La ciudad que se ahoga a sí misma

Lima es, hoy, una de las ciudades más congestionadas del planeta. No es una hipérbole retórica: es un dato certificado. Según el TomTom Traffic Index 2024, Lima ocupa el noveno lugar entre las ciudades más congestionadas del mundo y el primer lugar en toda Sudamérica.

Solo recorrer 10 kilómetros en hora punta toma casi 29 minutos. El costo económico de esta parálisis es obsceno: la congestión vehicular equivale al 2,4% del PBI nacional, con pérdidas anuales que superan los S/ 27 mil millones, según estimaciones conjuntas del Banco Central de Reserva del Perú y la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional.

Pensemos en una familia concreta. Una familia que vive en las periferias: Villa El Salvador, Carabayllo, Puente Piedra, y que debe trasladarse al centro de Lima para trabajar. Dos, tres horas de ida. Dos, tres horas de vuelta. Ocho horas de jornada legal, aunque en la informalidad que domina la economía limeña la jornada puede extenderse a doce, trece o catorce horas.

Y lo hace en un sistema de transporte donde apenas el 7% de los viajes diarios —sobre un total de 24,6 millones— se realiza en transporte masivo formal, como el Metro de Lima, el Metropolitano o los corredores complementarios.

El resto depende de una amalgama caótica de combis, mototaxis y vehículos privados que compiten por un espacio vial que creció un 40,1% en parque automotor durante la última década, sin una planificación urbana capaz de absorber esa presión.

La vía expresa ya no es expresa. La vía de evitamiento ya no evita nada. Las horas punta se han convertido en casi todas las horas del día.

Una ciudad sin servicios básicos: el escándalo del agua

Pero el caos del tráfico es apenas la epidermis visible de una enfermedad más profunda. Bajo el asfalto congestionado de Lima yace una realidad que avergüenza a cualquier noción de Estado moderno: más de 1,2 millones de personas en Lima Metropolitana no tienen acceso a agua potable ni desagüe por red pública, según la Encuesta Nacional de Hogares citada por el Instituto Peruano de Economía.

Quince de los cincuenta distritos de Lima y Callao tienen una cobertura de agua y desagüe menor al 80%. En distritos como Pucusana, Ancón, Cieneguilla y Pachacámac, menos de la mitad de las viviendas accede a estos servicios.

Imaginemos las consecuencias sanitarias: impacto ambiental, proliferación de enfermedades hídricas, contaminación, indignidad cotidiana y familias obligadas a pagar agua a camiones cisterna a precios que multiplican varias veces lo que paga un vecino de Miraflores con conexión de red.

Y mientras tanto, Lima levanta edificios de veinte y veinticinco pisos. Inaugura centros comerciales. Anuncia nuevas líneas de metro. Promete modernidad.

El contraste es obsceno: infraestructura de consumo suntuario para quienes pueden pagarla, y ausencia de agua potable para más de un millón de ciudadanos que viven en la misma ciudad.

Los valles devorados: cuando Lima cambió tierra fértil por cemento

Pero hay otro elemento que agrava todavía más el colapso limeño: Lima ha ido devorando sus propios valles. La ciudad no solo creció sobre arenales o laderas; también avanzó sobre tierras fértiles, canales de regadío, chacras, zonas agropecuarias y antiguos pulmones verdes que cumplían una función alimentaria, ambiental y territorial.

Lima nació asentada sobre los valles de los ríos Chillón, Rímac y Lurín, en plena costa desértica. Por eso cada hectárea agrícola perdida no es un simple terreno vacío que se urbaniza, sino una pieza viva de un sistema ecológico y productivo destruido.

Cuando una chacra se convierte en urbanización, almacén, pista, condominio o parque industrial, no solo desaparece la tierra cultivable. También desaparecen los canales de riego, los suelos fértiles, la capacidad de infiltrar agua, la producción de alimentos frescos, la crianza menor, la sombra vegetal, la regulación térmica y la memoria agrícola de la ciudad.

Desaparece una forma de relación entre Lima y su propio territorio. En lugar de producir parte de lo que consume, Lima se vuelve más dependiente de alimentos que llegan desde más lejos, con mayores costos logísticos, mayor presión sobre los mercados y mayor vulnerabilidad ante cualquier crisis externa.

Esta destrucción tampoco es casual. No es un accidente urbano ni una consecuencia inevitable del crecimiento poblacional. Es una política de hecho: cambios de zonificación, expansión inmobiliaria, tolerancia municipal, presión del mercado de tierras, especulación urbana y abandono deliberado de la agricultura periurbana.

La desaparición de los valles también tiene un efecto ambiental directo. Menos áreas agrícolas significa menos vegetación, menos humedad natural, menos captura de polvo, menos amortiguación del calor urbano y más contaminación.

En una ciudad desértica, donde el agua ya es escasa y la presión poblacional es enorme, destruir valles es una forma de suicidio territorial. Se reemplaza suelo vivo por concreto; se reemplaza producción por consumo; se reemplaza paisaje agrícola por tráfico; se reemplaza oxígeno por polvo, calor y cemento.

Luego se habla de “falta de áreas verdes”, como si el problema hubiera aparecido solo, cuando en realidad se destruyeron durante décadas los espacios que cumplían esa función.

El caso de Lurín es especialmente revelador. Las alertas sobre el cambio de uso de suelo en el valle muestran el conflicto de fondo: o se protege el valle como reserva productiva, ecológica y alimentaria, o se lo entrega a la lógica inmobiliaria de corto plazo.

Por eso el caos de Lima no puede entenderse solo como congestión vehicular o mala planificación de transporte. Es también destrucción de suelo agrícola, ruptura del metabolismo territorial y pérdida de soberanía alimentaria urbana.

Y luego, cuando la ciudad se vuelve más cara, más caliente, más contaminada y más dependiente, se pretende presentar el desastre como si fuera destino.

Es la importación de una idea de desarrollo que confunde modernidad con cemento, progreso con centros comerciales, crecimiento con urbanización ilimitada y ciudad con mercado inmobiliario.

Bajo esa lógica, el campo estorba, el valle estorba, el agricultor estorba, el canal de regadío estorba. Todo lo que no se convierte rápidamente en renta inmobiliaria parece atrasado. Pero esa visión es profundamente destructiva: cierra la capacidad productiva del país, debilita la agricultura local, abre espacio a la importación permanente de alimentos e insumos, y nos vuelve más dependientes de mercados externos.

Así, el abandono del mundo andino y la destrucción de los valles limeños son dos caras de la misma política. Por un lado, se expulsa población del campo porque no se le da salud, educación, crédito, tecnología ni acceso justo a mercados. Por otro lado, cuando esa población llega a la ciudad, la ciudad ya destruyó parte de su propia capacidad agrícola y ambiental para recibirla.

El resultado es doblemente perverso: menos producción en el campo, menos suelo agrícola en la ciudad, más dependencia alimentaria, más informalidad, más hacinamiento, más contaminación y más caos urbano.