CRECIMIENTO Y POBREZA. Parte 3 – Grupo Emancipador

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NEOLIBERALISMO EN EL PERÚ: CRECIMIENTO Y POBREZA. Parte 3

Crítica al crecimiento neoliberal y su mentada “reducción de la pobreza” [1]

Escribe: Lilia Romero, 29 julio 2024

¿Por qué ha fracasado el modelo económico neoliberal?

Ningún país implementó el neoliberalismo, tan profunda e ideológicamente, como se hizo en el Perú, a tal punto que un conocido académico norteamericano afirmó que aquí no se había aplicado el Consenso de Washington sino el Consenso de Lima. Baste decir que se remataron las empresas públicas dejando a una empresa estratégica como Petroperú sólo para refinar petróleo, quitándole los lotes petroleros, los grifos, los lubricantes Petrolube y las filiales Petromar, Transoceánica y Solgas, es decir, las actividades de mayor rentabilidad para la empresa, los cuales fueron vendidos a precio huevo. Nuestro vecino Chile, tuvo el tino de reservar su empresa estatal del cobre (CODELCO)[2] como Colombia lo hizo con Ecopetrol.

La premisa fundamental es que el actual modelo económico neoliberal fue diseñado y aplicado para favorecer a los grupos de poder locales y para extraer nuestros recursos naturales, tal cual se hacía en los años cincuenta del siglo pasado, es decir, sin ningún valor agregado y dándoles las mejores ventajas a las empresas transnacionales (contratos ley), dejando a un lado la transformación del país y la distribución justa de la riqueza.

No se continuó con el proceso de industrialización iniciado en los años sesenta, y con más fuerza en los 70 con Velasco. Antes bien, se lo quebró, cerrando miles de centros de producción, arrojando a la calle a millones de trabajadores que pasaron a engrosar la economía informal. La gran industria que ha florecido en esta etapa nefasta ha sido aquella ligada a los grandes oligopolios de los alimentos, los lácteos, las bebidas, laboratorios, pesca, etc. que han impedido el surgimiento de una industria mediana y pequeña capaz de competir en buena lid en el mercado y absorber la mano de obra local. ¿Quién va a competir con la Gloria, Nestlé o Laive en lácteos o en la producción de cerveza, que es casi un monopolio de la empresa lácteos o en la producción de cerveza, que es casi un monopolio de la empresa belga-brasileña AB Inbev (95% del mercado)?[3]

No existe una política que favorezca la diversificación productiva e industrialización del país. El 2014 se aprobó el Programa Nacional de Diversificación Productiva que vence este año sin pena ni gloria. Mientras tanto, sectores industriales como textiles, cuero y calzado, papel, plásticos, vidrio, maquinaria y equipos, trabajaron el 2023 a menos del 50% de su capacidad instalada, algunos como calzado sólo al 18%, maquinaria y equipo al 19%, vidrios al 21%.

¿De qué crecimiento hablan entonces los neoliberales? Obviamente del crecimiento de las empresas oligopólicas, de las agroexportadoras y de las mineras, empresas para las cuales se ha legislado favorablemente, desde el punto de vista tributario, ambiental y laboral. En el caso de las agroexportadoras, por ejemplo, gozar de la Ley Chlimper (Ley 27360) por 20 años, es decir, pagar la mitad del impuesto a la renta, pagar sólo 4% a la seguridad social y dar beneficios laborales recortados a los trabajadores.[4] Esta ley fue derogada el 2020 y ahora el gobierno pretende revivirla en el contexto de las facultades extraordinarias concedidas por el congreso a pedido de los gremios empresariales.

Las empresas mineras, además de los contratos ley y los convenios de estabilidad tributaria[5], gozan del derecho a la devolución del IGV, a la deducción de la depreciación de activos fijos, a la deducción de la regalía de la base del impuesto a la renta[6]. El año pasado 2023, se registró la cifra más alta en las exportaciones mineras en lo que va del siglo: 43.9 mil millones de dólares[7], sin embargo, el aporte de la minería en impuestos sólo significó el 2,9% del PBI mientras el año anterior fue de 4,2%. La SUNAT hasta ahora no da una explicación valedera al respecto que no sea el uso de las exoneraciones tributarias.

