Una realidad mal comprendida y mucho peor tratada.
Jorge Perazzo
Más de 500 mil peruanos viven hoy de la minería informal. El Estado los llama delincuentes. Ellos se llaman a sí mismos sobrevivientes. ¿Quién tiene razón?
En las alturas de La Rinconada, hasta hoy en Huelga General, trabajan a más de 5,000 metros sobre el nivel del mar, donde el oxígeno escasea y el frío corta la piel, miles de hombres y mujeres perforan la tierra en busca de oro. No todos cumplen estándares ambientales. Técnicamente, para el Estado son criminales. Pero antes de juzgarlos, habría que preguntarse: ¿qué los llevó hasta allí?
La respuesta no está en la codicia ni en la ignorancia. Está en una historia de abandono sistemático, exclusión territorial y colapso institucional que convirtió la minería artesanal en la última tabla de salvación para comunidades andinas que el Perú urbano decidió olvidar hace décadas.
Hoy, la producción aurfera informal supera las 60 toneladas anuales, equivalente a más del 25% del oro nacional y cerca de 4 mil millones de dólares —casi la mitad del presupuesto nacional destinado a educación básica. No es un negocio marginal. Es una economía paralela que mueve al país mientras el Estado la criminaliza sin entender sus raíces.
Primera Causa: El Abandono Histórico del Agro Andino
Cuando el Campo Dejó de Ser Opción
La minería informal no nació de la noche a la mañana ni fue simplemente consecuencia del alza del precio del oro. Es el síntoma visible de un agro abandonado, el resultado predecible de décadas de políticas centralistas que concentraron inversión, servicios e infraestructura en las ciudades mientras condenaban al campo a la irrelevancia económica.
Los números son brutales:
- Por cada sol invertido en el campo andino, se gastan cinco en zonas urbanas, a pesar de que más del 30% de la población rural del país vive en los Andes y produce la mayor parte de los alimentos.
- La productividad agrícola andina ha caído más del 40% desde 1970, según cifras del Ministerio de Desarrollo Agrario.
- Los programas de inversión pública en riego y tecnificación agrícola no alcanzan ni el 10% del presupuesto urbano de infraestructura.
- En 2023, el sector agrícola cayó 4.1% —el peor resultado desde 1992.
En el área rural, solo el 68.9% tiene acceso a agua potable, el 78.9% a electricidad y apenas el 44.7% a saneamiento básico. Mientras tanto, el 40% de la población rural vive en situación de pobreza y otro 40% en vulnerabilidad extrema.
La Ecuación de la Desesperación
Ante este panorama, la lógica es implacable: si el agro no da para vivir, si el Estado no invierte, si los mercados están cerrados y la productividad cae, ¿qué alternativa queda?
Miles de familias campesinas migraron hacia las ciudades —Lima, Juliaca, Arequipa— buscando ingresos que el campo ya no podía proveer. Pero no todos pudieron irse. Los que se quedaron, los que resistieron, encontraron en la minería artesanal una forma de «monetizar» el único recurso que el Estado y el mercado parecían valorar: el subsuelo.
Como explica un comunero de Puno con sencillez devastadora: «En el agro no da, pero la tierra tiene oro».
Así nacieron los enclaves mineros de La Rinconada, Pataz, Ayapata, Madre de Dios, Ananea y Carabaya, donde antiguos agricultores —gente que durante generaciones cultivó papas, quinua y criaba alpacas— se convirtieron en buscadores de oro.
La minería informal es, entonces, el refugio de quienes fueron expulsados de su propia economía ancestral por un Estado que decidió apostar todo al modelo urbano-extractivista.
Segunda Causa: La Desigualdad Obscena y el Resentimiento Estructural
El Contraste que Hiere
Si el abandono del agro empujó a la gente hacia la minería, la desigualdad brutal entre la riqueza extractiva y la pobreza local fue lo que legitimó moralmente —a ojos de las comunidades— la minería informal como acto de justicia compensatoria.
Considérese este ejemplo elocuente:
La mina Las Bambas, operada por capital chino, exporta más de 2 mil millones de dólares anuales en cobre. Sin embargo, en las comunidades aledañas de Cotabambas (Apurímac):
- El 60% de los niños tiene anemia
- Solo 4 de cada 10 hogares tienen agua potable
- Los caminos son intransitables
- No hay hospitales, escuelas decentes ni servicios básicos
Mientras tanto, cada dos minutos sale un camión cargado de minerales hacia los puertos. La riqueza fluye hacia afuera. La pobreza se queda adentro.
La Venganza Silenciosa
Esta desigualdad visible genera una reacción emocional profunda: indignación, impotencia y, finalmente, una forma de «venganza silenciosa».
Los campesinos observan cómo las empresas mineras formales tienen:
- Internet de alta velocidad
- Oficinas con alfombras
- Equipos de alta gama
- Carreteras pavimentadas
- Comedores, hospitales, servicios completos
Mientras los comuneros de alrededor ellos:
- Sin vías de acceso adecuadas
- En condiciones deplorables
- Sin servicios básicos
- En extrema pobreza
En palabras de un minero informal de Madre de Dios: «Si ellos sacan millones con sus máquinas, ¿por qué no puedo sacar algo yo con mis manos?»
