Por: NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA, Secretario General del Sindicato de Mineros. Presidente de la @CIT_Mexico. Senador de la República desde 2018 hasta 2024 y Diputado Federal que representa con orgullo a los trabajadores de México.
El domingo 1 de junio, el país experimentó una elección histórica y sin precedentes: nos convertimos en la primera nación en el mundo que eligió, mediante sufragio, a todos los miembros del Poder Judicial.
Más de 2,600 posiciones, que incluyen a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como magistrados y jueces tanto federales como estatales y de distrito, fueron sometidos a la evaluación y elección directa por parte de los ciudadanos.
Este cambio busca acercar a la población a los responsables de impartir justicia y fortalecer la legitimidad democrática de esas instituciones.
Un examen de la historia democrática muestra que esta se comprende cuando el proceso es transparente y se lleva a cabo con responsabilidad.
Esto implica que es un proceso gradual que requiere que los votantes desarrollen una capacidad política que ponga el enfoque y el poder absoluto en determinar cómo debe ser gobernada la nación.
…un acto que empodera al pueblo frente a un sistema judicial previamente designado por “unos pocos”….
En este aspecto, más allá de las estadísticas de participación, esta elección se considera un triunfo porque marca un punto de inflexión en la transformación democrática del país. Así lo abordó el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, quien describió este proceso como un acto que empodera al pueblo frente a un sistema judicial previamente designado por “unos pocos”.
A pesar de que los resultados finales se darán a conocer en los días siguientes, el proceso de selección judicial establece un hito al evidenciar el apoyo de los ciudadanos hacia perfiles comprometidos con la reforma del sistema de justicia.
Entre los que lideran se encuentran figuras prominentes en la defensa de los derechos sociales y el acceso igualitario a la justicia: Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Hugo Aguilar Ortiz. Su elección simboliza un esfuerzo conjunto por un Poder Judicial más alineado con las preocupaciones del pueblo.
Los perfiles que lideran el conteo tienen relevancia especial ya que se perfilan como presidentes de la Suprema Corte: Lenia Batres y Hugo Aguilar Ortiz. Ambos representan una visión renovada de la justicia, enfocada en la protección del pueblo. En particular, Lenia Batres ha ejercido su papel como ministra con una postura decidida en favor de la austeridad republicana, siendo la única miembro actual de la Corte que optó por reducir su salario como un gesto de coherencia con los principios de la Cuarta Transformación.
Su formación en derecho, experiencia legislativa y activismo político la posicionan como una figura clave para promover una justicia más justa, humanista y con un enfoque social.
Hugo Aguilar Ortiz, abogado de antecedentes mixtecos, ha enfocado su trayectoria en proteger los derechos de las comunidades indígenas y en desarrollar un sistema legal que sea más equitativo e inclusivo. Al declarar que no usará toga al iniciar sus funciones como ministro, evidencia su dedicación hacia una justicia que sea menos exclusiva y más accesible para la población, despojándose de los emblemas de privilegio y soberbia que han definido al poder Judicial.
Ante las objeciones de grupos conservadores que han puesto en duda la validez del proceso, lo sucedido debe ser visto como un esfuerzo democrático sin precedentes para abrir las puertas del Poder Judicial a la participación de la ciudadanía, luchar contra la impunidad y crear una verdadera confianza de la sociedad hacia las instituciones judiciales.
…reformas imprescindibles para asegurar que la justicia realmente funcione en beneficio de todos y todas….
Este esfuerzo representa un avance crucial hacia un sistema judicial que sea más accesible, claro y alineado con los principios de justicia e inclusión. La incorporación de individuos con un fuerte compromiso social no solo refuerza la credibilidad del Poder Judicial, sino que también da inicio a una nueva fase de reformas imprescindibles para asegurar que la justicia realmente funcione en beneficio de todos y todas.
No fue simplemente otra jornada de votaciones: fue un acto de coraje colectivo. En una nación donde, por muchos años, el sistema judicial fue dominio exclusivo de las élites y la justicia a menudo se expresaba solo en nombre de unos pocos, el pueblo mexicano dio un paso resuelto hacia el futuro: asumir el control de su propio destino legal y político. Participar, incluso en circunstancias difíciles, fue un acto de confianza en la posibilidad de una justicia más humana, accesible y nuestra.
No debemos temer a esta nueva responsabilidad. Asumir la dirección del país, incluida la administración de la justicia, es un componente esencial de la Transformación. Democratizar implica no solo elegir a nuestros representantes, sino también ejercer supervisión, exigir responsabilidades y, entre todos y todas, construir un sistema que respete la dignidad del pueblo.
Esta decisión del tribunal marca el comienzo de un nuevo periodo en el cual la población no permanecerá pasiva y no retrocederá; ahora desempeña un papel fundamental en la construcción de una nación más justa, digna, equitativa y autónoma.