El actual congreso no aprobó la propuesta del gobierno de Castillo de hacer una reforma tributaria que incluía al sector minero, reforma totalmente justificada porque este sector que ha tenido en los últimos años ganancias extraordinarias por el alza del precio del cobre y oro, sólo aporta al erario nacional 34,6% como carga tributaria total siendo que en nuestro vecino Chile esta carga tributaria llega al 54,3% como se muestra en el siguiente gráfico.[8]

Carga tributaria de la minería

Fuente: Exposición de Motivos del PL583/2021-PE, p. 11.

Lo cierto es que el crecimiento que piden los neoliberales pasa por tenderle la mano a sus empresas protegidas para que paguen el mínimo de impuestos, o los evadan con prolongados beneficios tributarios, a tal punto que el año pasado registramos apenas 14,7% como porcentaje del PBI de presión tributaria, muchísimo menos al promedio de la América Latina (21,5%).[9]

¿Cuál es la salida a esta situación límite? El modelo en debate

Ya desde el 2020, la pandemia puso sobre el tapete el cuestionamiento al modelo económico en el que nos encontramos inmersos al ser el país con el mayor número de víctimas en América Latina, debido a la desastrosa situación del sector salud mientras las cifras macroeconómicas nos hacía el pupilo predilecto del FMI.[10] Ello explica, en gran medida, el triunfo de Castillo.

Como es de suponer, no hay un criterio único para remontar esta situación a la que hemos llegado después de 30 años de neoliberalismo en el país. A raíz de sus resultados nefastos para la gran mayoría de peruanos, la continuidad del modelo está en tela de juicio y es necesario contribuir en este debate.

Defensores del modelo económico actual

Actualmente, el principal “think tank” neoliberal es el Instituto Peruano de Economía (IPE) dirigido por Diego Macera. Otros voceros neoliberales son los exministros de economía como Castilla, Segura, Mendoza, el presidente del BCRP, Julio Velarde; y, entre las instituciones gremiales empresariales, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas – CONFIEP, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía – SNMPE, la Sociedad Nacional de Pesquería-SNP.

¿Qué plantean? Continuar con el mismo esquema económico que les ha dado tantos réditos: apostar por la economía agro minero exportadora para lo cual exigen al Estado la flexibilización total de las normas referidas a protección ambiental y laboral a fin de poner en funcionamiento todos aquellos proyectos mineros que fueron observados debido a conflictos con la población por razones ambientales. Ahora más que nunca tienen al congreso y ejecutivo totalmente de su lado y tienen el argumento preciso: la reactivación económica. Atrás quedaron las luchas de los pobladores de Cajamarca y Valle del Tambo que costaron vidas. Ahora la Southern se da el lujo de anunciar el inicio de Tía María con el beneplácito de El Comercio y y sus satélites, mientras la población se pronuncia en contra ya que la empresa no ha levantado las observaciones respecto al impacto ambiental. En el tema agroexportador están pidiendo el regreso a la Ley Chlimper.

Los neoliberales defienden el papel subsidiario del Estado en materia económica y plantean además la privatización de lo que queda de Petroperú, la privatización del agua, la privatización de CORPAC. Creen firmemente que sólo la empresa privada es capaz de dar servicios de calidad a los usuarios no importándoles la naturaleza social del servicio o el carácter estratégico de la actividad económica involucrada, eso lo obvian. A pesar de las evidencias en contra siguen creyendo en la política del ”chorreo” según la cual si la economía crece, algo va a caerle a los demás.

Buscando otras alternativas

Los académicos

En lo que se refiere a la reducción de la pobreza en el contexto actual de bajo crecimiento, el economista Javier Herrera plantea que el modelo de crecimiento primario exportador, no ha sido capaz de garantizar ni empleo de calidad ni ingresos suficientes y estables. Encarar la pobreza requiere otro tipo de crecimiento que privilegie las actividades productivas orientadas al mercado interno que son las que demandan mucha mano de obra con alto valor agregado, como la industria, la construcción y la agricultura; además indica que se debe incrementar el gasto social a fin de ampliar la demanda interna. Este gasto social debe estar sustentado en un incremento de la presión fiscal, es decir, una nueva política tributaria.[11]

