El Estado como botin
Jorge Perazzo
En el Perú, la corrupción no es un hecho aislado ni excepcional: es un sistema enquistado en las instituciones del Estado, sostenido por mafias políticas, judiciales, económicas y mediáticas que operan con total impunidad. Aunque el 98% de la población rechaza a las autoridades y al Congreso, estos grupos continúan ejerciendo poder a espaldas de la ciudadanía, sin buscar legitimidad, protegidos por los medios de comunicación y las élites económicas. Esta situación no debe analizarse solo desde la óptica política, sino como un problema criminal y penalista, donde la captura del Estado por mafias representa una dictadura disfrazada de legalidad.
A la luz de los múltiples casos de corrupción que han sacudido al Perú en la última década —desde Odebrecht, Fujimori, “Los Niños” hasta “Reniecgate”, pasando por “Cuellos Blancos del Puerto” y “La Máquina”—Vane, Rolex, Santibañex, no basta con denunciar los actos de malversación o presentar listas de involucrados.
Es urgente cambiar el enfoque: dejar de analizar la corrupción desde una perspectiva meramente política y asumirla, en cambio, como un fenómeno criminal, sistémico y estructural, que opera con la lógica de una mafia institucionalizada.
Lo que hoy vive el Perú no es simplemente una crisis de representación o una mala gestión estatal. Es algo más profundo: un dominio paralelo del poder, que se disfraza de legalidad, que utiliza las instituciones del Estado como herramientas de control y enriquecimiento, y que ha logrado colonizar el pensamiento colectivo de la sociedad. A pesar de que más del 98% de la población rechaza al Congreso y a las élites gobernantes, estas siguen actuando con absoluta impunidad, sin temor, sin legitimidad, pero con todo el control.
El Estado como botín: una dictadura encubierta por la falsa legalidad
Las autoridades del Estado —congresistas, ministros, jueces, fiscales, funcionarios— ya no gobiernan para servir al pueblo. Gobiernan para preservar su poder, su privilegio y el de empresas patrocinadores. Actúan a espaldas de la ciudadanía, sin interés alguno en su opinión, en sus necesidades o en su futuro. Han creado un sistema donde:
-Se modifican las tres cuartas partes de la Constitución no para mejorar el país, sino para permitir la reelección, blindar a los corruptos y perpetuar el poder de unos pocos.
-Se aumentan salarios de forma descarada, mientras millones viven en pobreza.
-Se aprueban leyes para encubrir delitos, como el “paseo de la muerte” legislativo que archiva investigaciones o reforma el sistema judicial para proteger a los suyos.
Todo esto se hace bajo la apariencia de legalidad. No es una dictadura militar ni un golpe de Estado. Es una dictadura civil, sutil, sofisticada: una colonización del Estado por mafias políticas, que usan el lenguaje del derecho para justificar lo injusto, el del bien común para enriquecerse, y el de la democracia para desmantelarla.
Los medios y la guerra cognitiva: cómo se fabrica la resignación
Este dominio no sería posible sin el control de la información. Los grandes medios de comunicación, muchas veces ligados a intereses económicos que se benefician del statu quo, juegan un papel clave en esta guerra cognitiva. Repiten una y otra vez el mismo mensaje:
“La corrupción es inevitable.
Todos roban.
No hay uno honesto.
Es así, y no se puede cambiar.”
Este discurso, repetido hasta la saciedad, normaliza lo anormal. Convierte el crimen en rutina, la ilegalidad en costumbre, y la indignación en resignación. La gente, al ver que nadie es castigado, que todo queda en la impunidad, termina pensando:
“¿Para qué luchar?
¿Para qué indignarse?
Total, da igual.”
Y así, el ciudadano se convierte en un espectador pasivo de su propio despojo. Ve cómo roban al Estado como si fuera un asalto en la calle: siente rabia, pero no interviene, porque teme represalias, porque cree que no sirve de nada, porque ha sido condicionado a pensar que todo está podrido.
La informalidad como respuesta: cuando el pueblo imita al poder
Esta corrupción sistémica no solo deslegitima al Estado. También corrompe la moral social. Cuando la gente ve que los de arriba roban, evaden impuestos, contratan de forma irregular, y nunca pagan, aprende que eso es lo normal. Y entonces, en su propio nivel, replica el modelo:
En la minería ilegal, porque “si ellos lo hacen, ¿por qué yo no?”, En la construcción informal, porque “el Estado no me ayuda, y encima ellos hacen lo mismo”. En el comercio sin facturas, porque “los grandes empresarios también evaden”. En la delincuencia, porque “el sistema no me da oportunidades, y los de arriba viven bien sin merecerlo”.
La informalidad, en este contexto, no es solo un fenómeno económico. Es una respuesta social a la corrupción estructural. Es la forma en que los excluidos se apropian de un sistema que los excluye. Y así, se genera una complicidad difusa, no por apoyo al crimen, sino por desesperanza, por falta de alternativas, por la sensación de que todo el mundo juega sucio, menos yo, y por eso pierdo.
La despolitización: el colapso de la ciudadanía
El resultado final es una sociedad despolitizada, desencantada, desmovilizada. La gente no solo rechaza a los políticos: rechaza la política misma. Las elecciones ya no son vistas como una herramienta de cambio, sino como un espectáculo más, donde todos mienten, todos roban, y solo importa quién promete más.
Así, el ciudadano vota no por convicción, sino por desesperación o ilusión:
- Por el que regala un balón de gas.
- Por el que habla bonito, aunque su partido esté lleno de corruptos.
- Por el que dice que va a luchar contra la corrupción, mientras ha sido parte de ella.
Y cuando este nuevo gobierno también falla, la gente no se sorprende. Dice: “Ya lo sabía. Así son todos.” Y vuelve a resignarse. Es un círculo vicioso de corrupción, desilusión y pasividad, que solo beneficia a quienes ya están en el poder.
Hacia una contraguerra cognitiva: recuperar la conciencia colectiva
Frente a esta realidad, es inútil limitarse a denunciar casos aislados. Es necesario entender el sistema en su conjunto y combatirlo en el terreno del pensamiento. Se requiere una contraguerra cognitiva que:
- Desenmascare las mentiras que justifican la corrupción.
- Recupere el sentido de dignidad y de pertenencia al país.
- Reconstruya la confianza en la posibilidad de cambio.
- Educación ciudadana crítica, que enseñe a distinguir entre el populismo y la verdadera propuesta.
- Medios alternativos y periodismo independiente, que no repitan la narrativa del poder.
Porque si bien el Estado ha sido ocupado por mafias, el país no les pertenece. El Perú es de quienes lo habitan, de quienes lo trabajan, de quienes aún sueñan con un futuro justo.
No es resignación. Es resistencia dormida.
Lo que hoy parece resignación, en realidad es dolor acumulado, indignación congelada. La gente no ha aceptado la corrupción. Solo ha sido desarmada emocional y cognitivamente por un sistema que domina no solo las instituciones, sino también las mentes.
Pero esta pasividad no es eterna. En algún momento, la indignación superará el miedo. Y cuando eso ocurra —y ocurrirá—, no será un simple cambio de gobierno. Será una reconquista del Estado, una refundación moral del país, un levantamiento ciudadano contra la colonización del poder.
Mientras tanto, nuestra tarea no es solo denunciar, sino iluminar, educar, movilizar. Porque mientras más clara sea la conciencia, más corto será el camino hacia la justicia.
“Un pueblo que entiende cómo lo manipulan, ya no puede ser manipulado.”
— Esta es la primera victoria en la batalla por el Perú.