La Ley de amnistia aprobada por el Kongreso 2025 otorga amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional procesados por delitos cometidos durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000 violando la propia constitucion vigente y las leyes internacionales de drechos humanos.
…“La ley de amnistía no es reconciliación. Es una traición a la memoria histórica, a las víctimas y a la justicia.”…
— Testimonio de víctimas de la violencia en Perú
Por Jorge Perazzo
La raíz del problema: el ejemplo en las matrices imperiales.
Este patrón de impunidad no es casual: es el resultado de un sistema podrido que protege a las élites. Las transnacionales exigen «estabilidad» (es decir: gobiernos dóciles), y para garantizarla, los Estados perdonan a los verdugos y entierran la memoria de las víctimas.
En América Latina, las oligarquías repiten el libreto: Colombia amnistió a paramilitares. Chile mantiene pactos de silencio por los crímenes de Pinochet. Honduras blanqueó el golpe de Estado de 2009 y ahora Perú, convertido en un laboratorio de la derecha más reaccionaria, legaliza la barbarie.
La historia no se perdona, se juzga. Mientras los opresores celebran su «libertad», nosotros levantamos las banderas de los que lucharon, de los que cayeron y de los que siguen resistiendo. ¡Hasta que la justicia llegue!
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Lo realizado pr el Kongreso no es un gestos de reconciliación, sino herramientas de dominación:
1. Consagran la desigualdad: Un pobre que roba comida va a la cárcel; un político que saquea al Estado o ordena masacres o usa su arma para asesinar recibe perdón.
2. Destruyen la sociedad ¿De qué sirven las instituciones si los poderosos las manipulan para evadir consecuencias?
3. Fomentan la corrupción generalizada: Si los de arriba roban y matan sin castigo, ¿por qué el ciudadano común habría de respetar las leyes?
¡NI OLVIDO NI PERDÓN! ¡ABAJO LA IMPUNIDAD DE LOS PODEROSOS!
La amnistía como instrumento de impunidad: la ética perversa del poder y el colapso moral de las democracias occidentales
En los últimos años, el mundo ha sido testigo de un preocupante patrón de impunidad institucionalizada que atraviesa las democracias modernas —tanto en el imperio como en los periféricos—, donde el perdón legal a delincuentes de alto nivel, encubrimientos estatales y amnistías a responsables de crímenes de lesa humanidad están socavando los pilares de la justicia, la equidad y el Estado mismo. Este fenómeno no es una simple anomalía. Es una práctica sistemática y deliberada que responde a una lógica de poder: proteger a los responsables de los crímenes más graves siempre y cuando pertenezcan a la elite política, económica o militar.
Estados Unidos: El doble estándar de la justicia
En la llamada “democracia ejemplar” de Estados Unidos, los casos recientes revelan que el poder presidencial y la influencia política son escudos efectivos contra la rendición de cuentas. Durante su mandato, Donald Trump indultó a militares acusados de crímenes de guerra, aliados políticos condenados por corrupción y delincuentes financieros con fuertes lazos con su gobierno. Estos actos no solo minaron la credibilidad de las instituciones judiciales, sino que reafirmaron la noción de que el castigo es solo para los débiles.
Más aún, la aparente impunidad frente a las acusaciones de corrupción y tráfico de influencias que involucran a Hunter Biden, hijo del actual presidente Joe Biden, profundiza la desconfianza ciudadana. El silencio institucional y mediático, junto a la falta de investigación imparcial, refuerza la idea de una justicia de doble rasero: una para los poderosos, otra para el resto.
En América Latina, este patrón no solo se replica, sino que se profundiza. El caso del Perú es paradigmático. En el Congreso se ha aprobado recientemente una ley de amnistía que, en la práctica, blinda a personajes condenados por crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante los años de conflicto interno.
Esta norma, contraria a los estándares internacionales y a la propia Constitución del país, es una afrenta directa al derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
Amnistiar crímenes de lesa humanidad no es solo un error jurídico: es una traición moral. Es permitir que el terror institucional vuelva a circular impunemente, es decirle a las víctimas que sus sufrimientos fueron en vano. Peor aún, es institucionalizar el olvido, consagrar la impunidad y abrir la puerta a nuevas violaciones con el amparo del poder.
La ética imperial y su exportación de impunidad
Este patrón de perdón, blindaje y encubrimiento se reproduce tanto en los países centrales como en los periféricos. En las democracias imperialistas se negocia la justicia con dinero: si tienes recursos, puedes pagar para evitar la cárcel. Este modelo corrompido se exporta, como si fuera una ética global, a los países dependientes, donde las elites locales adoptan las mismas prácticas para protegerse, proteger a sus aliados y garantizar la continuidad de un sistema corrupto y excluyente.