Germán Alarco explica que ni siquiera creciendo 4% o 5% del PBI sería suficiente para reducir la pobreza con el actual modelo. Cree que es ilusorio insistir en un mayor crecimiento económico basado exclusivamente en la inversión privada requiriéndose ajustes en el modelo de crecimiento, mejorar y ampliar los programas sociales y realizar la reforma tributaria elevando 5 puntos porcentuales al PBI. Además, afirma que estos ajustes al modelo deben enfocarse en dar solución a la elevada desigualdad, en la transición ecológica y en la diversificación productiva.[12]

Analizando la relación productividad-empleo, Humberto Campodónico encuentra que la productividad es muy alta en los sectores minero, financiero y electricidad-agua, pero estos sectores sólo emplean al 2,4% de la población mientras que la manufactura, construcción y transporte, con una productividad media, emplean al 22,6% de la población; y, los restantes sectores menos productivos, agricultura, servicios y comercio, emplean al 75% de la población. Frente a esta realidad, plantea la necesidad de diseñar políticas de diversificación productiva, de nuevos motores de crecimiento enfatizando la calidad de los bienes producidos para el mercado interno y la exportación. Ello, sin excluir a la minería y demás sectores tradicionales.[13]

Respecto a la recesión económica, Pedro Francke sostiene que no se puede seguir con el modelo de exportar materias primas sin industrializar, con trabajadores sin derechos y bajos impuestos para las empresas transnacionales, antes bien se necesita más ingresos vía impuestos para la inversión pública en salud, educación e infraestructura, es decir, más inversión pública con reforma tributaria. Expone la necesidad de terminar con la subsidiariedad del Estado y da el ejemplo no sólo de China sino de EEUU, ambos países invirtiendo en la innovación tecnológica y la transición energética. Francke plantea una nueva relación entre Estado y empresas en la que los beneficios del cambio tecnológico se distribuyan equitativamente entre los sectores privado y público.[14]

Por su parte, Jorge Manco analizando la política minera sostiene que debe haber un gran acuerdo y diálogo nacional que suponga ganancias compartidas entre las empresas mineras, el Estado, las comunidades y las regiones involucradas. También sostiene que se debe negociar la industrialización doméstica de nuestros minerales para no seguir exportando sólo concentrados siendo necesario promover una industria con tecnología de última generación y un mayor valor agregado en los productos mineros. En relación a la política de hidrocarburos referida al gas de Camisea, sostiene que más que nacionalizar o expropiar los lotes en producción, se debe realizar una negociación estratégica de los contratos firmados con las empresas transnacionales a fin de promover una agresiva campaña de perforación exploratoria que garantice el aprovisionamiento futuro de este recurso.[15]

Eduardo Zegarra cree que el modelo económico actual tiene fallas de origen en el que diversos sectores, no sólo el formal e informal sino también el ilegal, extraen rentas sin generar desarrollo económico. Plantea la necesidad de repensar el modelo económico, cambiarlo, rescatando la estabilidad macroeconómica. Para ello, se debe formar una muy amplia coalición de gobierno (izquierda, centro y centro derecha) que haga cambios fundamentales en protección social, salud, educación y medio ambiente,[16]

Los gremios empresariales y sociales

La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) promovió la “Nueva ley de Industrias” [17], con el ambicioso objetivo de posicionar a la industria como eje central para el desarrollo del país. En las condiciones actuales era arar en el desierto, sólo se aprobó la Ley de incentivos al sector textil-confecciones, aún sin reglamento. Respecto al mega puerto de Chancay y la generación de Zonas Económicas Especiales (ZEE) en su ámbito, plantean que estas deben ser exoneradas del impuesto a la renta por un lapso de años y después ir subiendo progresivamente. El nuevo presidente de la SNI, analizando el desbarajuste existente en relación a la cadena logística (carreteras, tren de cercanías, cabotaje) y las diferentes iniciativas creadas alrededor del puerto (ZEE, parques industriales, zonas de vivienda) ha propuesto la creación de un Ministerio de Planificación e Infraestructura.[18] A propósito, el gobierno parece muy atento a lo que pide la SNI, ya que Boluarte anunció la creación del Ministerio de Infraestructura en su Mensaje de 28 de Julio.