La minería artesanal se convierte así en una respuesta inconsciente a la exclusión. Es una forma de decir: «Si no hay justicia, habrá oro». Es la lógica de quien, habiendo sido despojado sistemáticamente, decide tomar lo que considera legítimamente suyo.
No es codicia. Es hartazgo. No es delincuencia. Es reacción ante la injusticia estructural.
Tercera Causa: La Invasión Territorial y la Pérdida de Soberanía Comunal
El Despojo Legalizado
El tercer elemento clave es quizá el más violento simbólicamente: la invasión de tierras comunales por empresas mineras extranjeras sin consulta previa real, violando el Convenio 169 de la OIT y el sentido básico de respeto territorial.
En muchas zonas andinas, las concesiones fueron otorgadas sin el consentimiento genuino de las comunidades, mediante actas firmadas por unas pocas personas bajo coacción, engaño o corrupción directa de dirigentes.
Hoy, más del 70% de las tierras comunales se superponen con concesiones mineras otorgadas desde Lima, desde escritorios donde nunca pisaron el territorio, donde nunca conversaron con los apus comunales, donde nunca entendieron que esas tierras tienen dueños ancestrales.
La Traición Sentida
Esta práctica, repetida durante décadas, provocó un profundo resentimiento y una percepción de despojo histórico: «Han tomado nuestra Pachamama sin permiso».
Para las comunidades andinas, esto no es simplemente un tema legal o administrativo. Es una traición existencial. Es el Estado que traiciona a su propio pueblo, que entrega su territorio sagrado a extraños que vienen, explotan y se van sin dejar nada más que cráteres y ríos envenenados.
La respuesta fue doble:
Por un lado, resistencia: bloqueos de carreteras, marchas, reclamos, conflictos sociales que el Estado catalogó como «terrorismo» o «extorsión».
Por otro lado, imitación: «Si ellos explotan, nosotros también».
Así, los mismos comuneros empezaron a extraer minerales dentro o cerca de sus territorios, muchas veces sin técnica ni permisos, reproduciendo el modelo extractivo que criticaban.
La Paradoja Autodestructiva
Paradójicamente, la informalidad minera es hija de la minería formal, porque surge del mismo modelo de saqueo sin beneficio local.
Pero al replicarlo sin conocimientos técnicos ni controles ambientales, los comuneros y las comunidades terminan destruyendo sus propios ríos, contaminando sus propias tierras, envenenando su propio futuro.
Es una venganza autodestructiva: castigan al sistema destruyendo lo que más aman, como el náufrago que quema su propio bote para calentarse.
Cuarta Causa: El Colapso Institucional del Estado y las Comunidades
Un Estado Cómplice del Caos
La cuarta causa —y quizá la más profunda— es la descomposición institucional del Estado peruano y la pérdida de fuerza de las comunidades campesinas.
El Estado peruano, atrapado por el centralismo estructural y la corrupción endémica, no tiene capacidad para regular ni la gran ni la pequeña minería. Pero no es solo falta de capacidad: es complicidad activa.
El Ministerio de Energía y Minas entrega concesiones sin consulta previa (obligatoria en poblaciones indigenas-originarias.nativas) incluso concesiona en cabeceras de cuenca —donde nace el agua— violando toda lógica ambiental. Los organismos de control ambiental carecen de presencia real en territorio. Las fiscalizaciones son simulacros burocráticos.
Mientras tanto, las comunidades campesinas —antes sólidas estructuras colectivas con autoridad territorial— han sido sistemáticamente debilitadas por:
- Abandono legal y presupuestal
- Promoción de la ideología individualista que destruye la reciprocidad andina
- Falta de reconocimiento de sus autoridades tradicionales
- Invasión de sus tierras sin que puedan defenderse legalmente
El Individualismo Impuesto
En la práctica, el Estado promovió el individualismo rural y destruyó el tejido comunal, lo que facilitó que personas aisladas o foráneas invadieran territorios comunales con fines mineros sin que las comunidades tuvieran capacidad de respuesta.
Donde antes había ayni (reciprocidad), minka (trabajo colectivo) y autoridad comunal respetada, hoy prevalece la supervivencia individual, la competencia despiadada y el «sálvese quien pueda».
La informalidad minera no es solo económica: es institucional, social y cultural. Es el colapso de un orden ancestral acelerado durante la Republica siempre con una resistencia que aspira a re-construir una nueva basada en la herencia culturalny riqueza geoeconomica.
El Espejo Económico: Informal vs. Formal
Los números revelan la magnitud del fenómeno:
Producción Aurífera (2024):
- Formal: ~105 toneladas anuales
- Informal e ilegal: ~60-70 toneladas
A precios actuales (~US$ 4,150 por onza), la minería informal mueve más de US$ 8 mil millones anuales, equivalente al 15% de las exportaciones totales del país.
