Intervención neocolonial en Venezuela

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¿Como fue el despojo del petróleo Venezolano despues del secuestro del Presidente Maduro?

¿qué ha sido de los ingresos petroleros desde el 3 de enero de 2026?

Análisis Internacional

Intervención y Dominación de EEUU en Venezuela

El control del petróleo, el silencio de las cuentas y la nueva relación neocolonial

Un punto de inflexión crucial

Esta intervención supuso un punto de inflexión crucial en la historia reciente de Venezuela.

La vicepresidenta de la República y otras autoridades aceptaron de hecho la situación y se sometieron a la voluntad de Donald Trump y su administración.

La agresión armada perpetrada por el ejército estadounidense y la sumisión de las autoridades de Caracas han permitido a Washington hacerse con el control de las exportaciones petroleras del país.

Y, sobre todo, controlar las cuentas en las que se ingresan los ingresos procedentes de dichas exportaciones.

¿Por qué importa tanto?
Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Durante décadas, el petróleo ha sido la principal fuente de ingresos externos del país.

Ingresos petroleros antes de la intervención

En primer lugar conviene recordar los ingresos petroleros registrados antes del 3 de enero de 2026.

Según los datos publicados en marzo de 2026 por el Banco Central de Venezuela:

18 400 M$ en 2024 18 200 M$ en 2025 1

Estas son cifras de exportación de petróleo, no del beneficio neto de PDVSA ni de los ingresos fiscales del Estado.

Son cifras relativamente bajas si se tiene en cuenta el potencial petrolero del país y sus reservas.

Reflejan el bajo nivel de producción, las dificultades de la industria, las sanciones estadounidenses y las condiciones de comercialización impuestas a Venezuela.

El contraste con el periodo posterior al 3 de enero de 2026 resulta especialmente llamativo.

Después del 3 de enero: Washington toma el control

Tras el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa, la Administración Trump flexibilizó algunas sanciones, permitiendo a Venezuela vender su petróleo con mayor libertad.

Sin embargo, los ingresos procedentes de estas ventas no pueden ser controlados libremente por el Gobierno venezolano.

Se han transferido a cuentas gestionadas por las autoridades estadounidenses.

El decreto presidencial estadounidense del 9 de enero de 2026 es especialmente revelador.2

Establece un mecanismo destinado a proteger los ingresos petroleros venezolanos depositados en cuentas del Tesoro de Estados Unidos.

Washington presenta jurídicamente estos fondos como pertenecientes al Gobierno venezolano, pero los coloca bajo la custodia y el control de las autoridades estadounidenses.

El resultado político y económico es fundamental:
Venezuela ya no controla libremente los ingresos derivados de su principal producto de exportación. Washington controla su recaudación, su conservación y su desembolso.
La invasión de Venezuela por parte de Trump ha estado motivada desde el principio por el petróleo, el poder y la corrupción, ya que la Administración Trump controla miles de millones de dólares de ingresos petroleros venezolanos sin ninguna transparencia ni garantía. — Joaquín Castro, congresista demócrata, al Financial Times3

El Financial Times recuerda que, poco después de la incursión, Trump declaró que esos ingresos «serían controlados por mí».

En junio, Trump afirmó que Estados Unidos había recuperado «28 veces» el coste de la operación militar en Venezuela gracias al petróleo, y añadió que Estados Unidos «también estaba ganando mucho dinero».

Un fuerte aumento de las exportaciones

La toma de control por parte de Estados Unidos vino acompañada de un rápido aumento de las exportaciones de petróleo.

Según el Council on Foreign Relations, el valor estimado de las exportaciones controladas por EEUU pasó de:

600 M$ en enero 3 700 M$ en abril 2026 4

Estados Unidos absorbió el 43 % de las exportaciones, la India el 26 % y España el 8 %.