Desde el lado de los trabajadores, la CGTP, además de la defensa de los derechos laborales, como parte central reivindicativa exige el incremento de la remuneración mínima vital (RMV) de S/ 1025 a S/1500, ajustando a la baja el costo de una canasta mínima para un promedio de familia de 3,4 miembros, siendo la línea de pobreza de S/ 446. Asimismo plantea el incremento de las pensiones de los jubilados al monto de la RMV. A propósito de la RMV, Boluarte ha anunciado su incremento para el último trimestre del año.

En el plano político, la CGTP plantea la renuncia de Dina Boluarte, adelanto inmediato de elecciones y la realización de un referéndum por una nueva constitución.[19]

Desde el sur, el Consejo de Autoridades Originarias de la región Puno sostiene que las mejoras de las condiciones socioeconómicas de los pueblos indígenas no son suficientes sino van acompañadas de sus propias aspiraciones y formas de vida que sean equitativas, teniendo en cuenta que no existen políticas económicas desde la perspectiva identitaria. De acuerdo a este planteamiento, es el principio del colectivismo y los valores identitarios lo que ha permitido a recientes generaciones de migrantes puneños superar las barreras sociales y empezar a consolidarse como un grupo empresarial, citando el ejemplo exitoso de Unicachi. Bajo este marco, plantean las zonas indígenas de producción, comercialización e industrialización económica libre de impuestos y aranceles gubernamentales. Plantean además, la instalación de una zona franca tecnológica autónoma y la creación de centros y grupos científicos y tecnológicos para la formación adecuada de sus integrantes.[20]

La salida que el país necesita

Como vemos, propuestas hay, de diferentes vertientes, puntuales o integrales, para cambiar el estado de cosas en la economía del país. La mayoría de los académicos revisados cuestionan parcialmente el modelo y plantean ajustes al mismo. La parte que les parece intocable en el modelo es el referido al manejo macroeconómico, trauma heredado del primer gobierno de García. A otros también les parece intocable la política monetaria, justamente otro de nuestros talones de Aquiles, ya que el BCRP depende totalmente de la política monetaria de la FED a través del dólar y de la tasa de interés referencial, quitándonos soberanía monetaria.

No hay una visión compartida respecto al papel del Estado, aparte de estar en contra de su subsidiariedad. Lo cierto es que el principal papel del Estado debe ser guardar nuestra soberanía en todos sus aspectos (territorio, recursos, moneda) y ordenar y planificar el bienestar de toda su población. La soberanía en el manejo de los recursos garantizará que la renta derivada de su explotación se distribuya equitativamente entre los diferentes participantes económicos. Además, el Estado debe participar activamente en el desarrollo de los sectores económicos identificados como estratégicos.

Por otro lado, vemos una coincidencia en la necesidad de dar un valor agregado a los productos exportados y la necesaria industrialización del país. La SNI, con un criterio pragmático ligado a sus intereses gremiales, tiene propuestas muy puntuales lo mismo que las comunidades originarias de Puno.

En otro plano, la mayoría de los economistas consultados obvian la relación país-continente-mundo y la lucha entre el mundo unipolar y multipolar. Para muchos de ellos es lo mismo EEUU, China o Rusia, los califican como “imperialistas” y lo que es peor, no entienden los procesos en Nicaragua, Bolivia, Venezuela o Cuba. Esto constituye una barrera para un necesario alineamiento continental y mundial, ya que todo proceso de cambio en un país genera inmediatamente la reacción del hegemón y las sanciones respectivas, como lo han hecho con 26 países en el mundo entero.

Para realizar estos y otros cambios necesarios, se necesita que los movimientos sociales y políticos que quieren estos cambios lleguen al poder con la fuerza suficiente para actuar desde el Estado. Con Castillo hemos aprendido que no es suficiente llegar al gobierno, se necesita además, llegar al Congreso y a todos los estamentos del Estado. Intenso, necesario y obligado trabajo.

[1] Ver:

Lilia Romero, Neoliberalismo en el Perú: crecimiento y pobreza. Parte 1. Lima: Grupo Emancipador, 12 de junio 2024.

Lilia Romero, Neoliberalismo en el Perú: crecimiento y pobreza. Parte 2. Lima: Grupo Emancipador, 26 de junio 2024.

