Por Jorge Perazzo
Un Estado corrupto ha generado, fomentado y alentado los marcas, los extorsionadores y sicarios que amenazan a vecinos, comerciantes, pequeños empresarios. Aqui las acciones mas urgentes que no se atreven a realizar ni el Kongreso ni Palacio y que puede revertir la escalada delicuencial. Una cruzada contra el crimen de arriba y de abajo.
¿Por qué la seguridad ciudadana es hoy uno de los principales problemas del país?
La seguridad ciudadana se ha deteriorado debido a una combinación de factores profundos y estructurales. No es solo un tema de delincuencia común, sino de pérdida de confianza en las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía. La desconexión entre la policía y el pueblo, la corrupción sistemática en el Estado, la falta de liderazgo moral en las más altas esferas del gobierno, la ausencia de apoyo estatal a las organizaciones vecinales, y la deficiente formación ética y profesional de los propios agentes del orden, han generado un entorno donde reina la impunidad y la inseguridad.
¿Qué papel jugaba antes la policía, y qué ha cambiado?
En décadas pasadas, la figura del Guardia Civil representaba algo más que una autoridad: era un mediador, un vecino más, alguien respetado y conocido por la comunidad. La población confiaba en él y lo llamaba en situaciones de conflicto familiar o vecinal. Hasta resolvia casos. Hoy, esa cercanía se ha perdido. Muchos policías son percibidos como ajenos, indiferentes, e incluso cómplices del delito. Ya no representan a la comunidad, sino a una institución que muchas veces se siente lejana y corrupta.
¿Cuánto influye la corrupción en el problema de la inseguridad?
La corrupción es uno de los factores más graves. Desde los trámites municipales hasta los procesos judiciales, pasando por los servicios policiales, se ha normalizado la «aceitada», es decir, el soborno como mecanismo para obtener atención o justicia. Esta práctica se ha institucionalizado al punto de convertirse en parte del sistema. Y lo más preocupante: muchas veces quienes están detrás no son los funcionarios menores, sino sus superiores, quienes permiten, toleran o participan directamente de estas redes.
¿Qué efecto tiene el mal ejemplo de los líderes políticos y militares?
Los presidentes del Perú en los últimos 40 años, en su mayoría, han terminado encarcelados, prófugos o incluso muertos por escándalos de corrupción. A esto se suman comandantes generales, jueces y altos funcionarios también implicados en delitos graves. Esta realidad ha enviado un mensaje desmoralizador a la población: «Si ellos roban, ¿por qué nosotros no?». Así se ha instalado un modelo negativo que legitima la ilegalidad desde arriba, minando la ética pública.
¿Por qué no se empodera a la población en su defensa colectiva?
El Estado nunca ha intentado fomentar, organizar y apoyar iniciativas populares de vigilancia y autoprotección. Las rondas vecinales, cuando han existido, han sido iniciativas espontáneas, casi siempre sin recursos ni entrenamiento. Solo en zonas acomodadas, donde hay medios para pagar seguridad privada, se han visto respuestas más efectivas, muchas veces con apoyo policial. Pero en los barrios populares, donde vive la mayoría, la respuesta del Estado ha sido mínima o nula, debilitando cualquier intento de organización comunitaria. Es la concepcion siempre presente que ello amenaza su autoridad y control politico.
¿Cuál es el rol de la formación policial en esta crisis?
La formación actual de muchos policías es superficial, rápida y centrada en lo físico o tecnico-represivo más que en lo ético o cívico. No se evalúa la vocación de servicio ciudadano, ni se exige trayectoria moral ni mérito social previo. Esto ha llevado a que personas sin la capacidad ni la ética necesarias porten armas y ejerzan autoridad en las calles. En vez de proteger, algunos terminan involucrados en delitos aprovechando su posición y el acceso a información y recursos. Ni siquiera realizan servicio comunitario previo al lado de la poblacion.
¿Qué se necesita para revertir esta situación?
1. Reconstruir la relación policía-pueblo: Volver al modelo de policía comunitaria, cercana, conocida, con nombre y apellido, que viva en el barrio y trabaje junto con los vecinos y evaluado por ellos.
2. Combatir la corrupción desde la cúspide: Castigos ejemplares y procesos rápidos contra presidentes, alcaldes, jueces y altos funcionarios corruptos. Necesitamos justicia express para delitos del Estado. Un tribunal especial para servidores publcos corruptos.
3. Apoyar e institucionalizar la defensa ciudadana organizada: Legalizar, financiar y entrenar rondas vecinales en todos los barrios, no solo en los que tienen recursos.
4. Reformar la formación policial: Selección basada en valores éticos y mérito social, no solo en condiciones físicas. Entrenamiento riguroso, largo, integral y servicio comunitario obligatorio asignado a una aorganizacion vecinal urbana o rural y su territorio respectivo.
5. Involucrar a la población en la fiscalización del servicio público: Crear mecanismos reales para que los ciudadanos evalúen y califiquen a los servidores públicos, incluidos policías y jueces. Constituir defensores del pueblo elegidos por los vecinos de cada territorio.
¿Es posible tener un Perú más seguro?
Sí, pero solo si se asume que la seguridad no es solo responsabilidad de la policía, sino de toda la sociedad, comenzando por los líderes. Mientras los «padres de la patria» sigan siendo los primeros delincuentes, será difícil exigir honestidad abajo. La seguridad empieza con el ejemplo, con justicia real, con organización comunitaria y con instituciones que respondan al pueblo y no a sus propios intereses. El cambio es urgente, profundo y posible, si lo enfrentamos con decisión, coraje y voluntad colectiva.