La Ley 1720 que desato la lucha por destituir a Rodrigo Paz
Por qué los agricultores e indígenas bolivianos tienen toda la razón
El núcleo de la denuncia: una ley que destruye la vida comunitaria
La Ley N.º 1720 no era simplemente una norma técnica sobre créditos agrícolas. Era, en su esencia más profunda, un mecanismo diseñado para transformar la tierra, elemento sagrado y base de la vida comunitaria para los pueblos indígenas y campesinos de Bolivia en una mercancía susceptible de ser comprada, vendida e hipotecada .
Los agricultores e indígenas que marcharon durante 27 días desde Pando hasta La Paz comprendieron algo que los defensores de la ley fingieron no entender: cuando se abre la puerta a la «conversión voluntaria» de pequeñas propiedades en medianas, no se está protegiendo a los campesinos, sino creando las condiciones para que eventualmente pierdan sus tierras. Un pequeño productor que no puede pagar un crédito garantizado con su parcela no perderla: es presionado por la estructura económica que se le impone. La «voluntariedad» de la conversión era un eufemismo para disfrazar lo que realmente era: consentimiento bajo coacción estructural .
Los perjuicios concretos que la ley causaba
1. Destrucción de la unidad comunitaria
La tierra, en la cosmovisión andina y amazónica boliviana, no pertenece al individuo sino a la comunidad, a los ancestros y a las generaciones futuras. La Ley 1720 introducía la lógica del mercado en este ámbito sagrado, permitiendo que decisiones individuales pudieran fragmentar territorios comunitarios que llevan siglos existiendo como unidades colectivas. Un comunero aymara del altiplano lo expresó con claridad demoledora:
La ley negateaba siglos de sabiduría comunitaria en favor de una visión individualista y transactional de la propiedad.
2. Abertura a la hiperconcentración territorial
Detrás de la justificación de se escondía un propósito más oscuro: crear un mercado de tierras que permitiría a grandes empresas agroindustriales acumular extensiones cada vez mayores de territorio boliviano. La norma habilitaba la conversión de parcelas individuales que, eventualmente, podrían ser adquiridas por actores con mayor capacidad económica. El resultado sería una contra-reforma agraria silenciosa, sin las expropiaciones masivas del pasado, pero igualmente efectiva para devolver las tierras a pocas manos.
3. Amenaza directa a los bosques y la biodiversidad
Los territorios indígenas constituyen las áreas mejor conservadas de Bolivia. La ley, al habilitar la comercialización de tierras rurales, crearía incentivos perversos para la deforestación: propietarios en áreas de bosque podrían limpiar sus tierras para aumentar su valor comercial y facilitar su venta a empresas agroindustriales. El modelo de producción que la ley facilitaba —monocultivos de soja, extensiones ganaderas, palma aceitera, es incompatible con la preservación de los ecosistemas tropicales que caracterizan a la Amazonía boliviana.
4. Contradicción abierta con la Constitución del 2009
La Carta Magna boliviana, producto de las grandes luchas sociales de la primera década del siglo XXI, estableció el Suma Qamaña (Buen Vivir) como principio rector del ordenamiento social. Este concepto, de raíces ancestrales, propone una visión del desarrollo basada en la armonía con la naturaleza, la reciprocidad comunitaria y la satisfacción de necesidades colectivas. La Ley 1720 contradecía este horizonte constitucional al introducir la lógica del mercado, la competencia individual y la acumulación de capital en el ámbito de la tierra.
Desmontando las narrativas falsas
Mentira 1: «Los agricultores son rebeldes que no respetan la ley»
FALSO. Los pueblos indígenas y campesinos bolivianos no son rebelde a la ley: son defensores de la ley, específicamente de la Constitución Política del Estado que ellos mismos ESCRIBIERON Y aprobaron mediante referendum nacional en 2009. La Ley 1720 era precisamente la ley anticonstitucional, la norma que contradecía los artículos fundamentales de la Carta Magna que reconoce los derechos territoriales de las naciones y pueblos indígena-originario campesinos, establece la función social de la propiedad agraria, y protege el carácter imprescriptible, inembargable e inalienable de las tierras comunitarias.
Los agricultores no estaban contra toda ley: estaban contra una ley específica que violaba la Constitución que tanto les costó conseguir. Marcharon con los argumentos constitucionales bajo el brazo, no con piedras y violencia gratuitas como pretendieron presentar algunos medios.
Mentira 2: «La ley solo afectaba a pequeños propietarios individuales, no a comunidades»
FALSO. Aunque la ley establecía formalmente la protección de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), el mecanismo de «conversión voluntaria» de pequeñas propiedades creaba un precedente peligroso que, en la práctica, facilitaría la fragmentación de los territorios. Primero se habilita el mercado para las parcelas individuales; luego, la presión económica y las deudas harían el resto, fragmentando comunidades enteras que gradualmente perderían sus tierras a manos de compradores con mayor poder económico.
Además, la definición de «pequeña propiedad» es maleable: las autoridades del INRA, dependentes del ejecutivo, podrían reinterpretar los límites de lo que constituye una «pequeña propiedad» susceptible de conversión. Las comunidades tenían razones fundadas para desconfiar.
Mentira 3: «La ley beneficiaba a los pequeños productores facilitándoles créditos»
FALSO. Los pequeños productores bolivianos enfrentan barreras para acceder al crédito no por falta de una ley que habilite la hipoteca, sino por falta de políticas públicas que garanticen financiamiento accesible, tasas razonables y asistencia técnica. La «solución» de la Ley 1720, hipotecar la tierra para obtener créditos, condenaba a los productores a entrar en un sistema de endeudamiento donde el riesgo de perder la tierra era real y concreto.
