Mensaje del Grupo Emancipador
- ALTO A LA PERSECUCIÓN POLÍTICA
El depuesto presidente Castillo es víctima de la flagrante arbitrariedad de la Corte Suprema, sometido a un encarcelamiento que es de principio a fin político, a pedido de los poderes fácticos que lo derribaron. Los manipuladores de la ley le han tejido el cargo de “rebelión” pese a que Castillo nunca se levantó en armas como tipifica el Código Penal.
El 7 de diciembre del 2022 a las11:50 de la mañana, Castillo dio un mensaje a la nación anunciando la disolución del Congreso y la instauración de un Gobierno de emergencia excepcional. El mensaje no tuvo consecuencias ni se ejecutó ningún acto. No hubo planes, ni órdenes emitidas, ni desplazamiento de tanques, ni uso de armas ni movilización de seguidores. Fue un discurso de buenas intenciones concordante con el sentimiento de la gente, de ningún modo ajeno a las prerrogativas que la Constitución otorga al Presidente.
Castillo pudo ciertamente equivocarse, entender mal la Constitución o incluso salirse de ella, lo que de por sí no es delito, como no lo son las leyes inconstitucionales que fragua el Congreso. Sería en tal caso una infracción constitucional que solo el Congreso de la República -y ningún otro poder- es competente para juzgar. Mientras el Congreso no haya juzgado y levantado las inmunidades del Presidente, cualquier desconocimiento de su mandato o acto de detención por la vía de las armas constituye, este sí, delito contra los poderes del Estado. Eso fue lo que ocurrió el 7 de diciembre.
Ese día, a las 12:39, luego del discurso, el Tribunal Constitucional acusó de golpe de estado, lo que también hizo la fiscal de la Nación. A las 13:41 el presidente y su familia fueron detenidos por policías que les apuntaron con armas. A las13:55 el Congreso destituyó al presidente por presunta incapacidad moral, con 101 votos a favor.
Aun si se admite esa votación – por debajo de los 104 votos que exige el Reglamento del legislativo- Castillo era hasta ese momento Presidente, protegido por las inmunidades de la Constitución. Ni el TC, ni la Fiscalía, ni la Policía, ni la Fuerza Armada estaban autorizados para detenerlo, ni menos para deponerlo de facto. De modo que la detención que se hizo de él y su familia, sin que medie el levantamiento de la inmunidad por el Congreso, es inconstitucional e ilegal. Con ese acto el Presidente legalmente elegido fue depuesto y encarcelado.
Esta es la verdadera rebelión que se produjo el 7 de diciembre del 2022; el verdadero delito protagonizado por los miembros del grupo armado que detuvo a Castillo y su familia, y por los jefes policiales y militares que avalaron la medida.
La primera en denunciar los hechos debió ser la Fiscal de la Nación, pero la Fiscal puso las cosas a la inversa. Fiscales y jueces arreglaron la detención aduciendo que Castillo se habría rebelado por el solo hecho de pronunciar un discurso, cargo absurdo que han extendido a Betsy Chávez, Aníbal Torres, Roberto Sánchez, y otros miembros de su gobierno contra quienes el ensañamiento mediático no se detiene.
La detención del expresidente y sus ministros constituye abierta persecución política y como tal debe ser rechazada. En su lugar, deben ser procesados, los uniformados y civiles que lo detuvieron por delito de rebelión contra el gobierno democráticamente constituido.
Hay que denunciar que el atropello judicial es semejante en el caso del ex Presidente Ollanta Humala a quién se lo ha sentenciado con evidente odio político, por el solo hecho de mantener relaciones con los gobiernos antiimperialistas de América del Sur, la Venezuela del Presidente Maduro y el Brasil del Presidente Lula.
- CONTRA LA MARGINACIÓN DE CANDIDATOS
Rechazamos también la instrumentación política del poder judicial para excluir partidos y líderes de las próximas elecciones. A los candidatos, Antauro Humala, Martín Vizcarra, Francisco Sagasti, Salvador del Solar, Aníbal Torres, opositores del actual gobierno, se les niega sus derechos de participación política con diversos pretextos.
En el caso de Antauro Humala se ha bloqueado su candidatura ilegalizando su partido con el manido argumento de no ser “democrático”. En los otros casos se les acusa de “corrupción”, “organización criminal” y “lavado de activos”, clichés que fiscales y jueces han puesto de moda y aplican indiscriminadamente.
Estamos, en el fondo ante una guerra política legislativa y judicial (Lawfare) de proporciones grotescas, para excluir a todo trance las candidaturas de oposición y de izquierda, en complicidad con el Jurado Nacional de Elecciones. El propósito es que no pasen los representantes del pueblo. Que no vuelva a ganar otro Castillo. Asegurar así el control de las logias de predicadores, las cúpulas fascistas y mafias de negociantes inescrupulosos que actualmente manejan el gobierno.
El grupo Emancipador actualiza la responsabilidad de los peruanos de defender lo que se ha conseguido hasta ahora. Defender la democracia del pueblo y frenar la dictadura de los representantes. Defender al Presidente elegido por el pueblo y condenar a la señora anodina puesta en el cargo por la maniobra artera de los poderes fácticos. Defender también la Constitución auténtica, la de 1979, y no la que fuera impuesta en 1993 causa última de la inestabilidad, la corrupción y la inseguridad que destruyen al país en estos días.
¡Por la libertad inmediata de Pedro Castillo y Betsy Chávez!
¡Por el cese a la persecución política contra los partidos y representantes del pueblo!
¡Levantar el bloqueo a la candidatura de Antauro Humala y los candidatos excluidos!
¡Por el saneamiento de la república y la restauración de la decencia en el gobierno del Perú!
Lima 14 de abril del año 2025
Comité de diálogo nacional del Grupo Emancipador