Por Serafín Mondragón Juárez.
N. de la R. El pasado 20 de octubre, en la Casa del Maestro- Lima, el Grupo Emancipador llevó a cabo la conferencia magistral titulada “Análisis crítico y propuestas para el cambio social y político del Perú”, un espacio de reflexión convocado para debatir los grandes desafíos estructurales del país. La ponencia estuvo a cargo del doctor y ex canciller de la República, Héctor Béjar, cuya amplia trayectoria intelectual y política aporta claves fundamentales para comprender nuestra coyuntura. Debido a la relevancia de sus reflexiones y propuestas, reproducimos su exposición a continuación, con mínimos ajustes de edición para facilitar su lectura por el público en general.
Numeroso público acudió a la conferencia.
Exposición inicial:
Con frecuencia, el debate económico nacional se reduce a una cifra optimista: el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI). Se presenta como el termómetro indiscutible del bienestar y el progreso del país. Sin embargo, un análisis riguroso de la estructura productiva, el destino real del gasto público y el tratamiento tributario a las grandes corporaciones extractivas revela una realidad mucho más compleja y frágil. ¿Crece realmente el país o solo se inflan los precios internacionales de las materias primas?
El espejismo del PBI y la trampa primario-exportadora
Históricamente, los economistas ortodoxos han consagrado al PBI como el indicador supremo del desarrollo. No obstante, al desglosar los datos, surge una contradicción fundamental. Gran parte de lo que se contabiliza como producción nacional no proviene de una sólida industria interna, sino de la explotación de recursos primarios enclaves de exportación operados por capitales extranjeros.
Tomemos como ejemplo la evolución física frente al valor nominal de las exportaciones. Entre 2021 y 2025, la producción física de cobre en el Perú experimentó un incremento modesto, pasando de 2.29 millones a aproximadamente 2.6 millones de toneladas métricas (un crecimiento físico cercano al 13%). Sin embargo, el valor exportado de este metal se disparó de forma exponencial de 10,100 millones de dólares a más de 23,240 millones de dólares en el mismo periodo, un incremento superior al 130%.
Este fenómeno demuestra que el aumento en los indicadores macroeconómicos no responde necesariamente a una mayor diversificación o industrialización del aparato productivo, sino a una disparada en los precios internacionales de las materias primas (como el cobre y el oro). El país produce en volumen montos similares, pero percibe ingresos extraordinarios debido a la coyuntura de precios externos. No es el país el que se industrializa o diversifica estructuralmente; es el valor internacional de sus minerales el que fluctúa y distorsiona la percepción de riqueza.
Gasto público: La abismal brecha con los países desarrollados
Otro de los pilares del debate gira en torno al tamaño del Estado y el gasto público. Mientras que en economías desarrolladas —como los países nórdicos o miembros de la OCDE— el gasto público representa históricamente alrededor del 50% del PBI, financiando robustos sistemas de bienestar, infraestructura y servicios universales, en el Perú esta cifra apenas bordea el 15%.
Al comparar el presupuesto público peruano (que ronda los 250,000 millones de soles) con los estándares internacionales, la desproporción es inocultable. Con un presupuesto fraccionado y una capacidad de ejecución crónicamente limitada en los gobiernos subnacionales (regiones y municipalidades), los recursos resultan insuficientes para cubrir necesidades básicas de la ciudadanía.
Paradójicamente, desde ciertos sectores conservadores se argumenta que el Estado «gasta demasiado». El problema central, sin embargo, no es el volumen abstracto del gasto, sino su absoluta insuficiencia frente a las demandas sociales y la incapacidad técnica y administrativa para ejecutarlo con eficacia y transparencia. Las consecuencias están a la vista: infraestructura escolar deteriorada, servicios de salud precarios y una inversión social que no logra romper el ciclo de la pobreza estructural.
Minería: ¿Cuánto aportan las corporaciones extractivas?
El discurso empresarial suele enfatizar el aporte masivo de la minería a la economía nacional. Si bien es cierto que las ventas globales del sector minero alcanzaron cifras récord entre 2024 y 2025 (proyectándose entre 60,000 y 84,000 millones de dólares), la correlación entre lo que se exporta y lo que efectivamente queda en las arcas fiscales merece un escrutinio profundo.
Por un lado, operan los mecanismos de transferencia fiscal como el canon, las regalías y los derechos de vigencia. No obstante, al analizar los impuestos netos pagados y las devoluciones tributarias que el Estado otorga a las grandes corporaciones bajo diversos regímenes de exoneración, el balance neto se reduce drásticamente. A esto se suma el problema histórico de la subejecución presupuestal en las regiones mineras, donde los recursos transferidos por canon no logran traducirse en obras de alto impacto social o en sistemas integrales de prevención ante fenómenos climáticos como el «Niño costero».
Deuda externa, reservas y desigualdad estructural
En el plano financiero, conviven dos realidades contradictorias: por un lado, unas sólidas reservas internacionales netas que superan los 90,000 millones de dólares; por el otro, una deuda externa e interna significativa y una recaudación tributaria general que sigue gravando desproporcionadamente al consumo (a través del Impuesto General a las Ventas) en lugar de implementar una imposición progresiva sobre las grandes fortunas y las rentas del capital.
