El pedido mas parece una distracción de los problemas de fondo, la incapacidad ejecutiva de resolver con las leyes y medios disponibles y a la vocacion absolutista y autoritaria del fujimorato 2.0
UN ANALISIS DETALLADO DEL GRUPO DE ECONOMIA Y ANALISIS SOCIAL
📋 Informe · Grupo de Economía Política y Social (GEPS)
Análisis del proyecto de ley de delegación de facultades solicitado por el Poder Ejecutivo
Evaluación general y específica de la solicitud presentada el 28 de agosto de 2026 por la presidenta Keiko Fujimori y el premier Luis Galarreta con carácter de «muy urgente».
El pedido de delegación de facultades debe ser rechazado
No pasa ninguna de las exigencias de la Constitución: no delimita materias específicas y no sustenta el sentido de urgencia de un pedido «muy urgente».
☰ Las 8 materias de la delegación solicitada
- Penal, procesal penal, ejecución penal, seguridad ciudadana, orden interno, régimen penitenciario y migraciones
- Fortalecimiento de micro y pequeñas empresas
- Laboral y promoción del empleo
- Simplificación administrativa, barreras burocráticas, calidad regulatoria y transformación digital
- Desarrollo productivo, innovación agraria, recursos hídricos, pesca, minería, energía, ambiental e infraestructura
- Régimen tributario, aduanero y facilitación de comercio
- Reforma estructural, organización y modernización del Estado y del servicio civil
- Vivienda y saneamiento
✦ ¿Quién es el GEPS?
El Grupo de Economía Política y Social se ha fundado para proponer, debatir e influir en el planeamiento estratégico y en las políticas públicas que impulsen un desarrollo productivo inclusivo, sostenible y soberano para el Perú: formular diagnósticos y propuestas concretas, técnicamente viables, social y ambientalmente sostenibles y fiscalmente responsables.
Cuestionamos las ideas que han dominado el debate público durante más de cuatro décadas y que ofrecen como único futuro posible precariedad, inseguridad y mayores desigualdades. Han producido una economía con un tejido productivo incapaz de ofrecer trabajo de calidad para las mayorías y un Estado permanentemente débil, imposibilitado de asumir sus funciones más básicas: salud, educación y seguridad.
Estas políticas minimizaron la planificación estratégica, la promoción científico-tecnológica y la protección de los ecosistemas, e impiden avanzar en la diversificación productiva, el empleo digno y la reducción de desigualdades. Necesitamos nuevos paradigmas que garanticen gobernabilidad, crecimiento y cohesión social.
👥 Ver los 18 integrantes del GEPS
Germán Alarco · Jean Paul Benavente · Libertad Casavilca · Edgardo Cruzado · Fernando Cuadros · Óscar Dancourt · José De Echave · Gustavo Guerra García · Catherine Eyzaguirre · Pedro Francke · María Antonieta Gonzales · Stephan Gruber · Sergio Quispe · Manuel Rodríguez Cuadros · Maximiliano Ruiz · Giovanna Vásquez · Alejandra Velásquez · Eduardo Zegarra
1 Consideraciones generales y transversales
La discusión trasciende la conveniencia o inconveniencia de las medidas: se trata de determinar hasta dónde puede llegar la delegación de la función legislativa sin desnaturalizar la distribución constitucional de competencias entre el Congreso y el Gobierno.
«El Congreso puede delegar la facultad de legislar; pero no debe delegar su responsabilidad constitucional de determinar qué se legisla.»
Una solicitud tan amplia equivale a que el Congreso renuncie a su función de legislar. Cuando la habilitación deja de identificar con precisión la materia y comprende sectores enteros del ordenamiento jurídico, la delegación corre el riesgo de transformarse en una transferencia general de poder normativo. Complementariamente, la Oficialía Mayor del Senado interpreta que cualquier materia presentada por la Cámara de Diputados puede ampliarse o revisarse en el Senado: existen altísimos riesgos al aprobar delegaciones.
