Otra medida antipatriota de Keiko. Acordó con EEUU facilitar los llamados Data Center de los multimillonarios que consumen alto volumen de agua y energía. El encareciendo para la población esta probado. Ya empezaron en Lurin, pero van por mas según el acuerdo firmado con EEUU este setiembre.
El memorando que hipoteca el agua y la energía del Perú: la cara oculta de los centros de datos de IA
El 8 de septiembre de 2026, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, suscribieron un memorando de entendimiento (MOU) para impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial. El documento, presentado como una oportunidad para la modernización digital, contempla cinco campos de cooperación: regulación y gobernanza, infraestructura tecnológica (computación en la nube, centros de datos y redes 5G), ciberseguridad, formación y comercio. Sin embargo, lejos de ser un acuerdo neutro, el MOU sienta las bases para la expansión acelerada de centros de datos en el país, una infraestructura intensiva en recursos que ya muestra sus primeras víctimas: el agua y la energía de zonas vulnerables como Lurín.
Los centros de datos consumieron 415 TWh de electricidad en 2024 —cerca del 1,5 % del consumo mundial— y se proyecta que la cifra se acerque a los 945 TWh al 2030.
En agua, el mismo organismo calculó un consumo de 560 mil millones de litros durante 2023.
Un consumo que desborda la capacidad hídrica y energética del país
Los centros de datos son instalaciones que operan de manera continua y que demandan un elevado consumo de energía y de agua para el enfriamiento de sus equipos. A nivel global, la Agencia Internacional de Energía estima que estos centros consumieron 415 TWh de electricidad en 2024 —cerca del 1,5 % del consumo mundial— y proyecta que la cifra se acercará a los 945 TWh al 2030. En cuanto al agua, el mismo organismo calculó un consumo de 560 mil millones de litros durante 2023.
Trasladar estas cifras a la realidad peruana es alarmante. El 80 % de los centros de datos del país se concentra en Lima, una ciudad con estrés hídrico crónico donde el 57 % del agua azul disponible se agota de forma irrecuperable cada año. La costa peruana, donde se asienta la mayor parte de la población, concentra menos del 2 % del agua dulce disponible. El valle de Lurín se ha consolidado como el principal clúster de gran escala para la expansión de estos complejos. Un solo centro de datos de 20 MW, como el de Cirion en Lurín que planea duplicar su capacidad, puede requerir millones de litros de agua al año para refrigeración.
Lurín: el laboratorio de una expansión sin control
Lo que ocurre en Lurín no es un caso aislado, sino la muestra de un modelo de desarrollo que avanza sin regulación ni transparencia. El capítulo peruano del proyecto internacional Dirty Data, elaborado por el Environmental Reporting Collective, advierte que el crecimiento de esta industria ocurre en un escenario sin regulación específica ni lineamientos técnicos definidos por el Estado. No existe un registro diferenciado de empresas dedicadas exclusivamente a centros de datos; estas se agrupan en el rubro general de “procesamiento de datos, hospedaje y actividades conexas”, que incluye a más de 330 compañías y 3100 personas naturales, sin una clasificación que permita identificar con precisión a los operadores.
La falta de información pública es otro de los pilares de esta opacidad. En el caso de empresas como GTD Perú e Internexa Perú S.A., se constató la ausencia de datos públicos sobre el consumo de agua o energía requerido para mantener en funcionamiento instalaciones que operan de manera permanente. Las certificaciones ISO que reportan no comprenden evaluaciones sobre el impacto ambiental de sus actividades. La Autoridad Nacional del Agua no dispone de registros sobre permisos de uso hídrico otorgados a estas empresas, y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental indicó que esta actividad no se encuentra dentro de sus competencias. El Ministerio del Ambiente señaló que no cuenta con información sobre la elaboración de un eventual Plan Nacional de Data Centers.
