La segunda parte de este artículo invierte el ángulo. Si la primera parte argumentó qué reforma hacer y por qué es urgente, esta segunda parte argumenta qué no hacer y por qué el gobierno actual, al hacerlo, no actúa por ignorancia sino por interés. La copia mecánica de los modelos de Bukele y Noboa no es una política de seguridad: es una operación de distracción. Mientras se exhiben cascos, fusiles y declaraciones de emergencia, se deja intacto el corazón del problema. Y se deja intacto precisamente porque tocarlo equivaldría a tocarse a sí mismo.

El éxito comunicacional, sin embargo, encubre un costo institucional altísimo. Un Estado que suspende derechos sin controles abre la puerta a abusos contra inocentes. Elimina garantías procesales. Normaliza la detención sin prueba. Debilita instituciones —al Poder Judicial, a la Fiscalía, a la propia Asamblea Legislativa— para concentrar poder en el ejecutivo. La pregunta no es si El Salvador redujo homicidios. La pregunta es a qué precio, durante cuánto tiempo, y con qué tipo de Estado al final del camino. Las respuestas son, todas, incómodas.

El Salvador no es un modelo exportable. Es un caso excepcional, con un costo institucional y humano que cuestiona su sostenibilidad democrática. Querer replicarlo mecánicamente en el Perú, con una PNP corrupta, es una irresponsabilidad que solo puede sostenerse desde el interés.

¿Qué falló? Todo lo que en El Salvador funcionó por concentración de poder y por una institución policial con capacidad operativa —aunque al costo de garantías—, en Ecuador falló por ausencia de inteligencia, ausencia de control territorial real y ausencia de reforma institucional. Fuerza sin inteligencia y sin control territorial no basta. Los despliegues extraordinarios no sustituyen una reforma institucional sostenida. Ecuador no es un modelo a imitar: es la prueba empírica de que la mano dura punitiva, sin reforma, no solo no funciona: empeora.

Y sin embargo, el gobierno peruano prefiere invocar a Ecuador antes que hablar de reforma policial. Prefiere mostrar imágenes de militares en las calles antes que mostrar expedientes concluidos contra generales corruptos. Prefiere el estado de excepción renovable antes que la evaluación universitaria obligatoria. La razón es la misma de siempre: la emergencia es espectáculo, la reforma es riesgo. La emergencia no toca al cuerpo político del régimen; la reforma, sí.

Si el modelo ecuatoriano: militarización prolongada, estados de excepción sin reforma fracasó, ¿por qué replicarlo? Si los 87 estados de emergencia peruanos desde 2015 no redujeron los homicidios, ¿por qué prorrogarlos? La respuesta es que la mano dura punitiva no se aplica para resolver la inseguridad: se aplica para simular que se hace algo, mientras se protege el statu quo institucional que produce la inseguridad.

Aquí se llega al núcleo político del problema. El gobierno actual pretende aplicar mecánicamente los modelos de El Salvador y Ecuador —ambos negativos, ambos imposibles de repetir— mientras rechaza insistente e interesadamente la reforma policial. No es una coincidencia: es una coherencia perversa. El gobierno sabe que la PNP es el centro de la corrupción. Sabe que sin tocar ese centro, toda política de seguridad es simulacro. Y sabe, también, que tocar ese centro equivaldría a tocar las redes de protección que blindan a las propias autoridades oficiales.

Por eso la negativa a reformar la policía no es ignorancia: es cálculo. El gobierno prefiere el espectáculo punitivo, más militares en calles, más estados de excepción, más penas en el papel, porque ese espectáculo no amenaza sus intereses. La reforma policial, en cambio, los amenaza directamente. Una evaluación integral de todo el personal, con revisión de enriquecimiento injustificado, pondría al descubierto redes de complicidad que involucran a mandos políticos. La obligatoriedad de cámaras corporales con transmisión en tiempo real expondría operaciones hoy protegidas por la opacidad. La depuración de ascensos rompería el mercado de los puestos. Cada una de las reformas urgentes enumeradas en la primera parte es, simultáneamente, una medida de seguridad y una medida anticorrupción que apunta al corazón del régimen.

Y la paradoja final: el discurso oficial de mano dura dura ya diez años, y la inseguridad, también.

La síntesis comparada ayuda a ordenar la discusión. La tabla siguiente resume los principales modelos internacionales y la lección que cada uno deja para el Perú.

