Cuando en el Perú se habla de mano dura, casi siempre se habla de la equivocación correcta. Se piden más policías en las calles, más militares, más penas, más estados de emergencia. Se pide, en el fondo, más espectáculo. Y se evade la única pregunta que incomoda: ¿qué pasa cuando la institución encargada de ejercer esa fuerza es, ella misma, parte del problema? La evidencia comparada y la evidencia nacional coinciden en una misma respuesta: nada. La mano dura sin reforma policial no reduce el delito: lo reorganiza, lo desplaza, y muchas veces lo alimenta.

Este artículo defiende una tesis simple y deliberadamente incómoda. Poner mano dura en el Perú significa, ante todo, atacar el corazón de la responsabilidad de la inseguridad. Y ese corazón no está en el barrio, ni en el menor infractor, ni en el sicario a sueldo: está en la Policía Nacional del Perú (PNP), en su cuerpo político, en sus mandos, en sus mecanismos de ascenso, en sus escuelas de formación y en la impunidad que los protege. La reforma policial no es una opción entre varias: es la condición básica, urgente y necesaria. Sin tocar ese centro, cualquier discurso de firmeza es retórica para consumo mediático. Y sin una reforma que apunte arriba (contra la inseguridad en el poder) y abajo (contra la inseguridad en las calles), toda mano dura será capturada por las mismas redes que debe combatir.

En términos operativos, una política de mano dura implica priorizar la coerción estatal sobre enfoques exclusivamente preventivos o sociales: detenciones más frecuentes, allanamientos ampliados, penas más severas, regímenes de excepción y despliegue militar o policial intensivo en territorios críticos. Su atractivo es evidente cuando la ciudadanía percibe que el Estado ha perdido el control territorial frente a bandas, mafias o economías ilegales.

Pero la experiencia peruana con la mano dura punitiva es, ya, larga y decepcionante. Entre 2015 y julio de 2025 se decretaron 87 estados de emergencia en provincias y distritos. Y sin embargo, los informes oficiales muestran que delitos como el homicidio mantuvieron una tendencia creciente. La emergencia, sola, contiene sin resolver. Es un parche sobre una herida infectada.

La pregunta incómoda, que el discurso oficial se niega a formular, es que la institución encargada de ejecutar esa fuerza está perforada. No se trata de «cuatro manzanas podridas»: se trata de un sistema de incentivos, ascensos, protecciones y complicidades que hace que la mano dura, tal como se practica, termine protegiendo a quien debe perseguir.

Decirlo claro: el cuerpo político de la PNP es el corazón de la inseguridad ciudadana. No es el único factor, pero es el factor determinante. Cuando el policía que debe perseguir al extorsionador cobra la cuota del extorsionador; cuando el general que debe desarticular la mafia es financiado por la mafia; cuando el ascenso se compra y el puesto se cotiza; cuando cada patrullero y cada moto tienen precio, no hay ley, por severa que sea, que sobreviva al contacto con la institución que debe aplicarla.

La corrupción policial no es un accidente moral de algunos efectivos: es un síntoma estructural. Responde a un modelo de formación devaluado, a mecanismos de ascenso viciados, a una disciplina interna colapsada y a una justicia que persigue al agente de calle y protege al general de escritorio.

Por eso, cuando se habla de «tocar el corazón de la inseguridad», se está hablando de algo muy concreto: cerrar las escuelas policiales que formaron a esos mandos; eliminar los ascensos provisionales que se negocian; obligar a que todo el personal en reeducación pase por evaluación universitaria; y expulsar, con debido proceso pero sin titubeo, a los mandos cuya conducta sea incompatible con la función policial. La experiencia de Georgia tras 2004 :despido masivo de personal sospechoso de corrupción, supresión de unidades problemáticas, reconstrucción desde cero, no es una curiosidad exótica. (https://centreforpublicimpact.org/public-impact-fundamentals/seizing-the-moment-rebuilding-georgias-police/) Es el único modelo que ha demostrado que una purga profunda puede funcionar.

