LA LIQUIDACIÓN DE PETROPERÚ
ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI
Un Directorio de PetroPerú descabezado pues su último presidente economista Carlos Linares fue obligado a renunciar ante una denuncia de la Contraloría General de la República, cuando él mismo era presidente de Cofide, por un desbalance de viáticos y dietas que se reducen a la ridícula cifra de S/ 1,000 soles. Existiendo evidencias y denuncias de corrupción en el Congreso de la República desde los congresistas “mocha sueldos” hasta las relaciones indebidas entre la Sra. Dina Boluarte y el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, con transferencias de partidas inusuales desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a los favoritos del régimen, el cual es rechazado por el 92 % de la población según las encuestas de opinión pública.
En una sesión de Directorio de economistas y empresarios lobistas ajenos al sector de hidrocarburos e incompleto sin la presencia del representante de los trabajadores elegido por voto universal que ni siquiera fue convocado e informado del Comunicado Nº 010-2024, donde se recomienda la privatización de la petrolera estatal, bajo la modalidad de “una gestión privada en la gestión de la empresa es la mejor opción para logar el regreso a la autosostenibilidad financiera”
Los señores del Directorio deberían tener presente que la ley Nº 28244 del 2002 “Excluye a la Empresa Estatal Petróleos del Perú (PetroPerú) del Proceso de Promoción de la Inversión Privada, Decreto Legislativo Nº 674” el cual avaló el proceso de privatización de los lotes petroleros, la rentable Refinería La Pampilla, filiales rentables como Solgás, Transoceánica, grifos entre otros durante la década infame del fujimorismo.
La Ley Nº 28244 aprobada por el Congreso de la República por insistencia por una amplia mayoría de congresistas, señala en el artículo primero que “Exclúyase a la empresa PetroPerú S.A. del proceso de promoción de la inversión privada, materia del Decreto Legislativo Nº 674 y del Decreto Ley Nº 26120, y del artículo 4º y demás dispositivos de la Ley Nº 27170, Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado” (FONAFE)
En verdad, la Ley Nº 28244 excluye a PetroPerú de cualquier forma o modalidad de privatización sea la venta de activos, acciones y la venta de activos en caso de disolución o liquidación. En tal sentido promover una gestión privada en la administración es considerada una forma de privatizar la empresa, que ha sido una fuente de enriquecimiento de grupos económicos desde la privatización de sus principales unidades, a inicios de la década de los noventa del siglo pasado.
En verdad el problema no es legal ni jurídico sino político y económico, pues la Derecha Bruta y Achorada (DBA), los grupos de poder económico, como Romero, Graña y Montero, Vera Gutiérrez, Zuñiga, transnacionales como Repsol, Valero, Exxon Mobil entre otros muestran un interés por la privatización y liquidación de la que fuera la principal empresa del Estado, y que hoy se debate en una profunda crisis económica financiera que tiene una explicación histórica.
Es más, para colmo de males la principal unidad denominada de Flexicoking, de la moderna Refinería de Talara, que transforma los petróleos residuales en productos de un mayor valor como las gasolinas y diésel 2 limpios, estará paralizada hasta junio, y nada asegura que los tiempos se cumplan, en razón de los reiterados retardos en la construcción de las principales unidades.
En tal sentido, el 2024 los ingresos y utilidades de PetroPerú estarán por debajo de las proyecciones de consultoras internacionales por la disminución de sus ventas, una menor participación en el mercado de combustibles, con crecientes deudas de corto plazo que superan los US $ 4,500 millones de dólares en especial las deudas a los proveedores de petróleo y derivados.
Se debe recordar e investigar el retardo en la construcción de la parte principal de la Refinería de Talara a cargo de la empresa española Técnica Reunidas que ganó la licitación durante el gobierno del suicida Alan García en el 2010, y fue mediante una ley del gobierno de Humala/Heredia de diciembre del 2013, la ley Nº 30130 que declaraba la necesidad pública e interés nacional la construcción de la nueva refinería de Talara unidad de PetroPerú, por razones ambientales y de salud pública.