El caso peruano no es solo una imitación; es una subordinación total a esta lógica imperial. Los mismos congresistas que defienden intereses empresariales transnacionales, aprueban leyes de impunidad que favorecen a genocidas, saqueadores del Estado y represores de la protesta social. Se trata de una dependencia ética, política y judicial. No solo se importan modelos económicos, también se importan los vicios de impunidad y corrupción del centro del poder mundial.
Un colapso moral que atraviesa a toda la sociedad
Cuando los líderes máximos de una nación —presidentes, congresistas, jueces, fiscales— cometen delitos y quedan impunes, el mensaje que se transmite a la sociedad es devastador: delinquir no solo es permitido, sino conveniente. La corrupción se convierte en norma, no en excepción. La ilegalidad se normaliza. Y la sociedad entera comienza a replicar este modelo: si los padres de la patria lo hacen, ¿por qué no hacerlo también yo?
Así se construye una ética cínica y perversa: la del “todo vale” si tienes poder. Y ese cinismo moral es uno de los peores desastres que pueden golpear a una nación. La ley deja de ser principio rector de la convivencia y se transforma en herramienta de castigo para los de abajo y de blindaje para los de arriba. Es la muerte lenta de la democracia.
Lo que estamos presenciando no es solo una cadena de errores judiciales o una crisis puntual de los sistemas democráticos occidentales. Es una verdadera revuelta contra la justicia por parte de las elites. Una insurrección del poder contra el derecho que ellos mismos impusieron. Una conspiración de impunidad.
La Imitación del Vicio: Cuando la Corrupción se Vuelve Cultura
Lo más peligroso es cómo este modelo de impunidad se contagia. Si los líderes roban, el empresario estafa. Si el policia o militar mata sin castigo, el ciudadano resuelve sus conflictos con violencia. La podredumbre empieza arriba y gotea hacia abajo.
Estados Unidos, con su modelo de justicia mercantilizada, ha convertido el perdón presidencial en una herramienta de protección a los cercanos al poder. Donald Trump, durante su mandato, perdonó a más de 170 personas, incluyendo a amigos, aliados políticos y figuras condenadas por crímenes financieros y de corrupción. Entre ellos figuran:
En el Perú, el Congreso Nacional, bajo la presión de una élite política y económica que busca impunidad para los suyos, ha aprobado leyes que benefician a criminales de lesa humanidad, corruptos y golpistas, mientras se niega la amnistía a quienes lucharon por la justicia social y la defensa del Estado.
Mientras se niega la amnistía a quienes lucharon por el derecho a la tierra, al agua y a la dignidad, se ofrece impunidad a los responsables de la crisis institucional, de la traición a la Patria y del robo sistemático de recursos nacionales.
La ética perversa del poder: una imposición del imperialismo
Este fenómeno no es casual. Es una imposición ideológica del modelo neoliberal y del poder imperial, que ha convertido la justicia en un negocio negociable, donde el dinero y la conexión política deciden quién paga y quién se salva.
La amnistía a delincuentes económicos, políticos y de Estado no es solo una práctica en Perú o en EE.UU., sino una lógica que se reproduce en toda la periferia del sistema mundial capitalista, donde el imperialismo protege a sus aliados locales, y el poder judicial se convierte en un instrumento de control y no de justicia.
La corrupción se normaliza: cuando los líderes delincuen, todos pueden hacerlo. “Si tienes poder, si tienes dinero, si tienes conexiones, puedes delinquir y no pagarás.” La impunidad se extiende como un cáncer. Y cuando el cáncer está en la cabeza, el cuerpo entero se pudre. La justicia no es ciega. Es cómplice de los poderosos.
Los pueblos no pueden permitir que la amnistía se convierta en un salvoconducto para criminales de cuello corbato. La justicia no puede seguir siendo una moneda de cambio política, ni el perdón, una herramienta de protección selectiva.
Es urgente que las leyes de amnistía se revisen y se anulen cuando se refieran a delitos de lesa humanidad. – Se establezca una justicia independiente y popular, que no esté al servicio de las élites. Se promueva la memoria histórica como herramienta de reparación y no de olvido. Se impulse una verdadera reforma del sistema judicial, para que la justicia no sea solo para los débiles, sino también para los poderosos.
La impunidad no solo es injusta. Es el primer paso hacia el fascismo.