Entrega los Ahorros del Pueblo al Casino Financiero
Una voz crítica ante la nueva ley de las AFP aprobada por un Congreso sin legitimidad
El Kongreso de la República, en medio de una crisis y des legitimidad absoluta, ha aprobado una nueva ley de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que no es una reforma, sino una sentencia de muerte para el derecho a una pensión digna en el Perú.
Esta ley no busca mejorar las pensiones; busca consolidar el abandono del Estado frente a su obligación histórica de garantizar la vida futura de quienes han construido esta nación con su sudor.
No se trata de “mejorar la eficiencia” ni de “ampliar opciones”. Se trata de una transacción criminal: el Estado renuncia definitivamente a su rol protector, y entrega los ahorros obligatorios de millones de trabajadores —el fruto de su trabajo, de sus horas extras, de sus salarios precarizados— a manos de entidades financieras privadas que no son peruanas, que no producen, que no generan empleo, que solo especulan.
El Estado se retira. El capital financiero entra.
Las AFPs, aunque operen con nombres peruanos, son filiales de grandes grupos financieros internacionales: BBVA, Scotiabank, Credicorp, Allianz… capitales que tienen sus sedes en Londres, Nueva York o Zúrich. Sus intereses no están en Lima, ni en Arequipa, ni en Cusco. Están en los mercados globales, en los derivados, en las bolsas de valores, en los bonos soberanos de países en quiebra, en los fondos de cobertura que apuestan contra las economías emergentes. Son actores del gran casino global del capitalismo financiero, donde los ahorros de los trabajadores son fichas de apuesta.
¿Qué significa esto? Que el dinero que un joven peruano aporta mensualmente un porcentaje de su salario desde sus primeros días de trabajo, muchas veces insuficiente para cubrir alimentación y transporte— no se guarda en una caja segura. Se invierte en títulos de deuda de empresas que despiden trabajadores, en acciones de mineras que contaminan ríos, en bonos de gobiernos que recortan salud y educación. Y cuando el mercado cae —como ha ocurrido repetidamente en 2008, 2020 o hoy, en medio de la inflación global y la guerra—, son los jubilados quienes pagan el precio.
Las pensiones más bajas del continente… y ahora peores
Actualmente, la pensión promedio en el Perú es de S/ 650 al mes. Menos de lo que cuesta una canasta básica en muchos distritos. ¿Y qué propone esta nueva ley? ¡Más de lo mismo! Más obligatoriedad para los jóvenes, más ahorros canalizados hacia las AFPs, más control del capital financiero sobre el futuro de las familias peruanas. ¿Y cómo se justifica? Con el mito de que “las AFPs son más eficientes que el Estado”.
Pero aquí está la verdad incómoda: *el Estado nunca dejó de ser eficiente en garantizar pensiones. Lo que dejó de hacer fue *invertir en industria, en empleo formal, en políticas públicas que generaran ingresos estables para los trabajadores. En lugar de impulsar una economía productiva, el Estado neoliberal eligió desindustrializar, privatizar, precarizar. Y ahora, cuando el sistema colapsa bajo el peso de esa política, culpa a los trabajadores por no ahorrar lo suficiente… y les exige que sigan ahorrando… ¡para que los bancos especulen con eso!
No se trata de regular, se trata de recuperar
Dicen los defensores de la ley AFP: “¡Se limitaron las comisiones! ¡Se aumentó la transparencia! ¡Se mejoró el régimen de inversión!”
Pero eso es como decir que si le quitas una pistola a un asesino y le das un cuchillo, ¿ya no es peligroso?.
El problema no es el tamaño del cuchillo, es que sigue matando.
No importa cuántas regulaciones se impongan: mientras los ahorros de los trabajadores sean invertidos en activos financieros especulativos —y no en infraestructura, vivienda, energía limpia o producción nacional—, la pensión será siempre una lotería. Y los trabajadores, los viejos, los que se retiraron hace años, seguirán muriendo con hambre, con medicinas que no pueden pagar, con la vergüenza de haber trabajado toda la vida y no tener derecho a una vida digna.
La obligatoriedad: un nuevo castigo para los jóvenes
Ahora, incluso los jóvenes que apenas empiezan su vida laboral, que ganan menos de S/ 1,000 al mes, que viven en alquileres precarios, que no tienen acceso a salud pública decente… ¡tienen que destinar parte de su escaso ingreso a un fondo que nadie controla, que no responde a nadie, y que puede perderlo todo en una caída bursátil! ¿Es justo? ¿Es ético? ¿Es humano?
¡Esto no es protección social. Es explotación institucionalizada.!
El verdadero responsable: el empresario que no paga lo justo
Aquí está la gran mentira que ocultan: la pensión no debería depender de los ahorros del trabajador. Debería depender de los aportes del empleador, del Estado, y de un sistema solidario. Pero en el modelo neoliberal, el patrón paga lo mínimo, el Estado se retira, y el trabajador queda encargado de salvarse solo.
Eso no es justicia. Eso es violencia estructural.
Si realmente quisieran garantizar pensiones dignas, el Estado debería:
- Exigir a las empresas que paguen salarios justos y contribuyan al fondo de pensiones en proporción real a sus utilidades.
- Recuperar la gestión pública de las pensiones mediante un sistema de reparto solidario, como el que existió antes de las AFPs.
- Invertir los recursos del Fondo de Pensiones en proyectos productivos nacionales: vivienda, energía renovable, agricultura sostenible, educación… no en bonos del Tesoro estadounidense ni en derivados de petróleo.
Una ley aprobada por un Congreso sin pueblo
Esta ley fue aprobada por un Parlamento que no representa a nadie. Un Congreso absolutamente impopular, bajo un gobierno interino que no tiene mandato legal ni real, que gobernó por orden que no viene del pueblo, que reprimió manifestaciones pacíficas, que silenció voces críticas.
Y ahora, en medio de una ola de rechazo ciudadano —que ha movilizado a sindicatos, universidades, organizaciones sociales, jubilados y jóvenes—, aprueban una ley que condena a generaciones enteras a la miseria.
Los movimientos sociales, los economistas críticos, los exdirectores de la ONP, los sindicatos, los profesores, los médicos, los artistas… todos coinciden: esta ley es un robo legalizado.
No hay reforma, hay rendición
Esta ley no es una reforma. Es una rendición. Rendición del Estado ante el capital financiero internacional. Nueva rendición del Estado ante el poder económico. Rendición de la justicia social ante el lucro privado.
No se trata de «regular» más. Se trata de abolir las AFPs y recuperar el derecho a una pensión pública, universal, solidaria y financiada por el Estado y los grandes capitales que se enriquecieron con el trabajo de los peruanos.
Nadie debe morir con hambre porque trabajó toda su vida. Nadie debe ver su futuro vendido a un banco que vive de la especulación. Nadie debe creer que su jubilación depende de si el dólar sube o baja, o si Wall Street decide jugar con sus ahorros.
La pensión no es un producto financiero. Es un derecho humano.
Y mientras el Estado lo convierta en mercancía, mientras entregue los ahorros del pueblo a los casinos del capital global, no habrá reforma que salve a los jubilados. Solo habrá más dolor. Más indignación. Y más resistencia.
“No queremos más AFPs. Queremos justicia. Queremos pensiones dignas. Queremos que el Estado cumpla su palabra.”
— Movimiento Nacional contra las AFP, Perú 2024