La discusión de fondo no es solamente económica. Es política, institucional y moral. Cuando el Congreso aprueba beneficios sin financiamiento claro, no está regalando dinero propio: está comprometiendo recursos públicos que pertenecen a todos los peruanos.

Lo más grave es que muchas de estas decisiones no explotan de inmediato. Se aprueban hoy, pero se pagan mañana. Así, el siguiente gobierno puede recibir un presupuesto ya hipotecado a un modelo de gestión, con menos espacio para salud, educación, infraestructura, seguridad, inversión pública y programas sociales.

1. El dato central: S/ 46.000 millones en pensiones militares y policiales

La alerta más grave y reciente es la Ley N.° 32561, referida al régimen de pensiones militares y policiales. Según lo reportado por el Consejo Fiscal en la cobertura pública del caso, esta norma generaría un costo fiscal neto adicional aproximado de S/ 46.000 millones en valor presente.

Al tipo de cambio aproximado de S/ 3,414 por dólar, esta cifra equivale a más de US$ 13.000 millones. Es decir, no se trata de un gasto menor ni de una corrección marginal: se trata de una obligación fiscal de enorme magnitud ante pensiones ridículas y salarios precarios de la mayoría de la población.

La ley eleva la pensión de retiro hasta el 100% de la remuneración en actividad para quienes cumplan 30 años de servicio. El problema no es únicamente previsional; es fiscal, distributivo y político. Mientras se amplía un régimen privilegiado, otros pensionistas, como los de la ONP 19990, continúan en condiciones mucho más precarias.

2. El forado no es aislado: 268 normas con impacto fiscal adverso

El Consejo Fiscal también ha advertido que entre 2024 y 2026 se aprobaron 268 normas con impacto fiscal adverso. Esta cifra supera ampliamente el promedio histórico reciente y muestra que no estamos ante un hecho aislado, sino ante una tendencia sistemática.

Además, varias iniciativas podrían generar una presión equivalente a un déficit fiscal adicional de hasta 3% del PBI anual. En palabras simples: el Congreso viene aprobando obligaciones de gasto sin asegurar de dónde saldrá el dinero para pagarlas.

Esto incluye aumentos, beneficios, bonificaciones, pensiones, subsidios, exoneraciones y derechos económicos. Cada norma puede parecer defendible por separado, pero acumuladas producen un resultado explosivo: un presupuesto nacional cada vez más rígido, endeudado y capturado por intereses sectoriales.

3. El Kongreso como máquina de clientela

El problema político es directo: cuando el Congreso obtiene capacidad de generar gasto, se convierte en una máquina de promesas. El parlamentario ofrece beneficios, pero no asume personalmente el costo. El beneficio político es inmediato; el costo fiscal lo pagan todos.

En ese esquema, el presupuesto deja de ser una herramienta nacional de desarrollo y se transforma en una caja de negociación. Se aprueban beneficios para grupos con capacidad de presión, sectores organizados o clientelas electorales, mientras las necesidades estructurales del país siguen postergadas.

La lógica es brutal: se eligen ganadores y perdedores con dinero público. Los grupos organizados del poder reciben beneficios. El ciudadano común recibe deterioro de servicios, deuda futura y presión tributaria indirecta.

4. El papel del Tribunal Constitucional: una puerta peligrosa adscrita al Kongreso

El punto institucional más delicado es la interpretación del Tribunal Constitucional sobre la iniciativa de gasto del Congreso. La Constitución peruana limita expresamente la capacidad de los congresistas para crear o aumentar gastos públicos, salvo en lo referido a su propio presupuesto.

Cuando se abre la puerta para que el Congreso impulse gastos hacia ejercicios fiscales futuros, se debilita el principio de equilibrio presupuestario. En la práctica, el Parlamento puede aprobar beneficios hoy y trasladar el costo al gobierno siguiente.

Esa interpretación produce un riesgo institucional serio: el presupuesto deja de obedecer a una planificación basada en los intereses del pueblo y empieza a responder a correlaciones políticas coyunturales que apoyan el fujimorismo y el modelo que desarrolla.

5. La contradicción política: prometer disciplina después de haber generado desorden

La contradicción es evidente. Sectores políticos que dicen defender la estabilidad económica han respaldado, tolerado o permitido leyes con impacto fiscal adverso. El caso más señalado en el debate público es Fuerza Popular, que aparece como una fuerza que promete corregir el problema después de las elecciones, pese a haber formado parte del escenario político que permitió su expansión.