En el primer trimestre de 2026, el Banco Central registró 5,49 mil millones de dólares en ingresos petroleros: un aumento del 21,5 % respecto al primer trimestre de 2025.5

Pero hay que distinguir dos cosas:
los ingresos contabilizados por las estadísticas venezolanas NO son lo mismo que las sumas de las que dispone efectivamente el Gobierno venezolano. Es aquí donde comienza la opacidad.

Más de 13 000 millones de dólares desde enero

A finales de julio de 2026, el Financial Times estimaba que las ventas de petróleo venezolano habían generado más de 13 000 millones de dólares desde principios de año.

Estos ingresos habían pasado por cuentas controladas por el Gobierno estadounidense.

La cantidad es considerable: representa, en tan solo unos meses, aproximadamente el 70 % de los ingresos petroleros que Venezuela obtuvo durante todo el año 2025.

Sin embargo, estos 13 000 millones NO son un beneficio neto de Estados Unidos.

Una parte debe cubrir costes de comercialización, transporte, intermediarios y funcionamiento de la industria petrolera.

La pregunta decisiva:
¿Qué parte de estos ingresos ha revertido efectivamente en Venezuela?

¿Cuánto dinero se ha transferido a Venezuela?

Es aquí donde la opacidad cobra especial relevancia.

En enero se estableció un primer mecanismo mediante una cuenta en Catar.

El secretario de Estado, Marco Rubio, indicó que se habían transferido 300 millones de dólares a Venezuela, quedando unos 200 millones en dicha cuenta.

Posteriormente, el secretario de Energía, Chris Wright, afirmó que finalmente se habían transferido la totalidad de los 500 millones.

Después, el Departamento de Estado indicó ante el Congreso que se habían autorizado unos 3 000 millones de dólares para transferencia a Venezuela.

Washington afirmó que estos fondos se destinaban a financiar los gastos del Gobierno y de la industria petrolera.

Sin embargo:
Según el Financial Times, en el registro público del Gobierno venezolano solo figuraba una única transferencia de 300 millones de dólares.

Hemos consultado el portal «Transparencia Soberana» del Gobierno de Delcy Rodríguez.

Al 15 de agosto de 2026, el portal solo mostraba una operación de 300 millones de dólares, correspondiente a una «venta extraordinaria de fuelóleo», destinada al Fondo de Protección Social para el aumento del salario mínimo.

El Departamento de Estado afirma que se han autorizado o abonado unos 3 000 millones.

Actualmente no existe una contabilidad pública completa que permita conciliar estas dos cifras.

¿A qué dice Washington que destina el dinero?

Según la información facilitada al Congreso, los fondos se han utilizado para:

→ Salarios del Gobierno → Equipos petroleros → Suministros

Sin embargo, Washington no ha publicado ningún desglose que permita saber cuánto se ha destinado a cada concepto.

Esta falta de transparencia resulta aún más sorprendente si se tiene en cuenta que el Departamento de Estado había anunciado un mecanismo de auditoría a cargo de KPMG con informes trimestrales.

El Council on Foreign Relations señalaba que no se había publicado ningún informe público detallado.

Por otra parte, el Departamento de Estado firmó con KPMG un contrato que puede alcanzar 84,4 millones de dólares para un mecanismo de transparencia.6

Estados Unidos controla miles de millones de dólares de ingresos petroleros venezolanos y ha establecido un mecanismo de auditoría, pero el público sigue sin disponer de un informe detallado que permita hacer un seguimiento de todos los flujos financieros.

Un control que da a Washington un poderoso medio de presión

El control de los ingresos petroleros proporciona a Estados Unidos un medio de presión considerable sobre el Gobierno de Delcy Rodríguez.

El Gobierno venezolano puede seguir exportando petróleo —salvo a Cuba, que lo necesita de forma vital—, pero no dispone libremente de los ingresos derivados de dichas exportaciones.

Washington decide las condiciones en las que se liberan los fondos y, de este modo, puede influir directamente en el gasto del Gobierno.

El mecanismo va mucho más allá de las sanciones económicas:
Las sanciones pretendían impedir determinadas transacciones. El nuevo dispositivo permite a Washington controlar el circuito financiero de la inmensa mayoría de las exportaciones venezolanas.

