Por Serafín Mondragón Juárez.

Una ola de protestas y paros laborales recorre varios países de Europa en medio de un creciente descontento social por el aumento del costo de vida, el encarecimiento de la energía y la vivienda, así como por los recortes y carencias en servicios públicos como la educación y la sanidad.
En Francia, las movilizaciones se han visto marcadas por enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y por el debate sobre el deterioro del sistema educativo. Según un análisis citado de Le Monde Diplomatique y estimaciones del economista Michaël Lainé, el gasto educativo por alumno en relación con el Producto Interno Bruto cayó 15,3 puntos entre 2008 y 2024, mientras se mantienen las subvenciones a centros privados y se reducen los recursos para la enseñanza pública. El sector denuncia recortes de plazas docentes, aulas de secundaria con un promedio de 30,2 estudiantes, un 80 % de escuelas primarias con más de medio siglo de antigüedad —una quinta parte con necesidad de reparaciones urgentes— y el rechazo estudiantil a la plataforma de acceso universitario Parcoursup.
En España, el 11 de noviembre comenzó una huelga general de 24 horas centrada en la crisis del acceso a la vivienda, junto con demandas salariales y medidas frente a la inflación, tras jornadas de movilización como las protestas educativas en Madrid. Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, reportaron un seguimiento desigual según territorios y sectores, con mayor incidencia en grandes núcleos urbanos y en la industria. El vicesecretario general del Área Interna de UGT, Rafael Espartero, situó la adhesión en un 84 % en Cataluña y entre el 75 % en Andalucía y Aragón y el 41 % en Extremadura o Castilla-La Mancha, mientras en otros puntos de Europa —como Italia, Portugal, Alemania o el Reino Unido— trabajadores y estudiantes también han expresado su rechazo a las políticas económicas vigentes.
En Alemania, el Ejecutivo planteó nuevos ajustes fiscales y tributarios que incluyen la retirada del descuento en los combustibles, cambios en las deducciones por jubilación tras 45 años de cotización, mayores impuestos al tabaco y al alcohol y el fin de la compensación total de la inflación en el impuesto sobre la renta.
Las previsiones de crecimiento de la Comisión Europea —que proyectan mayores avances en economías como Irlanda (3,9 %), Malta (3,5 %), Chipre (3,0 %), Polonia (2,7 %) y España (2,1 %), frente a ritmos más moderados en Alemania (1,0 %), Italia (0,7 %) y Francia (0,6 %)—
El impacto del corte de suministro del petróleo ruso en la Unión Europea
El corte y las sanciones al suministro de petróleo ruso han provocado una profunda reconfiguración del mercado energético de la Unión Europea, reduciendo de forma drástica la dependencia directa respecto a Moscú, pero generando al mismo tiempo nuevas vulnerabilidades, volatilidad en los precios y tensiones políticas internas.

En primer lugar, se ha producido una transformación acelerada de la matriz de importaciones. Antes de la escalada del conflicto en Ucrania a través de la OTAN, Rusia abastecía alrededor de una cuarta parte del crudo europeo a precios competitivos. A raíz de los embargos marítimos y de las sanciones contra su principal proveedor, los países europeos para compensar ese vacío incrementaron sus adquisiciones a proveedores como Estados Unidos, Noruega y productores de Oriente Medio a precios altos.
Sin embargo, este giro ha traído consigo mayor exposición a choques externos y presiones sobre los precios. Al depender en mayor medida del transporte marítimo y de rutas globales más largas, la Unión Europea se ha vuelto más sensible a crisis geopolíticas fuera de sus fronteras, como las tensiones y disrupciones en el estrecho de Ormuz o los ataques a infraestructuras y oleoductos en Oriente Medio, factores que han alimentado episodios de escasez de diésel y encarecimiento de los combustibles. A ello se suman los mecanismos de topes de precios impulsados por la Unión Europea y el G7, el uso de una «flota fantasma» de buques para eludir restricciones y la persistencia de dependencias indirectas vinculadas a oleoductos como el sistema Druzhba, por donde transita crudo de terceros países y que sigue siendo foco de disputas operativas y políticas.
Por último, los efectos no han sido homogéneos dentro del bloque. Mientras la mayoría de los Estados miembros cortó las importaciones marítimas, algunos países sin salida al mar han mantenido exenciones o posturas más reacias a prohibiciones totales inmediatas, lo que ha retrasado acuerdos legislativos en Bruselas. En el plano económico y social, el debate continúa abierto entre quienes defienden que la desconexión refuerza la seguridad energética a largo plazo y quienes advierten que el mayor coste de la energía erosiona la competitividad industrial europea y pesa sobre el bolsillo de los hogares.
Buscar una teoría conspirativa para explicar una realidad material tan evidente se antoja tan ridículo como peligroso. La desconexión entre la clase política y el pueblo alcanza tal extremo que, en medio del estallido social, prevalecen la represión y las restricciones de las libertades civiles, como muestran los toques de queda y las prohibiciones de manifestaciones nocturnas en Francia. La violencia represiva y su conversión en un espectáculo de caos favorecen que el debate público se aleje de la emergencia social que está sobre la mesa. Nos hablan de «inestabilidad», de la necesidad de «recuperar el orden», mientras las causas que han llevado a miles de personas a las calles siguen sin atenderse. Así, para muchos, la estabilidad que algunos reclaman puede dar más miedo que un caos incierto, reflexiona la periodista Carmen Parejo en RT