Conforme a la Constitución y a los estándares internacionales de la democracia, la delegación es una excepción que debe estar estrictamente delimitada, justificada y sujeta a control. No se trata de impedir que el Ejecutivo gobierne: se trata de preservar el principio según el cual, en una democracia representativa, legislar corresponde ordinariamente al Parlamento.
1.1 · Marco constitucional
El artículo 104 de la Constitución fija condiciones esenciales: que la delegación recaiga sobre una materia específica, que se explique el sentido de urgencia y que se otorgue por un plazo determinado. El Tribunal Constitucional ha establecido que la ley autoritativa es el parámetro de control del decreto legislativo (Exp. 00007-2020-PI/TC) y que la materia delegada debe estar determinada con suficiencia para responder qué puede y qué no puede hacer el Ejecutivo (Exp. 00017-2019-AA/TC).
El Perú no fija un plazo máximo temporal: su principal garantía material es, precisamente, la «materia específica». De ahí que esta expresión no pueda convertirse en una mera formalidad.
1.2 · Alcance del proyecto
Los 66 pedidos agrupados en 8 temas no reflejan la dimensión real de la autorización: varios contienen numerosas submaterias y permiten modificar regímenes jurídicos enteros. La cuestión crítica es cuando se solicita legislar sobre conceptos tan extensos como la «reforma estructural del Estado», la «modernización del Estado» o el combate a la delincuencia: una finalidad política, por legítima que sea, no equivale a una materia legislativa específicamente delimitada. Además, el proyecto solicita 120 días cuando las principales delegaciones recientes se concedieron por 90.
1.3 · Comparación internacional
| País | Regla constitucional | Límites clave |
|---|---|---|
| Colombia | «Precisas facultades extraordinarias» | Máximo 6 meses · mayoría absoluta · materias excluidas |
| Chile | «Materias precisas» | Máximo 1 año · exclusiones constitucionales · control de la Contraloría |
| Argentina | Prohíbe la delegación legislativa | Solo admite excepciones sujetas a bases y plazos fijados por el Congreso |
| Perú | Art. 104: materia específica, urgencia y plazo determinado | Sin plazo máximo constitucional → exige delimitación material rigurosa |
1.4 · Riesgos institucionales
La delegación no debe convertirse en el mecanismo ordinario por el cual el Congreso transfiera la definición de políticas legislativas fundamentales. Los 66 numerales no garantizan por sí mismos la especificidad constitucional si dentro de ellos subsisten habilitaciones abiertas.
«De no ser el caso, la única propuesta viable y democrática es rechazar de plano toda la delegación de facultades solicitadas por el Poder Ejecutivo.»
La exigencia adquiere dimensión política adicional cuando el Gobierno no cuenta con mayoría parlamentaria: la gobernabilidad democrática no consiste en que el Ejecutivo implemente su programa a la fuerza, sino en respetar el equilibrio de poderes expresado por el voto popular. La oposición no es un obstáculo a la gobernabilidad: es parte del contrato democrático y tiene derecho y deber constitucional de intervenir en la formación de las leyes. Una delegación de alcance general podría desconocer el mandato expresado en las urnas.
2 Análisis específico de las materias
2.1 · Penal, seguridad, régimen penitenciario y migraciones
Materias penal, procesal penal y ejecución penal
No delegarQué pide el Ejecutivo: reformar todo el Código Penal, todo el Código Procesal Penal, todo el Código de Ejecución Penal, todo el Código Penal Militar Policial y ocho regímenes de excepción (extorsión, telecomunicaciones, ciberdelito, responsabilidad de personas jurídicas, denuncia digital).
No es materia específica: no se establece qué artículos se quieren modificar y no se explica si las leyes pro crimen van a ser derogadas.
No delegar bajo la redacción actual. La reforma debe empezar por la derogatoria de las leyes pro crimen en el Congreso, identificar los artículos a modificar y, en ningún caso, permitir reducciones regresivas en la responsabilidad de personas jurídicas ni jurisdicción militar sobre delitos civiles o comunes.
