La evolución mafiosa del Fujimorismo en el Perú contemporáneo
Jorge Perazzo
La era Fujimori-Montesinos (1990-2000) inauguró en el Perú un modelo de captura mafiosa del Estado: sobornos descarados, control mediático, manipulación judicial y represión sangrienta. Hoy, tres décadas después, los herederos políticos de ese régimen no solo han replicado el modelo, sino que lo han perfeccionado, transformando la crudeza del efectivo en sobres por la sofisticación de las leyes a medida. No son solo similitudes; es una evolución autoritaria.
De los Vladivideos a las Vladileyes: la impunidad se hace ley
Montesinos compraba jueces y congresistas con fajos de dólares frente a una cámara oculta. Hoy, el fujimorismo y sus aliados (el llamado «pacto mafioso» en el Congreso: Fuerza Popular, Renovación Popular, APP, Avanza País) ya no necesitan sobornar en la sombra. Escriben la impunidad en el Diario Oficial.
El paquete de «leyes pro-crimen» (2023-2025) es el Vladivideo 2.0, pero con fuerza de ley:
- Ley 31990 (colaboración eficaz limitada): En los 90, se silenciaba testigos con amenazas o dinero. Hoy, se les pone un plazo de 8 meses para hablar, asegurando que las redes de corrupción queden intactas.
- Ley 32181 (elimina detención preliminar): Antes, los cómplices huían con pasaportes falsos. Hoy, se les garantiza legalmente que no serán detenidos preventivamente, facilitando la fuga o la destrucción de pruebas.
- Ley 32326 (confiscación de bienes): Montesinos escondía fortunas. Hoy, una ley exige una sentencia firme para tocar el patrimonio ilícito, blindando los botines del presente.
- Ley 32054 (protección a partidos): Esta es la joya de la corona. Mientras el fujimorismo original fue una organización criminal con un líder visible, hoy sus herederos han logrado que la ley expresamente prohíba investigar a un partido político como organización criminal. Es el sueño de cualquier mafia: la inmunidad corporativa.
Del Autogolpe al Congresogolpe: el control institucional se hace permanente
Fujimori disolvió el Congreso en 1992 para «reordenar» el país a su gusto. Sus herederos, aprendices aventajados, comprendieron que es más eficaz no disolverlo, sino dominarlo desde dentro. El Congreso actual no es un contrapoder; es el cuartel general de la operación de reconfiguración del Estado a su servicio.
El control de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el archivo de casos contra figuras claves (como la ex Fiscal de la Nación Patricia Benavides) replican el viejo control del Poder Judicial, pero con una apariencia de legalidad. Ya no se depura a jueces con un decreto; se les amenaza con destitución mediante leyes y procedimientos administrativos manipulados.
De la prensa chicha a la demolición institucional de la verdad
Montesinos compraba medios. Hoy, el esquema es más barato y efectivo: se desacredita y hostiga a la prensa independiente desde la tribuna parlamentaria, se premia a los medios afines con publicidad estatal y se usa la maquinaria del Congreso para lanzar campañas de desinformación. El objetivo es el mismo: anular el contrapeso periodístico, pero el método es menos costoso y más insidioso.
De la amnistía implícita a la amnistía explícita: la sangre se blinda con firma
El Grupo Colina asesinó y desapareció opositores con impunidad durante una década. Hoy, el Congreso discute proyectos de ley para conceder amnistía a militares condenados por crímenes de lesa humanidad. Es la brutalidad de ayer, blindada con la complicidad de hoy. La Ley 32107, que buscó prescribir estos crímenes, fue el ensayo general de esta impunidad final.
Una lección bien aprendida
Los herederos de Fujimori y Montesinos aprendieron la lección central: la violencia y la corrupción descaradas son costosas y generan rechazo. La sustituyeron por una estrategia de largo plazo: ocupar el Legislativo, escribir leyes que consagren la impunidad, controlar las instituciones que investigan y desmantelar, desde dentro, los frenos y contrapesos democráticos.
Ya no es la era del «chinito» y el «doctor». Es la era de los partidos-franquicia que, actuando como un cártel, han logrado legalizar la corrupción e institucionalizar la impunidad.
Son más sofisticados, más peligrosos y, hasta ahora, más exitosos. Su obra maestra no es un video, sino el Boletín de Leyes del Perú. El grito «¡Que se vayan todos!» nace de la certeza ciudadana de que el pacto mafioso actual no es una réplica, sino la versión mejorada y más letal del monstruo que creímos haber enterrado hace 20 años. La batalla ya no es solo por la justicia, sino por el alma de la democracia y el sentido mismo de la ley.