BRUTALIDAD POLICIACA MADE IN THE USA

NdR. Valiente editorial de «La Jornada» de México que resume el sistemático proceder racista y criminal de la Policía norteamericana. Es solo un recuento del año último que se han repetido los años anteriores.

Recordemos que el FBI y el Cuerpo Policial de EEUU son los instructores exclusivos de la Policía Peruana, favoritos de todos los gobiernos a la fecha. Con el pretexto de la lucha antiterrorista y contra el terrorismo se ha ido intensificando la «ayuda» militar y policial y tambien a de justicia.

Con este historia de brutalidad Policial norteamericana ¿Que puede enseñar a la Policía Peruanas¿ Ya se imaginan: trasladan la experiencia brutal de represión a la protesta y como «contener» a las minorias y, ademas, como librarse de cualquier acusación criminal.

Un informe sobre la injerencia policial y militar en Peru pueden ver en a conferencia organizada por e Grupo Emancipador sobre e tema con nuestra invitada Tamara Latjman, Doctorada con una tesis dedicada a a injerencia militar policial de EEUU en Peru y Bolivia.

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BRUTALIDAD POLICIACA MADE IN THE USA (Versión en texto)

El pasado 9 de diciembre, 13 custodios y una enfermera participaron
en el asesinato a golpes de Robert L. Brooks, un afrodescendiente
preso en la instalación correccio nal de Marcy, Nueva York. En una grabación
difundida el fin de semana por la fiscalía neoyorquina, se observa cómo al menos tres
guardias propinan una brutal paliza a Brooks mientras éste se encuentra esposado a una
mesa ante la completa pasividad de sus compañeros, todos ellos blancos. Tras la divulga
ción del video se supo también que varios de los agresores tenían un escabroso historial de
agresiones en cárceles estatales, donde algunos internos terminaron hospitalizados, con
la nariz rota, conmoción cerebral y la necesidad de usar silla de ruedas.
Unos meses antes, en julio, Sonya Massey –también afro-estadunidense– llamó a la
policía pidiendo ayuda por un posible intruso en su casa. Al llegar, los agentes sostuvieron
una breve conversación con ella y después la mataron a tiros. Las imágenes de cámaras
corporales de los uniformados del estado de Illinois muestran claramente que Sonya estaba desarmada y en calma en el momento del brutal asesinato.
Estos dos casos representan sólo una pequeña muestra de la brutalidad policial
que plaga a Estados Unidos y que afecta de forma desproporcionada a las personas no
blancas, en particular a negros y latinos. En todo 2023, sólo hubo 20 días en los que fuer
zas del orden en Estados Unidos no mataron a nadie. En septiembre y noviembre de ese
año, no hubo un solo día en que no muriera una persona a manos de la policía. La regla
general es la impunidad: en 98 por ciento de las mil 183 muertes violentas provocadas por
la policía en 2022, no se presentaron cargos ni hubo consecuencias penales para los oficiales
involucrados.
Para los agentes policiacos es tan fácil asesinar impunemente, que lo hacen incluso
cuando saben que sus ataques quedarán videograbados. Así ocurrió cuando Ray Ten
sing detuvo a Samuel DuBose el 19 de julio de 2015 por conducir sin la placa delantera de su
vehículo: el uniformado disparó a sangre fría a DuBose, cuando seguía dentro de su carro,
con el cinturón de seguridad puesto y a todas luces desarmado. Pese a que todo ello fue
registrado, el jurado reunido en Cincinnati, Ohio, no logró el acuerdo para un veredicto y
el proceso se desechó. Tensing quedó libre sin ningún cargo.
Si semejantes violaciones a los derechos humanos se repiten sin cesar por todo el te
rritorio estadunidense es porque las fuerzas del orden cuentan con un blindaje legal e ins
titucional que los pone fuera del alcance de la justicia. Por principio de cuentas, la doctrina
de inmunidad cualificada aprobada por la Suprema Corte en 1967 impide demandar a
oficiales del gobierno cuando violan la ley si lo hacen “de buena fe”, un criterio tan subjetivo
que en los hechos constituye una patente de corso. Además, en la gran mayoría de las
jurisdicciones se permite a los departamentos de policía seleccionar cuáles casos que invo
lucran a sus miembros se deben investigar y cuáles no, por lo que las acusaciones de mala
conducta se descartan sin revisión. En las contadas ocasiones que se pone en marcha
la disciplina interna, investigadores e investigados son colegas y amigos, y se constata de
manera sistemática la prevalencia del espíritu de cuerpo sobre la observancia de la ley. Por
si este entramado de impunidad no fuera su ficiente, los protocolos de los departamentos
de policía permiten limpiar los expedientes de los agentes después de apenas 18 meses,
un dato esclarecedor acerca de cómo los asesinos de Robert Brooks seguían trabajando
en correccionales cuando se sabía que son agresores seriales.
Ha terminado un año más y está por culminar otro periodo presidencial en el autoproclamado “faro de la democracia” sin que sus autoridades muevan un dedo para garantizar
a los ciudadanos que no morirán por una infracción de tránsito, por solicitar la ayuda de
la policía, por cumplir una sentencia de cárcel o simplemente por el color de su piel. Éste es
sólo uno de los múltiples problemas que la superpotencia debería resolver antes de sentir
se investido de autoridad moral para decirle a otros países cómo manejar sus asuntos

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