Seguridad ciudadana y orden interno
Evaluar por separadoQué pide el Ejecutivo: un paquete de 12 materias: declarar a las organizaciones criminales como terroristas, fortalecer la intervención de las FFAA en apoyo a la Policía, modificar reglas de rastreo, geolocalización y bloqueo de comunicaciones, y autorizar uso de armas letales y protección para guardaparques.
- Confunde 4 planos: amenaza criminal, capacidad estatal, habilitación jurídica y ejecución institucional. Una ley no sustituye analistas, fiscales, peritos, inteligencia financiera ni conducción estratégica.
- Declarar «terroristas» a las organizaciones criminales no resolverá el problema de la criminalidad: en un país donde el terruqueo es una forma de discriminación, es mejor perseguir cada conducta con los tipos penales existentes.
- La intervención militar no sustituye a una Policía sin recursos, inteligencia, tecnología ni entrenamiento; no define amenazas concretas ni reglas diferenciadas de uso de la fuerza.
- El marco vigente ya permite el acceso a datos de geolocalización en flagrancia: ampliarlo sin reforzar el control judicial es regresivo y expone al Estado a responsabilidad internacional.
- Armas «menos letales» no significa inocuas: debe definirse autoridad y circunstancias de uso.
No aprobar ni rechazar en bloque. Separar y evaluar con criterios de necesidad, urgencia, capacidad y resultados, concentrando la delegación en 5 ejes: inteligencia criminal y anticipación; persecución de organizaciones criminales; extorsión, sicariato y secuestro; comunicaciones ilícitas; y control de armas, explosivos y financiamiento criminal.
Régimen penitenciario
No delegarQué pide el Ejecutivo: reformar el sistema penitenciario; papel «excepcional y temporal» de las FFAA en cárceles; reinserción juvenil post-egreso; y libertad vigilada posterior para delitos de alta peligrosidad, con registro.
- Fórmula muy abierta, debatible por la vía regular; la propuesta se limita a encierro y control.
- «Apoyo operativo» de las FFAA es impreciso y genera conflicto de funciones entre las FFAA y la PNP, que tiene a su cargo la seguridad interna. Las FFAA no están preparadas para la seguridad ciudadana.
- La libertad vigilada post-condena puede producir violencia contra la persona liberada y usarse contra adversarios políticos o ciudadanos incómodos al poder.
No delegar en esos términos. Custodia, registro, requisa y contacto con internos bajo autoridad civil. La reforma debe abordar deshacinamiento, salud, agua y alimentación. La libertad vigilada debe debatirse por vía ordinaria: duración máxima, revisión periódica, tratamiento disponible y registro reservado.
Migración y nacionalidad
No delegarQué pide el Ejecutivo: régimen de control y regularidad migratoria y de nacionalización, para una migración «ordenada, segura y regular».
Riesgos de expulsiones sumarias, detenciones administrativas abusivas y restricciones de acceso a servicios. Para ordenar los flujos con Venezuela se requieren canales diplomáticos reestablecidos.
No delegar. Si se debate como ley ordinaria: prohibir la expulsión colectiva, proteger la unidad familiar, el interés superior del niño, la igualdad de trato y la no discriminación.
2.2 · Fortalecimiento de micro y pequeñas empresas
Formalización voluntaria de MYPE y factoring
No delegarQué pide el Ejecutivo: reducir barreras administrativas, simplificar requisitos, servicios gratuitos y fortalecer la regulación del factoring.
La formalización no se logra reduciendo los costos de las obligaciones que protegen a trabajadores, consumidores, ambiente y recaudación. No explica cómo prevenir fraude, sobre-endeudamiento y lavado de activos.
No delegar. Una ley ordinaria que enfrente las severas condiciones crediticias señaladas por la OCDE —una de las mayores brechas de tasas de interés entre emprendedores y grandes empresas— y que excluya afectaciones a estándares laborales, de seguridad, ambientales y de consumo.
Ecosistema de emprendimiento, innovación y CITE
No delegarQué pide el Ejecutivo: capital semilla, garantías y crédito; reformar la red CITE; habilitar transferencias de gobiernos regionales y locales a CITE y PROINNOVATE.