Lo cierto y evidente es que la Nueva Refinería de Talara (NRT) debía estar terminada en junio del 2019, pero la intervención política y el servilismo del presidente del directorio y gerente general (2015), Comandante de la Policía en retiro Germán Velásquez, retrasó indebidamente la licitación internacional de la obras auxiliares y complementarias, necesarias para el funcionamiento de la refinería como tal.
Por ello, un ex presidente del directorio, privatizador a ultranza como Carlos Paredes en el 2019 declaraba en los medios de prensa que la no operatividad de la refinería de Talara tenía un “costo de oportunidad” de US $ 2.5 millones diarios. Es decir, PetroPerú dejaba de percibir un ingreso de tal magnitud diariamente. Extiendan esa cifra al 2023 y allí tendrán una explicación de la gravedad de los pasivos, crecientes intereses, más los efectos de la crisis del “corona virus” que significó más de US $ 1,500 millones en menores ingresos.
Es más, Carlos Paredes en una cuestionada decisión ordenó el cierre de la vieja refinería de Talara que según ingenieros petroleros y refineros expertos en el sector de hidrocarburos no era de necesidad dicho cierre de operaciones, pues con mínimas inversiones la vieja refinería podía estar en actividad, mientras se construía la Nueva Refinería de Talara.
Es decir, desde junio del 2019 hasta mediados del 2023 al no estar operativa al 100% la Nueva Refinería de Talara, la misma dejaba de percibir ingresos por US $ 2.5 millones diarios. Aquí deben ser identificados los responsables de tales decisiones, por los millones de dólares de pérdidas que se han ocasionado a PetroPerú y al país, y que hoy están pasando la factura.
¿ES INMORAL DEMANDAR US $ 2,200 MILLONES?
Según el comunicado Nº 010-2024 presentado por el directorio privatizador se afirma que “sería irresponsable y un acto de inmoralidad solicitar mayor financiamiento del Estado” que según se estima para el 2024 en por lo menos US $ 2,200 millones de dólares.
En verdad, si de inmoralidad se trata se debe tener una visión histórica de las consecuencias de la privatización y de las erradas decisiones adoptadas por su Junta de Accionistas en especial del 2014 al 2024 que han estado siempre conformadas por los ministros de economía y finanzas más energía y minas, casi siempre contrarios al fortalecimiento de PetroPerú.
En realidad, lo inmoral es que PetroPerú entre 1997 al 2021 haya tenido que comprar a precios internacionales por más de US $ 12,866 millones de dólares por el petróleo extraído en los lotes de Talara y del Zócalo Continental; pagando por un crudo y gas que antes le pertenecía y que ahora están bajo responsabilidad privada que aspiran quedarse por 30 años más.
Lo inmoral es haber privatizado la Refinería de La Pampilla, la más moderna unidad de PetroPerú en junio 1996 por US $ 180.5 millones de dólares para favorecer a la transnacional Repsol de España, que entre 1997 al 2023 ha obtenido ingresos por más de US $ 69 mil millones de dólares, con mínimas inversiones. En la práctica se transfirió el principal mercado del país que abastece a la ciudad capital. Tales ingresos son financiados por los sufridos consumidores pagando los combustibles más caros de América Latina.
Si de inmoralidad se trata, siempre se debe recordar la privatización de la empresa envasadora de Solgás, filial rentable de PetroPerú que fue privatizada en agosto de 1992, después del golpe del 5 de abril por la bicoca de US $ 8.5 millones de dólares. La misma empresa que controla el 30 % del mercado del gas licuado de petróleo (GLP) y que en junio del 2016 la transnacional Repsol revende a los chilenos del Copec a través de su filial Abastible por un valor de US $ 263 millones de dólares.
El fortalecimiento de PetroPerú debería ser una política de Estado como lo hace Chile y Colombia con sus petroleras estatales, con criterios técnicos y de meritocracia. Este directorio nombrado a dedo por un gobierno desacreditado no tiene la autoridad moral ni el conocimiento, pues desconoce las razones profundas y causales de la crisis económica y financiera de PetroPerú, que debe ser rescatada por su titular, el Estado, con los debidos compromisos de devolución y con una reestructuración empresarial sólida en el tiempo.