EL ANDAHUAYLAZO Y EL CRIMEN DE ESTADO
El Andahuaylazo (1-4 de enero de 2005) fue una rebelión liderada por el mayor (r) Antauro Humala y reservistas del Ejército Peruano contra el gobierno de Alejandro Toledo, acusado de corrupción.
Los crímenes imputados a los etnocaceristas fueron fabricados desde el propio Estado peruano, lo que configura lo que el propio Humala califica como un crimen de Estado.
Fabricación de pruebas y manipulación de documentos
El general Guibovich falsificó fechas y usurpó funciones al emitir un informe final sobre operaciones cuando ya no tenía ese cargo.
Los informes fueron utilizados por la fiscalía para construir una acusación falsa, en base a operaciones militares supuestamente iniciadas después de los asesinatos, cuando en realidad ya se había desplegado al ejército y a los francotiradores.
Un caso para la historia
Este extenso relato de Antauro Humala plantea que el Estado, en un intento de aniquilar una insurgencia política, habría sacrificado a sus propios agentes del orden y luego responsabilizado a los líderes insurgentes. Antauro Humala, armado de documentos secretos, testimonios, peritajes y evidencias visuales, sostiene que su encarcelamiento fue producto de una conspiración de Estado, no de un juicio justo.
Antauro Humala no disparó ni dio orden de matar policías
• Él mismo declara que no realizó ni un solo disparo durante la rebelión de Andahuaylas en enero de 2005.
• El peritaje de absorción atómica lo exoneró de haber utilizado armas de fuego, al dar negativo en plomo, antimonio y bario.
El asesinato de los policías fue producto de francotiradores del ejército
Los policías fueron abatidos por disparos a la espalda, lo que es incompatible con un enfrentamiento directo con los reservistas.
Documentos clasificados del Ejército detalla lan ubicación de patrullas de francotiradores apostados en cerros, que no eran parte del grupo rebelde.
Un documento clave es el informe del general Otto Guibovich, afirma falsamente que las operaciones militares iniciaron después de que ocurrieron los asesinatos.
Los francotiradores eran militares en actividad, infiltrados
Uno de los presuntos autores filmado por TV no era reservista, sino militar en actividad y perteneciente a inteligencia del Ejército.
Cuatro policías murieron por disparos en la espalda, lo cual es incompatible con un enfrentamiento directo.
Incluso, los propios francotiradores capturados por la población firmaron declaraciones juradas negando haber sido secuestrados por los etnocaceristas y confirmando que fueron protegidos por ellos para evitar un linchamiento popular.
El juicio estuvo viciado de origen
Solo tres personas fueron acusadas por homicidio entre los 180 procesados: Antauro, un centinela (que fue absuelto) y otro reservista (que también fue absuelto).
A pesar de no haber coautores, se le acusa a Humala de “coautoría en solitario”, una figura absurda jurídicamente.
El móvil político del crimen de Estado
La orden de asesinar a los policías fue dada desde las más altas esferas del poder político y militar, como una forma de desacreditar la rebelión.
El documento revela la cadena de mando, involucrando a figuras como Alejandro Toledo (presidente), Roberto Chiabra (ministro de Defensa), Carlos Ferrero (premier) y altos mandos militares como Otto Guibovich y Williams.
VEA EL TESTIMONIO COMPLETO
Este caso expone cómo el Estado peruano asesina a sus propios agentes para mantener el poder, mientras el sistema judicial legitima la farsa. La absolución de Humala y el castigo a los culpables son pasos esenciales para desmontar esta maquinaria de impunidad.
Es hora de exigir justicia no solo para Antauro, sino para los policías muertos, cuya memoria ha sido utilizada como moneda de cambio política. El Estado debe reconocer su responsabilidad y juzgar a quienes planificaron y ejecutaron este crimen de Estado.