No explica costo fiscal, gobernanza ni riesgo crediticio; impone obligaciones a gobiernos subnacionales que pueden vulnerar su autonomía presupuestal.
No aprobar. Reorientar la reforma ampliando las funciones del Banco de la Nación y del Agrobanco, para que operen como bancos públicos plenos siguiendo las mejores prácticas internacionales.
Modernización del régimen societario y SACS
No delegarQué pide el Ejecutivo: modernizar y flexibilizar el régimen legal societario modificando el Decreto Legislativo 1409 (SACS).
«Régimen legal societario» es más amplio que el DL 1409: la solicitud no pasa el examen de especificidad. No contiene riesgos de fraude, evasión, simulación laboral ni empresas de fachada.
No delegar. Discutir en ley ordinaria los artículos concretos a mejorar, con prevención de todos los riesgos asociados.
2.3 · Laboral y promoción del empleo
Promoción del empleo juvenil
RechazarQué pide el Ejecutivo: modificar contratación y beneficios laborales juveniles ante supuestos «sobrecostos laborales».
Diagnóstico con sesgo ideológico: responsabiliza a los trabajadores y oculta la causa estructural —insuficiencia de demanda laboral en una matriz productiva no industrializada. Insistiría en recortar derechos como supuesto incentivo al empleo formal, pese al fracaso de ese enfoque en 36 años (la derogada «ley Pulpín», 2014).
Rechazar. Una ley de incentivos a la contratación formal sin recorte de derechos: subsidio temporal a los aportes de salud y pensiones para jóvenes en MYPE, con énfasis en mujeres. Crear el Sistema Nacional de Cuidados (cunas e infraestructura pública) que libere mano de obra femenina y genere empleo directo.
Enfoque orientador de la inspección laboral
RechazarQué pide el Ejecutivo: modificar la Ley 28806 para que SUNAFIL tenga un enfoque «preventivo, orientador, promotor» y fiscalice microempresas junto a los gobiernos regionales.
Descuidaría el rol central de SUNAFIL: la fiscalización del cumplimiento de la normativa laboral. La subsanación previa de infracciones para medianas y grandes empresas eliminaría el efecto disuasivo de las multas: las faltas serían una notificación sin costo importante.
Rechazar. Otorgar a SUNAFIL, vía ley, más competencias (incorporar en planilla a trabajadores hallados fuera de ella; declarar estables los contratos desnaturalizados) y duplicar su presupuesto y personal para ampliar cobertura y efectividad.
Bonos por productividad sin carácter remunerativo
RechazarQué pide el Ejecutivo: regular bonos por productividad e incentivos por desempeño quitándoles el carácter remunerativo.
Dejarían de ser base de cálculo de CTS, gratificaciones, vacaciones, asignación familiar y aportes: desfinancia a EsSalud y recorta las pensiones. Las empresas no recortan la remuneración base: congelan la carrera remunerativa, pagando futuros aumentos como bonos sin protección social.
Rechazar. Los ingresos deben mantener su carácter remunerativo. Si el gobierno quiere mejorar ingresos: cumplir de inmediato la remuneración mínima de S/ 1300 e institucionalizar en el Consejo Nacional de Trabajo una actualización anual técnica según inflación y productividad.
Despido de trabajadores de dirección y confianza
RechazarQué pide el Ejecutivo: precisar las indemnizaciones por despido del personal de dirección y confianza.
Limitaría la protección contra el despido, especialmente grave por la arbitrariedad con que se asignan esas categorías en el sector privado. Además, no es una problemática laboral prioritaria.
Rechazar. El tema debe ser parte de una reforma laboral integral: nueva Ley General de Trabajo aprobada por el Congreso, previo pase por el Consejo Nacional de Trabajo.
Nuevo régimen laboral general
RechazarQué pide el Ejecutivo: un único régimen laboral general con acceso progresivo a los derechos (CTS, gratificaciones, vacaciones, jornada, utilidades…) según el nivel remunerativo del trabajador, y flexibilización del despido.
- Claramente regresivo: quienes más ganan accederían a más beneficios que quienes ganan poco.