Los bancos no iban a prestar a pequeños productores de subsistencia con tierras de bajo valor: iban a prestar a quienes pudieran ofrecer garantías suficientes, y luego ejecutar esas garantías cuando llegaran los incumplimientos. La ley no ayudaba a los pobres: protegía a los bancos y creaba un mercado de tierras para inversores con capital.
Mentira 4: «Las protestas eran infiltradas por intereses subalternos»
FALSO. Los participantes de la marcha de Pando eran exactamente quienes decían ser: indígenas y campesinos de las comunidades más alejadas de Bolivia, que lasciaron sus comunidades, sus familias y sus trabajos para recorrer 700 kilómetros durante 27 días pidiendo que se respetara su Constitución. Eran los mismos agricultores que durante siglos han sido marginalizedos del poder, y que en 2009 conmemaron la aprobación de una Constitución que reconocía sus derechos. Ahora veían cómo el mismo Estado que debía proteger esos derechos promulgaba una ley para destruirlos.
La marcha fue legítima desde su inicio hasta su conclucion, y los intereses subalternos estaban del otro lado de la mesa: en los despachos ministeriales donde se gestó la ley, y en las oficinas de las empresas agroindustriales que esperan comprar tierras a precios de liquidation.
La reacción lógica y sustentada de los agricultores
Los comuneros y agricultores que rechazaron la Ley 1720 no acted impulsivamente: actuaron con una lógica impecable basada en años de experiencia, conocimiento de su realidad, y comprensión profunda de lo que estaba en juego.
Comprendieron que la tierra es la base de su existencia. Para un campesino aymara o quechua del altiplano o los valles, la tierra no es un activo financiero: es el medio por el cual su familia come, su comunidad sobrevive, y sus ancestros continúan presentes en el territorio. Perder la tierra significa perder la vida tal como la conocen.
Comprendieron que el mercado no protege a los pequeños. La historia de los mercados de tierras en América Latina es una historia de concentración, despojo y desplazamiento. Desde las reformas neoliberales de los años noventa en adelante, cada vez que se «flexibilizaron» los mercados de tierras, los resultados fueron los mismos: grandes empresas acumularon territorios, comunidades perdieron sus medios de vida, y la pobreza rural se aprofundó.
Comprendieron que la Constitución estava en juego. La Carta Magna de 2009 fue producto de una década de movilización social que entregó derechos sin precedentes a los pueblos indígenas. La Ley 1720 representaba un intento de erosionar esos derechos desde adentro, usando el aparataje legal del propio Estado. Los agricultores percebieron que si no resistIan ahora, perderían protecciones constitucionales que habían costado sangue y sacrifice.
El concepto de «conversión voluntaria» suena razonable en abstracto: «si no quieres convertir tu tierra, no lo hagas». Pero los agricultores conocen la realidad del campo boliviano: la falta de alternativas económicas, la presión de las deudas, la necesidad de servicios básicos que solo se obtienen con dinero. En ese contexto, la «elección libre» de convertir la tierra es una ilusión: las familias campesinas serán eventualmente forzadas a elegir entre mantener sus tierras improductivas o convertirlas para acceder a créditos que nunca llegan o que terminan en deudas impagables.
Conclusión: Una lucha por la dignidad y la supervivencia
La batalla contra la Ley 1720 no era simplemente por una norma específica: era por el derecho a existir como comunidades, como pueblos, como forma de vida. Los indígenas y campesinos bolivianos percibieron, con la sabiduría que da la experiencia y la pertenencia territorial, que aquella ley era un paso hacia la destrucción de todo lo que habían construido durante siglos y todo lo que habían conseguido mediante sus luchas más recientes.
Marcharon porque no tenían otra opción. No eran rebeldes sin causa ni agitadores profesionales: eran agricultores que defendían su tierra, sus familias, sus comunidades y su Constitución. Lo hicieron pacíficamente, con dignidad, durante semanas, arriesgando sus trabajos, su salud y su seguridad personal.
Y ganaron. La ley fue eliminada, pero el autor mostro su rostro y no lo quieren mas.
Pero el mensaje de esta lucha trasciende Bolivia: cuando los pueblos defienden sus territorios, cuando las comunidades resistsen las políticas que los despojan, cuando los agricultores se organizan para proteger lo que es suyo, están haciendo algo más que reclamar derechos legales: están afirmando que hay formas de vida que valen más que la ganancia, que hay territorios que valen más que su preço de mercado, y que hay sueños colectivos que no pueden ser mercantilizados sin resistencia.
Bibliografía y fuentes consultadas:
Varios medios de comunicación bolivianos y portales de información alternativa.
Agencia Boliviana de Información (ABI). «Gobierno oficializa en la Gaceta la abrogación de la Ley 1720.»
ANRed. «La Ley 1720 que desató las protestas en Bolivia.»
CIPCA. «Pueblos indígenas y campesinos se declaran en emergencia nacional.»
Congrezoo. «Ley 1720 de Bolivia: qué decía la norma y por qué terminó siendo abrogada.»
El Diario. «El problema de la Ley 1720 no es procedimental, sino constitucional.»
Fundación Tierra. «Pronunciamiento público respecto a la Ley 1720» y «La abrogación de la Ley 1720 y las lecciones de un conflicto anunciado.»
Mongabay. «Bolivia: la ley de tierras del gobierno de Paz detona un nuevo conflicto.»
ODPIB. «Las reflexiones que deja la marcha campesina e indígena contra la Ley 1720.»