Los regímenes de exoneración vigentes en regiones clave como la Amazonía —diseñados teóricamente para incentivar el desarrollo de zonas alejadas— a menudo terminan configurando esquemas de beneficio fiscal para grandes operadores comerciales, mientras la presión tributaria global del país se mantiene rezagada por debajo de la mitad del promedio latinoamericano.
Conclusión
El modelo económico peruano se encuentra ante una encrucijada histórica. Continuar administrando el país bajo la premisa de que el crecimiento del PBI y las bonanzas pasajeras de los precios internacionales bastan para garantizar el desarrollo es un error conceptual y político.
Sin una reforma tributaria profunda que asegure una contribución justa de los sectores primario-exportadores, sin una verdadera apuesta por la diversificación industrial y sin la modernización radical de la capacidad de gestión del Estado en todos sus niveles, el Perú seguirá atrapado en la dinámica de morderse la cola: un país formalmente rico en recursos naturales, pero profundamente frágil en su tejido social y económico.
El inteercambio de ideas con el público fue muy fructífero.
Exposición final: Situación económica e institucional del país.
- Problemas estructurales de recaudación y el rol de los impuestos:
- Existe una brecha significativa entre la capacidad de recaudación formal y las necesidades reales del Estado, lo que perpetúa un déficit fiscal estructural recurrentemente cubierto mediante endeudamiento público y emisión de bonos.
- La evasión, la elusión tributaria y el uso de paraísos fiscales erosionan la base de ingresos. Se señala que los grandes contribuyentes o corporaciones encuentran mecanismos para minimizar sus cargas fiscales, trasladando el peso del sostenimiento del Estado hacia esquemas indirectos o generando un sistema inequitativo.
- Corrupción, opacidad y el ciclo de la deuda:
- El endeudamiento y la emisión de bonos públicos, al carecer en muchos casos de una trazabilidad estricta y transparente, se convierten en espacios propicios para la corrupción sistémica.
- Se denuncia un esquema en el cual el endeudamiento masivo no se traduce en bienestar social, sino que alimenta redes de corrupción donde los costos de las obras se inflan artificialmente mediante adendas y sobrecostos.
- Ineficiencia en la inversión pública y ejecución de obras:
- El Estado padece de una severa precariedad técnica y administrativa («un Estado pegado con plástico»). Esto se refleja en la bajísima capacidad de ejecución presupuestal de los gobiernos subnacionales (regionales y locales), donde un porcentaje elevado de los proyectos se ralentiza, se paraliza o presenta deficiencias técnicas insostenibles.
- La falta de profesionalización en los cuadros técnicos impide una adecuada planificación y supervisión, contrastando la lentitud y encarecimiento de la obra pública tradicional frente a mecanismos de ejecución más eficientes.
- Descentralización y gobernanza regional:
- Se observa una correlación crítica entre la gestión de los gobiernos subnacionales (alcaldías y presidencias regionales) y los altos índices de ineficiencia o cuestionamientos por corrupción, lo que evidencia que la descentralización fiscal y administrativa no ha venido acompañada de capacidades técnicas ni de fiscalización ciudadana efectiva.
La conferecia se desarrolló en la Casa del Maestro, Paseo Colón 215- Lima.
Propuestas de solución
- Reforma y equidad tributaria:
- Ampliar la base tributaria y reducir la evasión: Fortalecer los mecanismos de control de la administración tributaria para fiscalizar de manera drástica la elusión fiscal y el desvío de capitales hacia jurisdicciones de baja tributación (paraísos fiscales).
- Justicia fiscal: Reorientar las exoneraciones y beneficios tributarios hacia sectores productivos que realmente generen empleo formal, asegurando que las grandes corporaciones aporten de acuerdo con su real capacidad económica para reducir el déficit fiscal sin asfixiar al contribuyente formal.
- Modernización y meritocracia en la gestión pública:
- Profesionalización del aparato estatal: Reemplazar la precariedad administrativa por un sistema de carrera pública basado estrictamente en la meritocracia, la capacidad técnica y la especialización en gestión de proyectos.
- Reingeniería de la inversión pública: Simplificar los procesos burocráticos engorrosos sin eliminar los filtros de transparencia, estableciendo estándares internacionales de ingeniería y supervisión para evitar el sobrecosto y la paralización de carreteras, hospitales y infraestructura básica.
- Lucha frontal contra la corrupción y transparencia en la deuda:
- Trazabilidad de la deuda pública y los bonos: Implementar una fiscalización ciudadana e institucional rigurosa sobre el destino de los fondos obtenidos mediante emisión de bonos y endeudamiento externo, castigando penal y administrativamente la concertación en licitaciones y el uso injustificado de adendas.
- Eliminación de la impunidad en contrataciones: Sancionar drásticamente a los malos funcionarios y empresas constructoras que coludan para encarecer las obras del Estado.
- Fortalecimiento de capacidades en Gobiernos Regionales y Locales:
- Acompañamiento técnico centralizado: Crear oficinas de asistencia técnica de alto rendimiento desde el gobierno central para acompañar a los gobiernos regionales y locales en la ejecución de sus presupuestos de inversión, evitando que miles de millones de soles se queden sin gastar o se ejecuten de manera deficiente.
- Rendición de cuentas obligatoria: Condicionar las transferencias presupuestales subnacionales a metas estrictas de cumplimiento, transparencia digital y calidad de servicio al ciudadano.