ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI
En el 2022, entre la agricultura tradicional de exportación (azúcar, café etc.) y la agroexportación, el valor realizado supera los US $ 11 mil millones de dólares, una cifra récord, si a ello se suma la producción de más de 600 mil agricultores de la costa y sierra que son responsables del 50 % de alimentos que llegan a la mesa popular (papas, zanahorias, cebollas, maíz etc.), y que producen con un débil o nulo apoyo del estado central y regional. Ello nos demuestra la importancia de la actividad agrícola.
En Estados Unidos de Norteamérica y en los países europeos la actividad agrícola y ganadera goza de generosos subsidios de parte del estado como parte de una estrategia de desarrollo, en el marco de la seguridad alimentaria. En los Estados Unidos el subsidio a sus granjeros supera los US $ 1,000 millones de dólares diarios.
Por ello, en el actual contexto de “crisis sistémica” del país, uno de los detonantes de la misma ha sido la falta de urea para los pequeños agricultores ligados al mercado interno. Es más, el ministerio del sector fracasó en cuatro oportunidades en la importación de un poco más de 73 mil toneladas, que a todas luces resultaban insuficientes para los agricultores registrados en el padrón oficial.
Es más, nuestros pequeños agricultores se vieron imposibilitados de pagar los altos precios de los fertilizantes importados, en especial de la urea, cuyo precio por tonelada llegó a superar los US $ 1,000 dólares, elevados precios en gran parte explicados por la guerra Rusia/Ucrania y la especulación.
Por ello, siempre hemos sostenido que constituye una aberración económica que teniendo en el subsuelo importantes recursos gasíferos, en especial en los lotes 88, 56, 57, 58 no apostemos por una petroquímica básica, que nos permita producir internamente urea y nitrato de amonio que se obtienen a partir del gas metano que tenemos en abundancia en los yacimientos de Camisea.
SOBERANÍA E INDUSTRIALIZACIÓN
Solamente un estado soberano sobre los recursos naturales del país puede y debe renegociar estratégicamente con un poderoso Consorcio privado como es Camisea, tal como ha sucedido en el pasado, en lo referente de la determinación del precio del gas natural (2007), en las regalías de exportación entre otras. Por tanto, renegociar los contratos de estabilidad jurídica y tributaria no constituye ninguna herejía en la política económica, si hay una visión de estado.
Es más, existe la certidumbre que los contratos firmados por el lote 88 en el 2000 y del lote 56 en el 2004 hecho posible después de una serie de cambios legales para favorecer la exportación del Consorcio Perú LNG, los mismos que fueron firmados por un período de 40 años; y en el actual contexto las reservas del lote 56 de exportación están casi agotadas, y las reservas del lote 88 deben ser repuestas por el principio de seguridad energética.
En tal sentido, la aprobación de una ley en el Congreso de la República que supere el rol subsidiario del estado en la actividad económica, promoviendo la creación de una “Empresa Nacional de Fertilizantes”, por una estricta necesidad pública, en razón de la importancia de la agricultura ligada al mercado interno y la agroexportación.
Es más, existen los recursos financieros suficientes para levantar una Planta Petroquímica que puede pueda procesar un millón de toneladas de urea anualmente, de las cuales más de 400 mil estarían abasteciendo el mercado interno y el resto se exportaría. La misma que debiera estar en Ica por su cercanía a la llegada del gas natural a la costa.
A pesar de la “crisis sistémica” de un modelo que hemos denominado extractivista en la medida que se extraen recursos de las mayorías para favorecer los intereses de una minoría, que en este caso están representados por las empresas que conforman el Consorcio Camisea y por las empresas importadoras de urea, varias de capitales chilenos, que realizan excelentes negocios importando dicho fertilizante.
Para el 2022, el valor de las importaciones de la urea proveniente de la Rusia Imperial fue de US $ 103 millones a pesar de la guerra. De Indonesia fue equivalente a US $ 45 millones, de Malasia fue por un valor de US $ 31 millones y de Argelia sumó los US $ 20 millones entre los países proveedores.
Para hacer posible la creación de una empresa nacional de fertilizantes se debe asegurar el abastecimiento de gas natural que se constituye en la materia prima esencial. Por ello, Perúpetro la empresa responsable de supervisar los contratos de hidrocarburos, y promover la inversión en el sector debe renegociar la entrega de 200 millones de pies cúbicos diarios a precios menores a los referentes para el gas natural que abastece a las plantas de generación eléctrica.
Se demanda gas barato para la petroquímica básica, y producir urea para la agricultura nacional por un interés social, político en un negocio rentable para las empresas importadoras que tienen márgenes brutos de oligopolio en la importación, distribución y comercialización de urea, acosta de los pequeños agricultores.
En tal sentido, el precio del gas natural para hacer posible la petroquímica básica resulta fundamental. Si se pactan precios industriales para el gas natural prácticamente se condena a muerte el desarrollo de las políticas de valor agregado, como la petroquímica, como ha sucedido en el 2008, a pesar de existir una ley de promoción de la industria petroquímica.
Por ahora, somos un país con crédito internacional a pesar de la convulsión social que remece al conjunto del Perú. La fortaleza macroeconómica debe estar al servicio de las políticas de un mayor agregado como la petroquímica básica. De allí la importancia de superar el principio del rol subsidiario del estado en la economía, por un estado promotor del desarrollo económico.
Así, podemos afirmar que desde el 2009 al 2022 se han importado volúmenes de urea de uso agrícola por un valor puesto en Aduanas por US $ 1,882 millones de dólares. Una Planta Petroquímica que produzca un millón de toneladas anuales no supera los US $ 2,000 millones, y sería rentable en términos sociales y económicos. Es más, puede ser administrada por privados mediante contratos de gestión, para superar el mercantilismo estatal.
La importancia de una Empresa Nacional de Fertilizantes resulta fundamental en la presente coyuntura sobre todo para los agricultores que demandan hoy un mayor apoyo del estado. Es un negocio rentable y tiene un mercado asegurado. Solamente el obsoleto principio de la subsidiaridad de la intervención del estado y la ceguera de nuestra clase política, más los intereses privados se pueden oponer a la industrialización básica del gas natural de Camisea.
Este artículo se publicó el sábado 28 de enero del 2023 en el Diario Uno