[2] La Corporación Nacional del Cobre (Codelco), empresa del Estado de Chile de giro minero, comercial e industrial fue creada en 1976 y administra los yacimientos de la gran minería nacionalizados en 1971 por Salvador Allende.

[3] Ver: E. Salazar Vega, “Perú. Oligopolios: más de 50 grupos económicos están en la mira del Estado por concentración”. Resumen Latinoamericano, 25 de febrero de 2020.

[4] Ley derogada después de una tenaz lucha de los trabajadores y reemplazada por la Ley 31110 que señala una escala anual para que estas empresas puedan ir incrementando los impuestos y aportes a Essalud hasta igualarse con el resto de empresas del régimen general en el año 2025.

[5] Según el portal de la SNMPE son en total 25 contratos de estabilidad los firmados con las empresas mineras a cambio de que éstas paguen dos puntos más de impuesto a la renta. Los proyectos mineros con contratos de estabilidad vigente son: (1) Angloamerican – Quellaveco: 2019-2034; (2) Hudbay – Constancia: 2013-2028; (3) Cerro Verde: 2012-2027; (4) Antapaccay: 2011-2026; (5) Las Bambas: 2011-2026; y (6) Chinalco – Toromocho: 2009-2024. Ver también: Cancino, Naara y otros. “Reforma tributaria en el sector minero. Perú 2022”. Lima: Grupo Propuesta Ciudadana, junio 2022.

[6] Se le considera como un costo en el año fiscal correspondiente. El mismo tratamiento tiene el Impuesto Especial a la Minería.

[7] Fuente: BCRP, Nota Semanal N°8, 22 Feb. 2024, Tabla 75

[8] PL583/2021-PE, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica, 27 octubre 2021. El inciso a.2 de dicho proyecto de ley planteaba un conjunto de reformas a las leyes de Regalía Minera, Impuesto Especial a la Minería y Gravamen Especial a la Minería y también planteaba modificar los beneficios que ofrecen los contratos de garantías previstos en la Ley General de Minería.

[9] SUNAT, Memoria Institucional 2023, marzo 2024.

[10] Ver: Lilia Romero, “Un Balance Necesario”. Lima: Grupo Emancipador, 12 enero 2021.

[11] Ver:

Javier Herrera, “Pobreza y desigualdad económica en el Perú durante el boom de crecimiento: 2004-2014”, International Development Policy | Revue internationale de politique de développement [Online], 9 | 2017, Online since 04 April 2018, connection on 27 May 2024. URL: http://journals.openedition.org/poldev/2518; DOI: https://doi.org/10.4000/poldev.2518

Javier Herrera, “Informalidad y pobreza urbana, ¿por caminos contradictorios?”, Lima: La República, 19 mayo 2024.

[12] Entrevistas a Germán Alarco en La República el 19 diciembre del 2021 y el 26 de mayo del 2024.

[13] Humberto Campodónico, “Pobreza, emprendedurismo y estancamiento crónico”. Lima: La República, 10 mayo 2024

[14] Pedro Francke, “Tres opciones ante la recesión”. Lima: Hildebrandt en sus Trece, 20 octubre 2023.

Pedro Francke, “Pies de barro”. Lima: Hildebrandt en sus Trece, 27 octubre 2023

[15] Jorge Manco, “No dejemos pasar el tren de la historia. Por mayores inversiones mineras”. Lima: Diario Uno, 15 junio 2024.

Jorge Manco, “Urge renegociar contratos. El problema de las regalías de Camisea”. Lima: Diario Uno, 22 marzo 2024.

[16] Entrevista de Enrique Patriau a Eduardo Zegarra. Lima: La República, 25 mayo del 2024.

[17] Proyecto de ley N°5892/2023-CR.

[18] Entrevista de Enrique Chávez a Felipe James, presidente de la SNI. Lima: Caretas, 13 junio 2024, pp. 8-10. Las propuestas de James están además detalladas en su artículo aparecido en Gestión el día 25 de julio del 2024.

[19] Ver: CGTP, Comunicados del 10 y 12 de enero del 2023 y del 24 de julio del 2024.

[20] Baldo Luque. El Consenso de Wanchu Lima. La Ciudad de las Nieves. Puno: Consejo de Autoridades Originarias de pueblos y naciones aimara, quechua y uru de la región Puno, enero 2024.