Una entrega de recursos sin planificación ni compensación
El memorando con Estados Unidos no surge de un proceso de planificación nacional que evalúe la disponibilidad hídrica y energética del territorio. Por el contrario, responde a una lógica de alineamiento geopolítico y de facilitación de negocios para proveedores estadounidenses. El propio texto del MOU establece el objetivo de “establecer marcos normativos amigables para los negocios” y “promover la participación comercial entre proveedores de tecnología de IA de los Estados Unidos y socios de los sectores público y privado en Perú”. Como advierte el investigador Noam López Villanes, los centros de datos “son contaminantes y cada vez se busca trasladar esos costos externos o colaterales a países que tienen una regulación baja”.
“Se estaría pensando más con una visión geopolítica de alinear al Perú y generar una dependencia de centros de datos e infraestructura desarrollada por Estados Unidos y, a la vez, bloquear o vetar la infraestructura que podría ser desarrollada por China”.
El abogado Dilmar Villena, de Hiperderecho, va más allá y señala que en la lógica de “infraestructuras digitales seguras” del MOU “se estaría pensando más con una visión geopolítica de alinear al Perú y generar una dependencia de centros de datos e infraestructura desarrollada por Estados Unidos y, a la vez, bloquear o vetar la infraestructura que podría ser desarrollada por China”. No se trata, entonces, de un desarrollo endógeno que fortalezca las capacidades nacionales, sino de alimentar intereses internacionales a costa de recursos que el Perú no puede reponer.
El precedente internacional: cuando las tarifas suben y las comunidades se rebelan
La experiencia comparada demuestra que los centros de datos no solo consumen recursos, sino que transfieren sus costos a los usuarios locales. En Irlanda, los centros de datos pasaron de representar el 5 % del consumo eléctrico total en 2015 al 23 % en la actualidad, con el 97 % de la demanda concentrada en Dublín. En diversas partes del mundo, comunidades desde Estados Unidos hasta Europa, Brasil, Australia e India han comenzado a impugnar estos proyectos por el aumento de las facturas eléctricas y el daño ambiental. Un solo centro de datos grande puede consumir tanta electricidad como millones de hogares, superando lo que las redes eléctricas pueden manejar y empujando rápidamente al alza las facturas de electricidad para el público.
Los habitantes denuncian principalmente el aumento de los precios de la electricidad, el ruido de las instalaciones, la presión sobre los recursos hídricos y la transformación de los paisajes en zonas industriales. En Perú, este riesgo es particularmente grave porque la expansión de los centros de datos podría competir directamente con el abastecimiento de comunidades locales y actividades productivas como la agricultura. El país ya es un proveedor de recursos mineros para la revolución tecnológica global; ahora se le quiere convertir también en proveedor de agua y energía para centros de datos que procesan información para mercados externos, sin que exista una compensación real por el agotamiento de estos recursos.
Conclusión: un alto a la instalación de centros de datos en zonas vulnerables
El memorando con Estados Unidos no es un acuerdo de desarrollo, sino un instrumento para facilitar la instalación de infraestructura intensiva en recursos en territorios que no tienen la capacidad hídrica ni energética para sostenerla. Lurín es la primera evidencia de una expansión que avanza sin planificación, sin regulación y sin transparencia. El agua que enfría los servidores de las grandes tecnológicas es agua que no llega a las comunidades, y la energía que consumen estos centros presiona al alza tarifas que ya son difíciles de pagar para una población vulnerable.
El Perú no puede permitir que se repita el patrón de entrega de recursos sin capacidad de compensación que ya ha caracterizado a otros sectores extractivos. Es urgente detener la instalación de centros de datos en zonas con estrés hídrico, exigir estudios de impacto ambiental vinculantes, garantizar la transparencia en el consumo de agua y energía, y someter cualquier expansión a una planificación nacional que priorice el derecho humano al agua y la soberanía energética. De lo contrario, el costo de la inteligencia artificial de otros países se pagará con el agua y la electricidad de los peruanos.