Mientras tanto, la minería formal —en manos de grandes transnacionales— exporta cerca de US$ 77 mil millones (2024 casi el 90% de las exportaciones totales del Perú), pero deja solo un 3& al Estado (Facultad de Economia UNMSM, Jorge Manco Z.).
En otras palabras: los Andes producen riqueza, pero no reciben desarrollo.
La Migración como Síntoma
La actividad minero informal está directamente vinculado al proceso de migración rural-urbana masiva:
Entre 1950 y 2020, la población rural peruana pasó del 70% al 23%.
Las causas son conocidas:
- Baja rentabilidad del agro
- Falta de servicios de educación y salud
- Precariedad absoluta: solo 18% de hogares rurales tiene agua segura y 15% internet
El presupuesto público refleja este abandono criminal:
- Gasto por habitante en Lima: más de 7,000 soles anuales
- Gasto en provincias altoandinas: apenas 1,200 soles por persona
Este desequilibrio empuja a los jóvenes campesinos hacia las ciudades o hacia los enclaves mineros informales, donde pueden ganar en un mes lo que el campo no paga en un año.
La Ruptura Cultural: Cuando el Oro Reemplaza a la Chacra
El proceso de descomposición no es solo económico: es cultural y simbólico.
El campesino convertido en minero ya no se reconoce como parte de un ayllu o una comunidad solidaria, sino como un individuo «emprendedor» en competencia feroz con sus propios vecinos.
El oro reemplazó a la chacra como centro del esfuerzo. La identidad se transformó: de agricultor ancestral a buscador de metales.
Esta mutación, alimentada por la exclusión y la lógica del mercado salvaje, erosiona la memoria colectiva. Donde antes había reciprocidad, hoy prevalece la supervivencia individual.
Por eso, el problema de la minería informal también es un problema de identidad: un pueblo que se siente olvidado termina imitando al modelo que lo domina, reproduciendo su lógica extractivista autodestructiva.
¿Soluciones? No las Habrá sin Cambio Estructural
Resolver la minería informal no pasa por más policías ni más decretos. Pasa por atacar las causas estructurales:
Reconstruir la Economía Rural
- Inversión real (no promesas) en el agro andino
- Infraestructura de riego, caminos, electrificación
- Acceso a mercados y tecnología
- Crédito agrario accesible y programas de asistencia técnica
Servicios Básicos Universales
- Agua potable, saneamiento, electricidad e internet en todas las comunidades
- Hospitales y escuelas de calidad en zonas rurales
- Carreteras que conecten el campo con los mercados
Fortalecimiento de la Autoridad Comunal
- Reconocimiento legal real de las comunidades campesinas
- Presupuesto para que puedan gestionar sus territorios
- Respeto a la consulta previa sin simulacros burocráticos
Nueva Institucionalidad Ambiental
- Prohibición efectiva de minería en cabeceras de cuenca
- Fiscalización real con presencia en territorio
- Sanciones ejemplares a empresas que contaminen
- Consulta previa obligatoria antes de concesionar
Reintegración de lo Rural a la Agenda Nacional
- Políticas que prioricen la vida sobre la ganancia extractivista
- Seguridad alimentaria basada en producción nacional, no importaciones
- Un modelo de desarrollo que incluya —no excluya— a los Andes
La Paradoja Final: Criminalizar la Consecuencia, Ignorar la Causa
Hoy, el Estado peruano gasta 100 millones de soles anuales en operativos policiales contra mineros informales. Destruye maquinaria, quema campamentos, encarcela a comuneros.
Pero no invierte un sol en reconstruir el agro que abandonó. No fortalece las comunidades que debilitó. No repara el despojo territorial que legitimó. No cuestiona el modelo extractivista que genera desigualdad.
Es como pretender apagar un incendio sin eliminar el combustible. Como tratar el síntoma sin curar la enfermedad.
La minería informal no es un delito aislado: es la expresión de la fractura del Estado peruano con su propio pueblo.
Detrás de cada minero informal hay:
- Un campesino expulsado de su tierra
- Un joven sin escuela ni futuro
- Un agricultor sin mercado ni apoyo
- Una comunidad traicionada y abandonada
Las vetas de oro del subsuelo peruano son, en realidad, las grietas de un país que no supo integrar su diversidad.
Recuperar la identidad andina, fortalecer la comunidad como institución viva y equilibrar la economía territorial son las verdaderas rutas de emancipación.
Solo entendiendo el origen, el sentimiento y las causas estructurales de este fenómeno podremos transformar el caos minero en un desarrollo equitativo, justo, propio y soberano.
Mientras el campo andino siga abandonado, la minería informal seguirá creciendo. Porque no es una elección libre: es una respuesta de supervivencia a una injusticia histórica.
Y ningún operativo policial, ningún decreto, ninguna criminalización cambiará esa realidad fundamental.
El Perú produce alimentos que ya no consume, importa trigo, aceite y soya mientras sus campos se vacían. Exporta minerales que no benefician a sus regiones mientras criminaliza a quienes buscan sobrevivir extrayendo lo mismo que las transnacionales. Este no es desarrollo. Es suicidio colectivo disfrazado de modernidad.
Fuente La Republica, 28 dic 2025