerúPetro, que habría mantenido un vínculo laboral con Cheiron antes de su paso por la entidad estatal, dejando la mesa servida para la empresa egipcia.

Si se tiene presente que Cheiron Energy es representada en el Perú por Eduardo Guevara Dodds, el mismo personaje que fuera ex viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas y sobre todo ex presidente del Directorio de PetroPerú entre abril del 2020 y setiembre del 2021, el mismo que apostó indebidamente por la firma con la empresa fantasma Altamesa Energy que se retiró abruptamente del país como se ha mencionado.

Este hecho pone de manifiesto la tesis de las “puertas giratorias” de funcionarios públicos que surgen del sector privado y vuelven al sector empresarial como experimentados lobistas, como se repite en la historia del actual ministro de energía y minas Ing. Guillermo Shinno Huamaní.

Su mayor accionista

El mayor accionista de Cheiron Petroleum Corporation es el empresario e ingeniero egipcio Salah El-Deen Ahmed Tawfik Diab, más conocido como Salah Diab, una de las fortunas más importantes de la tierra de los faraones, con un rosario de acusaciones de corrupción. Socio fundador del periódico más importante Al Masry Al Youm, y un firme partidario de la dictadura de Mubarak.

Es más, con la caída del régimen se reveló que se había beneficiado de este régimen desde la década de 1990 comprando terrenos al gobierno para supuestos proyectos agrícolas y construyendo complejos turísticos con fines lucrativos.

Salah Diab en el país de los faraones es conocido principalmente por ser cofundador y director ejecutivo de Project and Investment Consulting Company (PICO), la primera empresa egipcia de servicios petroleros y es propietario de la franquicia de Halliburton una de las más importantes empresas norteamericanas de servicios petroleros; pero también opera en diversos mercados, desde la industria alimentaria hasta la inmobiliaria.

En Egipto, las empresas de PICO tienen el monopolio de la importación de semillas y también importan oro cuyos precios se siguen disparando.

El empresario Salah Diab ha sido arrestado varias veces por las autoridades egipcias por diversas acusaciones que van desde violaciones contractuales con el ministerio de agricultura de dicho país. En el 2015, Diab fue detenido brevemente por acusaciones de corrupción en varios casos financieros e incidentes relacionados con el despilfarro de fondos públicos.

En 2016, apareció comprometido en la filtración de los “Papeles de Panamá”, donde se reveló que utilizaba empresas offshore en acuerdos petroleros con el gobierno egipcio.

Es más, en el 2016 se informó de su implicación en 29 casos de escándalos alimentarios a través de las empresas La Poire y las tiendas de conveniencia On the Run, pertenecientes a Pico.

Se debe considerar que la familia Diab es una de las más ricas de Egipto, un país que produce en promedio 600 mil barriles de petróleo al día, Salah Diab es un aliado del estado sionista de Israel, y es titular de 43 franquicias de empresas estadounidenses siendo considerado uno de los principales socios comerciales de Israel en Egipto, al margen de representar a la transnacional Halliburton, que en nuestro país operaba con la vieja OXY.