Frente a los falsos espejos de El Salvador y Ecuador, hay ejemplos positivos que prueban —de manera consistente— que la reforma policial es el camino. No son casos mediáticos ni producen titulares de «país más seguro del mundo en seis meses». Son modelos sostenibles, construidos sobre instituciones sólidas y sobre la confianza entre policía y ciudadanía. Y todos comparten una misma idea central: la mano dura funciona cuando el Estado es capaz de imponer orden y, al mismo tiempo, rendir cuentas.

La lectura conjunta de estos cinco ejemplos es inequívoca. Todos comparten una misma idea: la seguridad se construye con una institución policial reformada, profesional, honesta, cercana al territorio y rendidora de cuentas. Ninguno se construyó con militarización prolongada, estados de excepción indefinidos o penas triplicadas como espectáculo. La mano dura eficaz es, en todos los casos, mano dura con reglas, con institución y con confianza.

Aquí se alcanza la formulación más incómoda del artículo. La reforma policial en el Perú, tal como se practica —o, más bien, tal como se evade— es negativa. No es que la reforma sea negativa: es que su rechazo interesado, combinado con la importación mecánica de modelos punitivos fracasados, configura una política de seguridad que es, ella misma, parte del problema.

Lo negativo no es la reforma. Lo negativo es su negativa. Lo negativo es que, mientras el gobierno exhibe cascos y promueve estados de excepción, deja intacto al cuerpo político de la PNP, deja pendientes los expedientes contra mandos superiores, deja vigentes los mecanismos de ascenso viciados y deja operando a las redes de protección que conectan a la policía con las autoridades del propio régimen.

Los ejemplos positivos arriba sintetizados prueban, precisamente, lo contrario. Prueban que la reforma policial es la condición de cualquier mano dura seria. Prueban que sin tocar a la propia institución, toda fuerza adicional se captura. Prueban que sin depuración de mandos, sin formación universitaria, sin proximidad territorial y sin tolerancia cero con la corrupción interna, no hay modelo sostenible. Y prueban, finalmente, que el gobierno peruano, al rechazar esa reforma, no está cometiendo un error técnico: está ejerciendo una opción política de protección.

La copia mecánica de Bukele y Noboa, por tanto, no es una desviación del discurso oficial. Es el discurso oficial mismo. Es la coartada que permite evadir la única reforma que importaría. Y mientras esa coartada se sostenga, la inseguridad seguirá creciendo, la confianza institucional seguirá colapsando, y la paradoja se profundizará: el país que más estados de emergencia decreta será también el país donde más homicidios se registran. No por casualidad. Por doctrina.

Arriba: contra la inseguridad en el poder. Contra la corrupción de las altas autoridades y de los mandos policiales. Contra los expedientes pendientes que se acumulan sin concluirse. Contra los generales investigados que siguen libres. Contra los ascensos vendidos y las comisarías negociadas. La inseguridad en el poder es la más peligrosa, porque su ejemplo cunde en toda la ciudadanía: cuando el poderoso roba millones y no pasa nada, el mensaje que llega al barrio es brutalmente pedagógico.

Abajo: contra la extorsión que cobra por WhatsApp, el sicariato que se cotiza en dólares, el cobro de cupos que estrangula al comercio, la trata, la minería ilegal, las bandas que controlan territorios. Pero esta dimensión —la que el gobierno exhibe como su prioridad— solo es eficaz si va acompañada de la dimensión de arriba. Sin reforma en el poder, la mano dura en las calles se captura. Sin depuración de mandos, los patrulleros siguen cobrando. Sin fiscales anticorrupción con capacidad triplicada, las redes siguen operando.

La tesis de este artículo es única y coherente. Poner mano dura en el Perú significa atacar el corazón de la inseguridad, y ese corazón es la PNP y su cuerpo político. Significa rechazar los falsos espejos de El Salvador y Ecuador —casos negativos, imposibles de repetir y, en su versión peruana, hipócritas—. Significa aprender de los ejemplos positivos —Singapur, Medellín, Georgia, Islandia, Japón—. Y significa, sobre todo, una reforma que apunte arriba y abajo, porque la inseguridad en el poder es la más peligrosa y la que más cunde.

El gobierno actual no hace nada de esto: copia mecánicamente modelos fracasados, rechaza interesadamente la reforma policial, protege al cuerpo político de la PNP, y exhibe el espectáculo de la mano dura en las cámaras mientras aplica la mano blanda en los despachos. Por eso la reforma policial es urgente. No es una opción entre varias: es la condición básica, urgente y necesaria. Es la reforma demográfica, activa, fiscalizadora y garantista que el país demanda. Es la reforma que el gobierno rechaza porque sabe que tocar la PNP es tocarse a sí mismo. Y es, por eso mismo, la reforma que la ciudadanía debe exigir sin tregua.