El regreso de las compañías petroleras extranjeras

El control de los ingresos va acompañado de una transformación del sector petrolero.

El nuevo Gobierno venezolano ha aprobado una reforma de la legislación sobre hidrocarburos que abre aún más el sector a la inversión extranjera y reduce las prerrogativas de PDVSA.

Varias empresas extranjeras han reanudado o ampliado sus actividades en Venezuela:

  • Chevron
  • Shell
  • Eni
  • Repsol
  • BP

Esto se inscribe en una reorganización impulsada por Washington: aumento de la producción, regreso de las empresas occidentales, mayor apertura al capital extranjero y control estadounidense del circuito financiero.

Venezuela se convierte así en un productor cuya capacidad de exportación aumenta rápidamente, pero cuyos ingresos ya no están bajo el control absoluto del Estado.

Una paradoja: más petróleo, pero no necesariamente más recursos

En 2024 y 2025 Venezuela había obtenido unos 18 000 millones de dólares al año gracias a sus exportaciones.

Tras la intervención, las exportaciones aumentaron considerablemente y el valor de las ventas controladas por Washington ya superaba los 13 000 millones en pocos meses.

Cabría esperar que este aumento se tradujera en una mejora sustancial de la situación económica y social del país.

Sin embargo, los efectos siguen siendo limitados.

El Financial Times señalaba en julio que la economía venezolana no parecía experimentar una mejora acorde con la magnitud de los ingresos petroleros generados.

Un sistema de carácter neocolonial

Venezuela posee los recursos. Las empresas extraen y venden el petróleo. Los compradores internacionales pagan los cargamentos.

Pero los ingresos se transfieren a cuentas bajo el control de las autoridades estadounidenses, que determinan las condiciones en las que el Gobierno venezolano puede disponer de dichos recursos.

Es precisamente el control de la renta lo que constituye aquí el principal reto.

El mecanismo instaura una relación de dependencia económica especialmente profunda: un Estado «soberano» sigue produciendo y exportando su principal riqueza natural, pero una potencia extranjera controla los ingresos financieros derivados de dichas exportaciones.

El propio Financial Times ha señalado que este mecanismo podría considerarse una relación «casi neocolonial», en la que Washington ejerce su influencia sobre el Gobierno venezolano mediante el control de sus ingresos petroleros.

Conclusión

La agresión militar estadounidense del 3 de enero de 2026 ha marcado el inicio de una nueva etapa en la historia de Venezuela.

Por primera vez a esta escala, Estados Unidos controla directamente el circuito financiero de las exportaciones petroleras venezolanas.

Washington afirma actuar como depositario de fondos pertenecientes a Venezuela y querer utilizarlos en beneficio de la población.

Pero la ausencia de una contabilidad pública completa sigue sin permitir saber con precisión:

¿Cuántos millones transferidos? ¿Cuántos gastados? ¿Qué cantidad bajo control de EEUU?

Esta opacidad no es un aspecto secundario.

Se encuentra en el centro de la nueva relación neocolonial establecida en Venezuela.

La cuestión de la deuda venezolana también debe situarse en este contexto: el control de los ingresos petroleros constituye ahora un elemento central de la relación de fuerzas entre los acreedores, el Gobierno venezolano y Estados Unidos.

Es necesario:
Poner en marcha una auditoría ciudadana de las cuentas públicas con acceso a toda la información sobre ingresos del Estado —incluidos los petroleros— y sobre la deuda pública (nuevas deudas, antiguas deudas y pagos efectuados).

Es necesario también volver a conquistar la soberanía nacional:

La soberanía del pueblo sobre los recursos del país.

La soberanía del pueblo sobre las cuentas públicas.

La soberanía plena y absoluta.

Fuentes y referencias: Banco Central de Venezuela · Financial Times · Council on Foreign Relations · Departamento de Estado de EE. UU. · Decreto Presidencial del 9 de enero de 2026 · Portal «Transparencia Soberana»

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