Si una fuerza política defiende realmente la disciplina fiscal, debería actuar antes, no después. Debería bloquear leyes sin financiamiento, promover acciones de inconstitucionalidad y defender el principio de equilibrio presupuestario cuando todavía hay tiempo de evitar el daño.

Prometer disciplina fiscal y «orden» después de haber permitido el desorden es una maniobra hipócrita y electorera. El país no puede vivir de rectificaciones electorales cuando el daño presupuestal ya está aprobado por ley.

6. Exoneraciones tributarias: el otro hueco silencioso

A la crisis del gasto se suma la crisis de los ingresos. El MEF estimó que los principales gastos tributarios, exoneraciones, beneficios y tratamientos tributarios especiales, alcanzarían en 2026 un monto potencial de S/ 26.350 millones.

Esta cifra equivale aproximadamente al 2,16% del PBI y al 12,68% de la recaudación tributaria proyectada. En términos simples: el Estado deja de recaudar una cantidad enorme de dinero mediante beneficios especiales, mientras al mismo tiempo se aprueban nuevas obligaciones de gasto.

El resultado es una doble pinza fiscal: más gastos comprometidos y menos ingresos disponibles. Esa combinación deja al nuevo gobierno con reducida capacidad para financiar servicios básicos. Un boicot anticipado.

Mientras se sostienen privilegios tributarios, siguen pendientes necesidades urgentes sobre todo en el area andina y amazónica: centros de salud mal equipados, escuelas deterioradas, anemia infantil, inseguridad, infraestructura paralizada y regiones con inversión insuficiente.

7. Grandes deudas tributarias y debilidad de cobranza

Otro componente del problema es la deuda tributaria de grandes empresas. Cuando el Estado no cobra por tolerancia ni firmeza, cuando los litigios duran años y cuando los grandes contribuyentes transnacionales y grandes empresas locales pueden postergar obligaciones, el peso fiscal termina desplazándose hacia el ciudadano común.

Un caso emblemático es Telefónica del Perú, que ha enfrentado procesos concursales y mantiene a SUNAT como uno de sus principales acreedores. El punto no es reducir el análisis a una sola empresa, sino mostrar un patrón: la debilidad de cobranza también afecta la sostenibilidad fiscal.

Si se aprueban nuevos gastos, se mantienen exoneraciones y además no se recuperan deudas importantes, el resultado es inevitable: más déficit, más presión sobre el presupuesto y menos capacidad para atender derechos básicos.

8. Cálculo político: dejarle la bomba al siguiente gobierno

La consecuencia más grave es que muchas de estas leyes no explotan inmediatamente. Se aprueban hoy, pero sus costos se acumulan mañana. Esto significa que el próximo gobierno puede recibir un presupuesto ya comprometido, con menos margen para obras, servicios y reformas reales.

En términos prácticos, se crea una bomba presupuestal para quien gobierne después. El Congreso aprueba beneficios, gana respaldo político y deja la factura pendiente.

• Reduce el margen de maniobra del próximo gobierno.
• Obliga a recortar otros sectores o aumentar deuda.
• Genera frustración ciudadana porque el Estado promete más de lo que puede pagar.
• Debilita la inversión pública en salud, educación, infraestructura y seguridad.

Este mecanismo produce una irresponsabilidad perfecta: quien aprueba el gasto obtiene el aplauso inmediato; quien gobierna después enfrenta la caja vacía, el déficit y la presión social.

9. La crisis fiscal también es una crisis moral

El problema no es solo cuánto se gasta, sino para quién se gasta. Si el Congreso aprueba beneficios para grupos organizados, con poder de presión o utilidad electoral, mientras escuelas, hospitales, postas médicas y programas sociales siguen abandonados, entonces el presupuesto deja de ser una herramienta de desarrollo.

En ese escenario, el presupuesto se convierte en un botín de negociación política. Ya no se asigna según prioridades nacionales, sino según fuerza de presión, cálculo electoral o capacidad de lobby.

Por eso la discusión fiscal no debe quedar encerrada en tecnicismos. No se trata solo de déficit, deuda o reglas macrofiscales. Se trata de justicia presupuestal. Se trata de decidir si el dinero público servirá para construir país o para sostener privilegios.

La ciudadanía debe entender que el gasto público irresponsable no es generosidad: es una forma de trasladar deuda, desorden y pobreza institucional hacia el futuro.