- Recorta derechos de trabajadores de ingresos bajos y medios de la mediana y gran empresa: una extensión de los regímenes MYPE que nunca contribuyeron a la formalización.
- Más precariedad en un contexto de 72% de contratación temporal y apenas 5% de sindicalización en el sector privado formal.
Rechazar. Una reforma laboral integral en el marco de la diversificación productiva: empleo formal, estable, bien remunerado, con ejercicio pleno de la sindicalización y la negociación colectiva supraempresarial, vía nueva Ley General de Trabajo.
Modificación del régimen de feriados no laborables
RechazarQué pide el Ejecutivo: modificar la normativa de feriados no laborables para «optimizar su uso».
El objetivo real sería evitar el triple pago remunerativo de quienes trabajan el feriado —la mayoría en comercio y servicios—, reduciendo el ingreso efectivo de los trabajadores de menores remuneraciones. Es falso que el Perú tenga los mayores feriados o vacaciones de Latinoamérica.
Rechazar. Tratarlo dentro de una reforma laboral integral vía nueva Ley General de Trabajo, con debate en el Consejo Nacional de Trabajo.
Modificaciones en la normativa del empleo público
RechazarQué pide el Ejecutivo: incentivos para la salida «voluntaria» de servidores públicos y modificación de los requisitos de idoneidad y del servicio civil en general.
- Clara intención de reducir el tamaño de un Estado ya pequeño frente al estándar de los países desarrollados.
- Flexibilizar la idoneidad desconoce la Ley 30057 de reforma del servicio civil.
- La desvinculación incentivada genera selección adversa: promueve la fuga de los cuadros técnicos más capacitados.
Rechazar. Implementar la reforma del servicio civil de la Ley 30057 con el presupuesto necesario, acelerando el tránsito de los trabajadores públicos para mejorar condiciones laborales y calidad de los servicios.
2.4 · Simplificación administrativa y transformación digital
Procedimientos administrativos y servicios en exclusividad
No delegarQué pide el Ejecutivo: modificar el marco de procedimientos administrativos, simplificar y optimizar la atención al ciudadano.
El objetivo es plausible, pero puede encubrir una desregulación generalizada que afecte la autorización, supervisión y fiscalización de actividades, en perjuicio de ciudadanos y usuarios.
No delegar por ahora: precisar el contenido. Se vale simplificar procedimientos, pero no desregular de forma tal que se afecte a consumidores, trabajadores, al ambiente y al bienestar general para beneficiar a unos pocos.
Transformación digital y seguridad digital
Delegar con observacionesQué pide el Ejecutivo: legislar en transformación y seguridad digital, digitalización del Estado, entornos regulatorios de prueba, plataformas interoperables, credenciales digitales y firmas electrónicas.
Ya se viene legislando (incluida la IA, con el marco de la UE, lo cual es positivo), pero sin una institución sólida y capaz que responda a los retos de estas tecnologías.
Se puede delegar con observaciones: rediseñar y fortalecer la SGTD de la PCM, apartándola de trivialidades (la homogeneización de webs: INEI o CEPLAN no necesitan parecerse a un ministerio cualquiera) y aplicando las mejores prácticas de Naciones Unidas, no la perspectiva del sector privado.
Eliminación de barreras burocráticas
No delegarQué pide el Ejecutivo: modificar la definición de «barreras burocráticas» (incluyendo servicios en exclusividad), el régimen de medidas cautelares y los mandatos de las resoluciones de Indecopi.
El historial de la Comisión de Barreras Burocráticas ha sido mayoritariamente negativo: visión desreguladora extrema con argumentos formales, con impactos negativos sobre los ciudadanos (retroceso en la norma de tercerización, reducción de estacionamientos contra las municipalidades). Extender atribuciones a servicios exclusivos es extremadamente peligroso para los ciudadanos.
No otorgar facultades sobre este tema. Eliminar esta función de Indecopi y crear una institución en la PCM con una estructura de gobierno más balanceada.
Grupo de Economía Política y Social — Análisis del proyecto de ley de delegación de facultades solicitado por el Poder Ejecutivo.
