La presidenta Keiko Fujimori, ha solicitado facultades legislativas al Congreso de la República, en un plazo de cuatro meses para cambiar el estado de derecho vigente mediante Decretos Legislativos de larga duración. No se trata de una emergencia puntual para actuar de inmediato, sino de administrar el país prescindiendo del poder Legislativo durante su mandato ya que, la oposición crea problemas y así, gobernar con absolutismo tomando su cargo ambos poderes.

Una Amenaza Estructural y Silenciosa

Esta vez, al igual que el fenómeno climatológico de “La Niña” que ocasiona desastres naturales, se ha propuesto arrasar con las normas judiciales, derechos humanos, la precaria protección ciudadana y la democracia, yendo contra lo establecido por la Constitución vigente sin que el Colegio de Abogados y demás colegios profesionales digan nada, ni los partidos políticos populares se pronuecien al respecto.

Este pedido lo hace sin fundamento económico, que ni concuerda con su propio proyecto de presupuesto que ella misma ha remitido al Congreso para su aprobación. Tampoco considera las condiciones deteriorantes internacionales y nacionales que se esperan para los próximos meses y años. Más parece un documento de Inteligencia Artificial (IA), como se hizo su Plan de Gobierno. Son más de 60 aspectos nacionales que abarca su pedido, que no responden al sentir popular sino al dominio social. Tiene compromisos con los grupos de poder que financiaron su campaña electoral.

Represión, Despojos y Privilegios Empresariales

El documento pretende dar poderes represivos a las Fuerzas Armadas con inmunidad garantizada y muchos peruanos rebeldes serían liquidados y llenarán las cárceles, acusados de terrorismo, al pedir el cambio del concepto de criminalidad como terrorismo o, tendrán que huir del país para salvarse. Tras esta trampa mortal, mezcla con algunos ofrecimientos para las PYMES y la informalidad, para aumentar la tributación, sin considerar que este es un problema socioeconómico, resultado de políticas de estado.

También pide legislar sobre los recursos naturales y protección de la riqueza forestal en beneficio de sus depredadores empresariales. Nunca ha defendido a las comunidades nativas que luchan contra la deforestación. Pero ahora busca hasta la apropiación de terrenos abreviando trámites para las empresas depredadoras como el grupo Romero hace para aumentar su latifundio de palma aceitera. No dice nada contra el narcotráfico que depreda bosques.

También ofrece la promoción del empleo juvenil como si este problema se resolviera con dispositivos legales. Pero, el desempleo juvenil es consecuencia de las políticas neoliberales. También busca anular el control laboral en las empresas de SUNAFIL cambiando el régimen actual con un régimen favorable a las empresas.

El Peligroso Riesgo de la Privatización del Agua

Son muchas las incongruencias del documento que sospechosamente chocan con el régimen actual del estado de derecho. Por ejemplo, en el punto 6-inciso e, se lee:

Se desconoce la libre asociación y no distingue lo que es un gremio agrario que se rige por el código civil y lo que es una empresa cooperativa que se rige por la ley de cooperativas. El 90% de los campesinos tiene unidades menores a 10 hectáreas y no está en condiciones de asumir esta obligación ilegal a la mala.

Conclusión: Hacia la Construcción del Poder Popular

No les sigo copiando el texto en materia agraria porque sería muy extenso. Pero en general no responde a las demandas campesinas, sino a las condiciones para la inversión privada en latifundios y apropiación de recursos naturales. Un gobierno absolutista es una dictadura y ya sabemos lo que esto significa. Todas las dictaduras terminan mal porque enardece la indignación popular contra el abuso de poder. Es lo que sucedió con “la marcha de los cuatro suyos”.

De continuar por esta senda presidencial con aprobación de facultades legislativas o sin ella, tendremos que soportar muchos abusos y prepararnos para la lucha planificada de sostenibilidad progresiva para que no sea momentánea. Los pliegos de reclamos deberán ser bien sustentados para que no nos mezan en la mesa de diálogo y con plazos establecidos para su cumplimiento jurídico.

Será también una oportunidad de fortalecimiento y construcción del poder popular que trascienda en el acceso organizado a los poderes de decisión nacional. Salvo mejor parecer.