Y es aquí donde la inacción del gobierno actual adquiere su rostro más obsceno. Sabe que la PNP es el centro, sabe que sin tocar ese centro toda política de seguridad es simulacro, y sin embargo rechaza insistente e interesadamente toda reforma que apunte al cuerpo político de la institución. La razón no es misteriosa: tocar la PNP es tocar las redes que protegen a las propias autoridades oficiales. La reforma policial no se evita por ignorancia: se evita por conveniencia.

No se trata de opinionismo. La evidencia es sistemática, pública y recurrente. Una síntesis —no exhaustiva, pero representativa— de los casos de corrupción policial que han estallado en los últimos años basta para entender por qué la reforma es urgente y necesaria.

• Los Ángeles 1 (Ayacucho, 2024): una de las redes de extorsión más visibles del sur operaba con protección de efectivos PNP. La policía que debía perseguir la extorsión cobraba de la extorsión.
• Los Dinámicos del Centro (Lima, 2024): red de extorsión desarticulada con participación de efectivos PNP en actividad y un fiscal. La tríada policía-fiscal-abogado muestra que la corrupción no es un cuerpo extraño: es el sistema mismo.
• Los Inseparables del Sur: otra red de extorsión con participación de policías, fiscales y abogados. El patrón se repite con una regularidad que ya no admite la excusa del «caso aislado».
• Generales PNP investigados por narcoindultos: mandos superiores en redes que traficaban influencias, indultos y protección a organizaciones criminales. La corrupción no está en la base: está en la cúpula.
• Ascensos vendidos y comisarías negociadas: el mecanismo por el cual «cada puesto tiene precio» ha sido documentado en múltiples denuncias, y explica por qué los mandos corruptos no son depurados: fueron comprados para proteger a quien los compró.
• Patrulleros, motos y operaciones financiadas por las mafias: el cobro de cupos a transportistas y comerciantes incluye, sistemáticamente, una parte que sube a los mandos policiales del sector.

Cada uno de estos casos es un ejemplo negativo que cunde. Cuando el ciudadano ve que el general investigado sigue libre, que el fiscal cómplice sigue en su cargo, que el efectivo extorsionador es trasladado en vez de expulsado, el mensaje que recibe es brutalmente pedagógico: la ley se negocia. La impunidad en la cima alimenta la sospecha de tolerancia en la base. Y esa sospecha es el combustible de la inseguridad.

El documento base y la evidencia comparada coinciden en identificar un conjunto de reformas inaplazables. No son ocurrencias aisladas. Responden a un diagnóstico de corrupción estructural y recogen lecciones probadas en otros países. Lo que sigue es su enumeración enérgica, porque el momento no admite tibiezas.

La primera parte de este artículo cierra con una afirmación que no admite matices. La reforma policial no es una entre varias prioridades: es la prioridad. Es la condición sin la cual toda mano dura es simulacro. Y es, sobre todo, una reforma que debe apuntar arriba y abajo.

La inseguridad en el poder es la más peligrosa, porque su ejemplo cunde en toda la ciudadanía. Cuando el general corrupto sigue libre, el mensaje que llega al barrio es que la ley es negociable. Una reforma que solo toque la base. que solo persiga al ratero de calle y deje intacto al corrupto de cuello blanco, no es reforma: es represión selectiva.

Esta es la tesis que la segunda parte va a reforzar desde el ángulo opuesto: el de los espejos falsos. Los casos de El Salvador y Ecuador, presentados como modelos a imitar, son en realidad ejemplos negativos, imposibles de repetir y, en su versión peruana, hipócritas. El gobierno actual los invoca para evadir la única reforma que de verdad importaría: la reforma policial. Y la evade porque sabe que tocar la PNP es tocarse a sí mismo.